El tren, ese objeto de mimo

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Complejo el asunto y erizado de trampas el debate que tenemos delante relativo al tren y a la traumática supresión de líneas ferroviarias en algunas zonas de España. Son muchos los municipios afectados y grandes las angustias de sus alcaldes.

Nada de esto es original de los pagos hispanos, antes al contrario, se ha producido y se está produciendo en buena parte de Europa de forma intermitente pero siempre viva. Digamos en términos musicales que estamos ante un pentagrama en el que sin descanso se están escribiendo nuevas notas musicales. Felices y propicias unas, amargas otras.

Porque es bien cierto que la construcción de poderosos trenes y la oferta de servicios ferroviarios ha mejorado de forma sustancial en unos pocos años. Las líneas de alta velocidad son un testimonio de esta afirmación: las cifras en kilómetros y el número de pasajeros son elocuentes y hablan de una transformación radical y beneficiosa para quienes viajamos.

Que de esta situación se derraman beneficios económicos, medioambientales, culturales etc es innecesario pregonarlo. Hace poco ha sido un éxito editorial el libro de Orlando Figes “Los europeos”. En él, a partir de las vidas de varios artistas en el siglo XIX, se realza la importancia que el ferrocarril tuvo para la expansión musical y la literaria a partir de los años treinta de ese siglo. El ferrocarril en suma ha sido y es palabra asociada al progreso y el gobernante que ha querido detenerlo, lo primero que ha decretado ha sido la prohibición de la construcción de líneas de ferrocarril en el territorio de su jurisdicción (los ejemplos son variados).

Precisamente porque todo esto es así crea tanta intranquilidad la supresión de líneas y trayectos que contempla el texto de un proyecto legislativo llamado de “movilidad sostenible” puesto en circulación por el ministerio de Transportes. El inquietante principio que lo inspira se formula de esta manera: es imposible mantener líneas cuando estas son deficitarias, es decir, no rentables.

De momento, y por lo que se conoce, la ley no precisa mucho ese indefinido concepto de la “no rentabilidad”, entiendo que a la espera de mayores avances en su redacción y de las aportaciones que los sectores afectados estén formulando a esta iniciativa. Según datos de la “Autoridad Fiscal Independiente” (AIREF) los costes de los trenes de cercanías en muchos espacios rurales apenas cubren el 12% de esos costes y, a veces, ni siquiera el 6%.

Las noticias acerca de la movilización de muchos alcaldes defendiendo la supervivencia de líneas que afectan a sus territorios se están multiplicando. Y exhibiendo buenas razones que han de ser escuchadas y, en su caso, atendidas. Y ello porque, como bien están razonando, no es admisible aplicar la idea de la “rentabilidad” de una forma insensible a un servicio público como es el ferroviario. Lo sabemos desde antiguo: el servicio público, un concepto que se pone en vigorosa circulación en el derecho público europeo a partir de la Primera Guerra mundial, no puede regirse por la misma lógica que un negocio privado y ello porque existe “una rentabilidad social” que no se mide exclusivamente en los términos implacables de una cuenta de resultados.

Obligado es recurrir a otros y entre ellos están la ordenación del territorio, la integración de todos sus espacios, las necesidades vitales de los individuos que en ellos habitan … Se comprenderá que no se puede estar diseñando estrategias específicas destinadas a afrontar los problemas de la España que se vacía sin atender a las líneas ferroviarias que en ellas existen y de cuya supervivencia depende la vida de tantos ciudadanos. La vida en el sentido más estricto – y angustioso- del término.

Bien está que las firmas comerciales privadas decidan con criterios de estricta rentabilidad empresarial sus planes de implantación aquí o acullá. Pero esta libertad no se la puede permitir el poder público, se trate del Estado o de las Comunidades autònomas, sencillamente porque no es esa la única brújula de sus actuaciones. Si así fuera padecerían valores muy sustanciales de nuestra vida en colectividad, cuya tutela está confiada precisamente a esos poderes públicos. Piénsese lo que supondría aplicar ese implacable lápiz rojo de los números a la sanidad o a la educación.

No defiendo el despilfarro en el uso de los dineros que proceden de nuestros bolsillos, por ello respaldo la necesidad de hacer cuentas para evitar situaciones extremas. Pero sí defiendo la mesura en el actuar, la necesidad de calzarse los pies de plomo antes de tomar decisiones dolorosas pues la cohesión social y el servicio al ciudadano bien vale un número rojo.

Para eso nació el Estado y para pensar en ese desafío están las autoridades a su servicio. 

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