La Intervención General de la Administración del Estado sostiene que no puede con todo el trabajo que tiene, y ha decidido dar luz verde a la entrada de auditoras privadas. El objetivo es que asuman las labores de auditoría de organismos, empresas públicas y estatales. También de aquellas entidades que controlen la gestión de subvenciones y ayudas con cargo a fondos comunitarios.
Esta contratación se puede aplicar desde este mismo miércoles. ¿Los motivos? Según el Boletín Oficial del Estado se deben a “razones de eficiencia técnica y organizativa”, que están destinadas a dar cumplimiento en el plazo previsto a las actuaciones de control registradas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas de cara a 2015.