Este artículo se va a centrar en un problema muy actual, grave y acuciante: el envejecimiento de las administraciones públicas. Este no es un problema de futuro más o menos cercano o lejano sino que es un problema del presente. En España hay 2.522.016 empleados públicos según el Registro Central de Personal (RCP, 2016) pero según la encuesta de población activa hay 3.003.900 empleados públicos (INE, 2016). Estos son los dos datos oficiales que se disponen y que discrepan en cerca de 500.000 empleados públicos. El Registro Central de Personal es una unidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que cuenta cada seis meses el número de empleados públicos de todas las administraciones públicas y, por tanto, tendría que ser muy fiable. Pero el problema es que la Encuesta de Población Activa (EPA) posee también una gran fiabilidad estadística y agrupa a muchos más empleados públicos. Ante esta discrepancia el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizó un estudio con los datos de todas las cotizaciones de los empleados púbicos (Seguridad Social y MUFACE) y el resultado del mismo es que en España hay ahora 3.100.000 empleados públicos con una media de edad de 50,5 años (Entrevista realizada a Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas hasta noviembre de 2016). Las plantillas de las administraciones públicas están muy envejecidas: «la Administración cuenta con el doble de trabajadores mayores de 64 años que menores de 30» (El Boletín, 2016), seis de cada diez empleados públicos supera los 50 años y hay 600.000 empleados públicos con más de 55 años y solo el 7% tiene menos de 30 años (EPA, 2016; La Información, 2016). Los datos de diferentes administraciones públicas sobre el envejecimiento de los empleados públicos son alarmantes: el 63 por ciento del personal al servicio de las administraciones tenía en 2014 más de 50 años (Instituto de Estudios Económicos, 2017). En la Administración General del Estado el 63 por ciento de sus empleados tiene más de 50 años y en algunos ámbitos críticos como la Agencia Tributaria este porcentaje llega al 68 por ciento (Bez, 2016). En el gobierno vasco se va a jubilar el 68 por ciento de todos sus empleados en el periodo de ahora hasta 2030 (Gobierno Vasco, 2015) pero con el agravante que se van a jubilar el 80 por ciento de los puestos más cualificados (Gorriti, 2016). En la Generalitat de Catalunya trabajan actualmente 161.422 empleados públicos (sin contar empresas públicas, consorcios y fundaciones), colectivo en el que los mayores de 60 años representan el 7 por ciento del total pero los mayores de 45 años son el 48,2 por ciento del total (55,2 por ciento con más de 45 años) y solo el 3,2 por ciento tiene menos de 30 años (Banc de Dades d’Ocupació Pública, 2017). El envejecimiento de la administración catalana es grave pero no tanto como el caso del País Vasco y el de la Administración General del Estado. El resto de administraciones públicas en España están también en una situación delicada de envejecimiento de su personal. Por ejemplo, en la Generalitat Valenciana el 39,6 por ciento tiene más de 54 años, el 45,1 por ciento entre 42 y 53 años y solo el 15,7 por ciento tiene menos de 42 años (solo el 0,4 por ciento de su personal tiene menos de 30 años) (Valencia Plaza, 2017). La propia Generalitat Valenciana afirma que si no se contratan 4.500 empleados públicos en los próximos tres años se va a colapsar su Administración (ABC Alicante, 2016). Al menos estas tres administraciones (Administración General del Estado, gobiernos autonómicos de País Vasco y Valencia) han anunciado con preocupación estos datos (como primer paso para empezar a tomar medidas) pero es muy inquietante el silencio que mantienen sobre este tema el resto de administraciones públicas del país que no ofrecen este tipo de información estadística ni análisis aunque estén, probablemente, en una situación muy comprometida (destacan los casos de Cataluña, Galicia, Navarra y Andalucía). Hay algunos indicios pero sin datos oficiales como en Canarias (Tamaimos, 2016) en el que el 60 por ciento de sus empleados superan los 50 años (Sepca, 2016) o datos muy parciales de carácter sectorial (sindicatos que denuncian centros penitenciarios con una media de edad en su personal de 55 años (La Voz de Asturias, 2016) o de carácter territorial (sindicatos que revelan el envejecimiento de los empleados públicos de la provincia de León: el 55 por ciento de los empleados públicos tienen más de 50 años y llegan al 80 por ciento en la sanidad y el sindicato UGT llegó a acuñar el término gerontoadministración (Radio León, 2016). No deja de ser sorprendente que un problema tan grave que afecta a todas las administraciones públicas españolas posea un déficit tan espectacular de documentos, estudios y datos más concretos elaborados por las propias instituciones públicas. La hipótesis es que es un problema evidente pero que ni preocupa, ni se analiza y, obviamente, no se toman medidas para su resolución más o menos proactiva.
Este envejecimiento de las administraciones públicas se explica por dos motivos: a) España, a partir de principios de la década de los ochenta diseñó un modelo de Estado de Bienestar y un modelo de descentralización por la vía de las autonomías. Estos dos procesos incrementaron de forma extraordinaria el peso de su sector público (del 23 por ciento del PIB en 1977 hasta el 48 por ciento en 1992 –actualmente está en el 40 por ciento-, pasó de 700.000 empleados públicos en 1977 hasta los 3.100.000 actuales). En este contexto las contrataciones de los empleados públicos no se realizaron de manera incremental sino que se concentraron en unos pocos años. El ingente volumen de empleados públicos contratados en los años ochenta ahora supera la barrera de los 50 años. b) Esta tendencia al envejecimiento no ha sido paliada durante los últimos diez años debido a la crisis económica ya que no hubo apenas tasa de reposición (convocatoria de las plazas de los empleados que se han ido jubilando) en las Administraciones públicas. El resultado es una plantilla muy envejecida.
