El otro ajuste, del lado de los ingresos, derivado de la explosión de la burbuja

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Han sido los últimos años tiempos duros para el país, tiempos de recortes y economías. Había que gastar menos, y menos se gasta, aunque la distribución de la carga que ello supone diste mucho de haber sido distribuida por igual. Pero no puede olvidarse que la necesidad de gastar menos responde, lisa y llanamente, a una menor recaudación, a la reducción de ingresos. De donde no hay, en definitiva, no se puede sacar. Hace pocos días, el pasado 3 de julio, el boletín oficial del Estado ha publicado la Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con Informe de fiscalización de las medidas adoptadas por las Entidades Locales para adaptarse a la disminución de ingresos, fundamentalmente, de los procedentes de la gestión urbanística. Un documento, sin duda, bien interesante para entender el impacto que la explosión de la burbuja inmobiliaria tuvo sobre las cuentas locales y, pese a que este Informe de fiscalización se limite a las Entidades Locales, también sobre las cuentas autonómicas y estatales.

La Comisión Mixta parlamentaria para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, tras asumir el Informe de dicho Tribunal, concluye requiriendo de las Entidades Locales las siguientes actuaciones:

a) Planificar su actividad económico-financiera de forma global, con soporte de estudios y evaluaciones periódicas que permitan anticipar sus necesidades financieras y presupuestarias con atención prioritaria para atender los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera y prever las medidas a acometer con criterios de oportunidad y eficacia.

b) Establecer los procedimientos necesarios para garantizar la ejecución de los planes económico-financieros, de saneamiento o de ajuste aprobados, su seguimiento y actualización permanente, así como su corrección en el tiempo y análisis de las desviaciones producidas, de forma que no sean meramente formales, sino auténticos instrumentos de gestión financiera.

c) Contabilizar adecuadamente todos los gastos con financiación afectada y dotar de la suficiente cobertura a los saldos de dudoso cobro.

d) Cuantificar las previsiones de ingresos presupuestarios con criterios de prudencia y con fundamentación suficiente de la viabilidad de su recaudación.

Probablemente, como ratifica el actual estado de la inmensa mayoría de las Entidades Locales españolas, muchas de esas recomendaciones habían sido ya puestas en práctica al emitirse el Informe de fiscalización. Pero ello no es óbice para recordarlas y tenerlas presentes porque, como la historia demuestra, este país nuestro es dado a volver a cabalgar tras duras caídas en el mismo caballo y con los mismos modos. La iniciativa fue adoptada por el propio Tribunal, por cierto, limitándola subjetivamente a los municipios con población superior a 5.000 habitantes a 1 de enero de 2012, un total de 1.312 ayuntamientos; y centrada en lo sustancial en las modificaciones de ingresos municipales derivadas de la crisis económica, las medidas adoptadas por los municipios para adaptarse a ello y la metodología para adoptarlas y supervisarlas. El ámbito temporal del estudio comprende los ejercicios 2009-2012.

Compartiendo la bondad de la iniciativa, me parecen discutibles, sin embargo, los criterios para la elección de los municipios estudiados. Según se explica en el propio Informe “dicha muestra se ha seleccionado entre 171 ayuntamientos (13% del total de municipios con más de 5.000 habitantes) que han experimentado en el período 2006-2011 un crecimiento poblacional porcentual superior a la media, así como importantes reducciones de los ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en el 2009, con respecto del promedio de los obtenidos en los dos ejercicios previos”. Además, “ se han elegido entidades representativas de los diferentes segmentos poblacionales considerados en el análisis y del mayor número posible de comunidades autónomas, aplicándose, para la selección final, variables de distribución representativas del tipo de municipio (capital, área metropolitana o localización costera) y de diferentes situaciones de solvencia financiera y equilibrio presupuestario (sostenibilidad presupuestaria, solvencia y nivel de endeudamiento)”. El resultado es, al menos en lo que conozco, que muy probablemente no han sido los municipios más equilibrados los seleccionados, más bien al contrario.

El análisis de la evolución de los ingresos corrientes resulta muy revelador de lo ocurrido. Así, por ejemplo, un incremento de 1.433 millones de euros parece corresponderse con una reducción de 1.241 millones de euros por ICIO y de 151 millones de euros por IIVTNU (dejando al margen la significativa reducción de 616 millones de euros de las transferencias del Estado). También se redujeron drásticamente los ingresos derivados de las tasas por licencias urbanísticas, los aprovechamientos urbanísticos, los cánones y cuotas de urbanización y las multas por infracciones urbanísticas.

Más contundente resulta la caída de los ingresos de capital, al desaparecer las ventas de suelo. Así, los ingresos por enajenación de inversiones reales pasan de 1.712 millones de euros en 2007 a tan solo 384 en 2011. Las transferencias de capital de los fondos de inversiones implementados por el Estado para tratar de dinamizar la actividad económica en 2009 y 2010 y los ingresos financieros hasta 2009 compensaron en gran medida la reducción de los ingresos corrientes y de capital. La drástica reducción del crédito en 2010 y 2011 y la desaparición de los fondos estatales en 2011 dejaron de hacerlo. Llegaron y se consolidaron los recortes, el incremento de la presión fiscal, especialmente a través del IBI, o la imposición de tasas para evitarlos o paliarlos. El Informe de fiscalización, por lo demás, también analiza los gastos de los municipios analizados, constatando una reducción generalizada para el periodo 2009-2011, tanto en lo relativo a gastos corrientes, como en operaciones de capital y operaciones financieras.

Dejando al margen el análisis de los concretos municipios seleccionados, el Informe contribuye a explicar lo ocurrido en España tras la explosión de la burbuja inmobiliaria desde la perspectiva de las cuentas y los servicios municipales. Reflexionar sobre ello debiera contribuir a evitar en el futuro incurrir en las mismas prácticas, con idénticos riesgos.

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