Sé que generalizar es odioso, al poner en un mismo saco a todo aquello que se generaliza, lo que es, naturalmente, injusto. Por eso quizás sea injusto decir que los hispanos tenemos un grave problema porque tenemos fama de trapaceros. Y así nos va; sí generalización, pero algo de eso hay. Recordemos el viejo y castizo refrán, quién no lo recuerda: “hecha la ley, hecha la trampa”. Y así, es natural que sobrevengan abusos de derecho de todo tipo, todos tenemos ejemplos cercanos: el “pues me cojo la baja” de algunos trabajadores, los contratos menores que se usan con excesiva frecuencia para adjudicar a dedo prestaciones de obras o servicios con meras justificaciones nominales, subvenciones nominativas, creación de chiringuitos y observatorios de todo tipo y por todos los partidos, asesores que no se sabe ni cuántos son, ni quiénes son, qué hacen ni qué cualidades les adornan (y por supuesto se desconoce si siquiera van a un puesto de trabajo o éste es virtual).
Ejemplo: según OkDiario el Gobierno tiene 521, la mitad sin título superior. Noticia de 21/1/2022. Vozpopuli: 785 en el Gobierno y 370 a su servicio. Noticia de 1/2/2022 de Europa Press: https://www.europapress.es/nacional/noticia-transparencia-insta-moncloa-desvelar-hace-cada-asesor-presidencia-cuanto-cobra-cual-curriculum-20220810122948.html 10 de agosto 2022.
O sea, no tenemos claro ni quiénes, ni qué, ni cómo, ni cuantos. Curioso es que más de un alcalde haya sido condenado por contratar a dedo a empleados locales y el gobierno, su presidente y sus ministros, además de gobiernos autonómicos tengan vía libre para todo. Cierto es que legalmente pueden, pero lo legal, lo justo y lo moral no coinciden muchas veces.
La picaresca patria es abundante. Un empleado laboral de un ayuntamiento cercano, en los albores de su jubilación le decía al secretario entre jijijis y jajajas, cuando éste le encargaba algo engorroso, que no, que no hacía lo indicado. Y cuando se le recriminaba, entre risas y con sorna, le espetaba: “pues despídeme”, buscando obviamente, un despido improcedente, una indemnización y la prestación de desempleo hasta llegar a la jubilación, ya descansado.
O aquel ciudadano que, llamado por su oficina de empleo correspondiente, se presentó en el ayuntamiento y dijo con toda claridad: “mire usted, yo me canso mucho cuando trabajo, me duelen cosas, no estoy en condiciones, si me contratan, al día siguiente me cogeré la baja” (por lo menos avisó).
En la tuitiva y paternalista España, se instauró ya en el franquismo un sistema hipergarantista: se otorgó a los médicos la decisión de quién trabaja y quién no. Si se tiene en cuenta al mismo tiempo el sistema español de responsabilidad patrimonial, ante la duda, el médico no se complicará la existencia y firmará la baja si demasiados problemas. Si hablamos de despidos, todos sabemos que despedir a alguien en la administración es sumamente complicado. Casi siempre los despidos son improcedentes, siempre es culpable la empresa, “muy gorda” la tiene que haber hecho el empleado y muy bien documentado tiene que estar para que esté justificado y seguro, además, que acaba en un juzgado de lo social. Sería necesario acumular pruebas incontestables y numerosas y a veces ni aun así. Por supuesto que todo trabajador tiene derecho a la máxima protección, el derecho laboral tiene su fundamento en la protección de la parte más débil de la relación, el trabajador. Pero en justa correspondencia, debería existir alguna corresponsabilidad más.
Sin embargo quería referirme a una cuestión ahora que nos tiene en un lamentable estado de irritación a muchos, y es ver que no somos capaces de gastar adecuadamente y con los controles reales y objetivos necesarios, el pastizal europeo que nos viene caído del cielo, los pomposamente llamados Next Generation, al punto que con toda probabilidad -aunque será convenientemente ocultado- va a haber que devolver dinero, ya nos han dado “toques” de atención; nos van a enviar hombres de negro para ver qué está pasando. Y ya se ha destituido a la responsable de la gestión de las ayudas, designándose a otra persona. Moncloa se reservó todas las decisiones acerca de a quién dar las ayudas y sus cuantías. Rechazó desde un principio la posibilidad de crear un órgano colegiado, participativo y transparente para decidir su destino, que se supone que son para (sic, según web de La Moncloa, promover la cohesión económica, social y territorial de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados miembros; mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; y apoyar las transiciones ecológica y digital, favorecer el salir de la crisis pospandémica. Véase https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PreguntasRespuestasPR.pdf .Tiene objetivos finalistas, pero existe, como se puede colegir, una manifiesta discrecionalidad que permite emplear el dinero con cualquier peregrina justificación. El papel sabemos que todo lo aguanta.
Así que con respecto a los fondos europeos es probable que vayamos a perder una buena parte:
- Los criterios de concesión son obtusos y nada transparentes.
- Los sistemas de concesión son complicados.
- Las justificaciones son farragosas para cumplir la legalidad.
- Los sistemas de contratación, lo mismo. Para llevar a cabo una contratación de obras, servicios o suministros de principio a fin, pasa y se pasa el tiempo en trámites. Los interventores no son los culpables de poner pegas, simplemente aplican la legalidad que previamente ha impuesto el legislador, realmente inconsciente de la posibilidad y operativa de los controles.
- No existen suficientes sistemas de control sobre el destino y consiguiente justificación o, al menos, éstos no son nada ágiles. Por lo visto el programa informático de control conforme a las especificaciones europeas no se ha sido capaz de ser implementado a tiempo. Hecho que parece que ha sido el motivo de fondo de la destitución de la responsable.
¿Por qué tenemos esta normativa tan abstrusa y farragosa que nos paraliza por propia incapacidad de cumplirla? Básicamente porque se establecieron unos sistemas que se basan en una absoluta desconfianza hacia los gestores; se establecieron todo tipo de prevenciones en la normativa de contratos, en la de subvenciones y en las de intervención. De tal modo que, si se es escrupuloso, se llegará a menudo a la paralización. Y se estableció esta normativa debido a los episodios de corruptelas casi siempre de los propios políticos, que finalmente, y con la habitual gastroenteritis normativa, son los que llenan páginas del BOE de requisitos, criterios y documentación de todo tipo, sin pensar si es factible cumplirla, sin plantearse si el funcionario que está al otro lado de la mesa, puede seguirla. Muy irritante es ver después, los controles, impuestos por quien no cumple, basados en la desconfianza y que se imponen a los ayuntamientos.
Por todo esto, como en tantas otras cosas, necesitaríamos con urgencia reconducir la legislación hacia un sistema basado en la confianza y no en la sospecha permanente. El cambio de paradigma comenzó con la Directiva Europea de Servicios de 2016. Si se recuerda, la tradición administrativa española sufrió una gran transformación cuando se estableció un principio general: salvo excepciones, se puede realizar una actividad mediante mera comunicación o mediante declaración responsable. El norte se vino al sur. Y creo que es un buen criterio, que debería aplicarse también a la contratación, a las subvenciones y a la justificación de aplicación de fondos europeos. Confiando en los funcionarios gestores (¿para cuándo reconocer la labor de los secretarios-interventores?), implementando, por supuesto, inspecciones selectivas y aleatorias, y haciendo caer todo el peso de la ley a aquéllos que no cumplan. Siempre que los partidos permitan y faciliten trabajar a los jueces, incluso aumentando la planta judicial. Sin embargo, a la vista de la invasión termitera del ejecutivo en el tercer poder del Estado, no parece muy factible.
Quizás así seríamos ágiles, no perderíamos fondos, los aplicaríamos correctamente y dejaríamos de ser el tonto del pueblo -con perdón- con respecto a Europa. Me imagino la cara de los funcionarios europeos cuando examinen la documentación española, en la que sin duda se mostrará una sonrisa condescendiente y un buf, éstos no tienen ni idea.
