El concepto de lo social y la administración pública

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La Administración pública es social por definición. Se encarga de la defensa del bien común y del interés general. No hay que ser un lince para reconocer en los términos bien común e interés general una clara dimensión social. No hay otra acepción posible que identificar bien común e interés general con la protección de la sociedad y, dentro de ella, con la preocupación por el bienestar de los ciudadanos más vulnerables, desprotegidos y menos afortunados. A mi entender bien común e interés general no son palabras huecas o abstractas, sino que implican decididamente defender, proteger y ayudar a la parte más frágil de la sociedad.  

Por otra parte, la nueva economía, en el contexto de la globalización y de las revoluciones tecnológicas 2.0 y 4.0, está ampliando la marginalidad social hasta el punto que este concepto pierde su sentido. La parte vulnerable de la sociedad ya no son unos pocos, un residual porcentaje, sino que la renovación económica está ubicando en una situación delicada a buena parte de las clases medias de los países desarrollados. En este sentido, desgraciadamente, el interés general y el bien común ya no implica fundamentalmente atender de manera preferente a una pequeña parte de la sociedad sino a una parte mayoritaria.

También hay que reconocer que la Administración pública y su defensa del bien común y del interés general tiene una cierta mala imagen ya que se identifica como una impostura basada en la captura de las instituciones públicas por parte de las élites más favorecidas para imponer sus criterios a una masa entre despreocupada o sencillamente marginada en todos los niveles institucionales. Unas instituciones públicas dominadas durante mucho tiempo por las élites extractivas generan todo tipo de desconfianzas.

Por tanto, una posición progresista (en el sentido más literal del término) es aquella que defiende a las administraciones públicas para su defensa del bien común y del interés general. Dicho de otra manera: quien defiende a la Administración pública es progresista ya que apuesta por unas instituciones que intentan corregir y atenuar los desequilibrios e injusticias que provoca el mercado.

Para que la Administración pública pueda cumplir con su función social es imprescindible que sea eficaz y eficiente en sus funciones de regulación y disciplina económica y social y en su amplia cartera de servicios públicos. Una Administración moderna, fluida y líder en la implantación de la tecnología más vanguardista.

Es curioso detectar que la principal amenaza de una Administración pública que pueda ser más social con la ciudadanía tiene que ver con otro discurso que defiende la función social de la Administración a nivel interno. Los sindicatos y los empleados públicos corporativizados son los protagonistas de este segundo discurso social en las administraciones públicas. Defienden, lógicamente, con empeño los derechos laborales y económicos de los empleados públicos. El problema es cuando esta defensa llega a poner en riesgo la sostenibilidad, la eficacia y la eficiencia de la Administración pública. Por ejemplo, en determinados ámbitos públicos el gasto en materia de personal es claramente excesivo por unas tablas retributivas excesivamente generosas (destacan el sector de los transportes públicos o el de los cuerpos de seguridad en las administraciones locales). A nivel más general, el problema es que los costes laborales son excesivos no por las retribuciones de los empleados públicos sino por las prebendas que afectan a sus jornadas laborales (moscosos, canosos o conciliaciones excesivas). En este sentido, la defensa social de los empleados públicos correlaciona con una Administración pública casa vez menos solvente para resolver los problemas sociales de la ciudadanía. Es obvio que hay que defender una Administración pública que tenga en su seno a empleados públicos que, como buenos profesionales, estén bien retribuidos y con unas condiciones de trabajo confortables que los motiven para ser todavía mejores profesionales. Pero no hay que confundir estos principios con lo que claramente son los excesos que ponen en peligro la viabilidad de la Administración pública y de sus funciones sociales.

Presento estas reflexiones ante los análisis (en su mayoría especulaciones) que realizamos algunos especialistas en gestión pública en relación a la introducción de la inteligencia artificial y de la robótica en la Administración pública. Esta revolución es totalmente inevitable y, por tanto, hay que asumirla de la manera más positiva posible sin caer en resistencias de carácter ludita que pueden provocar que el sector público pierda este tren vinculado con la innovación. La inteligencia artificial y la robótica puede ser un instrumento que haga mucho más eficaz y eficiente a la Administración pública en su defensa del bien común y del interés general. Una Administración mucho más solvente técnica y económicamente para cuidar de su función social: atender a los ciudadanos y, en especial, a aquellos más vulnerables (ancianos, niños y a los trabajadores más marginados y maltratados por la propia revolución tecnológica). Los robots pueden facilitar servicios sanitarios y sociales de calidad con costes económicos mucho más bajos que los actuales. Los robots pueden encargarse de las tareas repetitivas vinculadas a la burocracia y liberar a un ejército de empleados públicos para que se encarguen de nuevas tareas con mayor valor público. En definitiva, una Administración pública robotizada puede ser una Administración mucho más social y progresista.

Pero para que la Administración pública pueda liderar este proceso de revolución tecnológica tiene que librarse de la etiqueta social a nivel interno. Es obvio que esta migración tecnológica va a hacer innecesarios a muchos perfiles de empleados públicos que ya no hay que reponer una vez se jubilen. Pero las resistencias sindicales y corporativas son enormes y la tendencia es que un conductor, un conserje o un auxiliar administrativo se reponga cuando se jubile el titular. Estamos hablando de puestos de trabajo y de perfiles que van a ser totalmente innecesarios en el futuro (y buena parte de ellos ya son innecesarios en el presente). Esta perversa dinámica de defensa social solo para unos pocos puede poner en riesgo la adaptación de la Administración pública al actual cambio de paradigma tecnológico y laboral. El resultado será una menor capacidad de defensa social para la mayoría de la sociedad ante la insolvencia organizativa y laboral de la Administración.

Ya me imagino la defensa conceptual que van a hacer los luditas del sector público en forma de eslogan: “Una Administración pública libre de robots. Apostamos por el calor humano”. Dos frases afortunadas que representan una impostura y que escoden un gran egoísmo corporativo y sindical. Nos jugamos, ahora más que nunca, la supervivencia de una Administración pública de carácter social por la confusión entre sus dos planos sociales. La captura del concepto social de alta intensidad (asociado al bien común y al interés general) por el concepto social de baja intensidad (que intenta favorecer contra corriente a unos cuantos empleados públicos y a un sistema de relaciones laborales totalmente obsoleto). Es la gran paradoja: hacer políticas aparentemente de izquierdas en el seno de la Administración genera inevitablemente una Administración pública de derechas.

5 Comentarios

  1. La revolución tecnológica NO es NEGOCIABLE.
    En una empresa privada no preguntan a los empleados, simplemente PLANIFICAN el CAMBIO que irremediablemente se va a implantar.
    ¿Por qué en la Administración pública hay que negociar, argumentar, «dulcificar»,…,cuando (al parecer) está más que demostrada la contribución positiva de la tecnología a la sostenibilidad, eficacia y eficiencia de una organización?

  2. La revolución tecnológica NO debe ser NEGOCIABLE si está acreditada su contribución positiva a la sostenibilidad, eficiacia y eficiencia de una organización.
    En la privada no lo es negociable, ¿por qué habría de serlo en la pública?

  3. Estoy de acuerdo con su análisis y he vivido en primera persona experiencias en las que el cuidado del plano social interno de una administración ha puesto en peligro el equilibrio y la viabilidad de la propia administración y de su función social en el plano externo.

    Estoy de acuerdo con el resto de comentarios sobre la improcedencia de negociar la robotización de la administración, porque seguro que surgirán esos discursos pro-humanos que usted predice, que convertirán a la administración en un ente aún más desfasado, mientras las empresas y el resto del sector privado ya estén seducidos y conquistados por los beneficios de la robotización.

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