La transparencia en las empresas es un valor que cotiza al alza. Velar por su veracidad debe ser un compromiso de las Administraciones Públicas. Este sencillo principio es seguido por todos y nadie discute sobre él. Y esto es así porque cuando sucede justo lo contrario, quién más sufre, además del pequeño accionista, son los reguladores.
Lo hemos visto hace muy poco tiempo con el caso Gowex. Que nadie se enterara de la monumental estafa que había creado Jenaro García ha afectado a muchos. Pero las mayores críticas han tenido un destino claro: la Administración Pública. ¿Cómo era posible que el MAB no se enterara de nada? ¿Y la CNMV? ¿Y Hacienda? ¿Y…? Por este ejemplo se puede deducir que velar por la transparencia en las empresas privadas, ya no decimos en las públicas, es una labor fundamental para que el sector público tenga buena imagen y se gane la confianza de la sociedad.
Pero, ¿cuál es el mejor mecanismo para lograr que casos como el de Gowex no se repitan? Pues impulsar el buen gobierno corporativo en las firmas mercantiles. La esencia del gobierno corporativo es el establecimiento de las normas que rigen las relaciones entre las personas responsables de la gestión de la compañía -es decir, su equipo directivo- y otros grupos de interés. Entre estos últimos, no se incluyen solo a los accionistas de la empresa, algo que se da por descontado, sino que afecta a cualquier entidad que tenga relación directa con el negocio, como empleados, acreedores, proveedores, clientes, y las propias Administraciones Públicas.
La reciente crisis económica ha demostrado que algunas prácticas y mecanismos de control no han funcionado. Por eso desde los poderes públicos se debe urgir a las organizaciones a que mejoren las labores de buen gobierno, cuyas carencias han puesto en riesgo la supervivencia de las empresas. La calidad del buen funcionamiento de una corporación es ante todo responsabilidad de la empresa, pero las consecuencias generales de los problemas obliga a establecer medidas generalizadas. Éstas deben, sí o sí, ir enfocadas a lograr una mayor transparencia e incrementar la participación de los accionistas en las propias compañías. De esa forma se podría volver a confiar en las empresas y se evitarían escándalos que salpican a toda la sociedad y dañan la imagen de los poderes públicos.
En esta carrera por la transparencia, la primera medida, y más fundamental, es la de conseguir unas cuentas más claras, que den una imagen fiel y cuya veracidad haya sido contrastada por terceros. Además de eso, el buen gobierno y la búsqueda de la veracidad deben ir más allá de los números. Un par de iniciativas que ayudarían sería la convertir en más transparentes las relaciones de los directivos con en consejo de administración y las de propio consejo con los accionistas. Si estos tres poderes de las empresas están en sintonía será más complicada que aparezcan irregularidades. Si no es así, seguiremos sufriendo más casos tipo Gowex, cuyas consecuencias llevan a que paguen justos por pecadores.
