Como dice un amigo, FHE también, esta profesión está llena de espontáneos. Llama con este apelativo a todos aquellos que están ejerciendo las funciones propias de la habilitación estatal en los variopintos lugares de nuestra geografía nacional, perdón, estatal, sin haber pasado una oposición.
En estos días he podido tener acceso a los datos de Aragón. Veamos. En números aproximados, en esta Comunidad Autónoma hay 730 Ayuntamientos. En estos momentos existen al menos 334 Ayuntamientos o 233 plazas que carecen de FHN con nombramiento definitivo. Todo ello teniendo en cuenta que hay vacantes 101 agrupaciones (cada una cuenta al menos con dos Ayuntamientos), 9 plazas en comarcas, 3 en consorcios, 2 en mancomunidades, 2 en diputaciones. 334 entidades sin FHE con nombramiento definitivo. 135 interinos, 18 accidentales, 9 acumulaciones y 10 provisionales. El resto, lo desconozco. Lo cual quiere decir casi el 50 % del Territorio carece de FHE con plaza cubierta por oposición y con nombramiento definitivo. ¿Por qué ocurre esto?
En unos apuntes rápidos y que pueden servir para abrir una que espero rica discusión, podemos apuntar varios aspectos, el primero de lo cuales, con carácter previo, es preguntarnos si todo esto es realmente un problema o no. Porque si no lo es, todo lo demás sobra. Evidente e inicialmente se nos puede acusar a los que pensamos que no debería haber tanto espontáneo de corporativismo, el bla-bla-bla habitual. Y es realmente cierto que de alguna forma defendemos la necesidad de regularizar esta situación porque defendemos la profesión. Es legítimo que cada uno defienda sus garbanzos, cómo no. Siempre me quedé pensando que cuando los profesores de filosofía hace un tiempo reivindicaban la importancia de su asignatura en la ESO ante la previsión de reducción de horas, para lograr ciudadanos bien formados, si realmente no estaban reivindicando sus propios puestos. Pues sí, pero una cosa con la otra. Profesión y objetividad (o razón).
Hecha la prevención anterior, partimos de que sí hay un problema y que es serio. Y yendo al fondo del asunto, deberíamos pensar si es interesante o no que existan FHE en todo el Territorio. Nominalmente, la norma habla de funciones de los FHE como funciones públicas necesarias, así las define. Hasta el momento he creído, aunque parece que esta opinión tendrá que ser cambiada probablemente, que al Estado (recordemos que las CCAA son también una parte del Estado) les interesa que haya FHE en todo Ayuntamiento con estas finalidades:
- Que se cumpla la legalidad en cada uno de los rincones del Territorio.
- Que se sepa exactamente qué acuerdos adoptan los Plenos y qué decisiones de gobierno adoptan los Alcaldes.
- Que le interesa que se produzcan bien las notificaciones para no causar indefensión.
- Que los electos puedan decidir cosas (llevar a cabo su programa electoral) con el asesoramiento legal de alguien que sabe de qué va y con respeto al ordenamiento jurídico.
- Que existan un mínimo de servicios de calidad en todos los pueblos, respetándose unas mínimas normas de contratación pública.
- Que exista una cierta uniformidad en cuanto a modos de trabajo, es decir, procedimientos (padrón, contabilidad, sistema de fe pública, etc.) para por lo menos poder hacer ‘contabilidad nacional’ en cuanto a gasto, número de habitantes etc. El INE y el Eurostat lo agradecen.
- Le interesa que se pueda desarrollar verdaderamente un sistema democrático en cada uno de los rincones del Estado.
Si realmente interesa pues que existan FHE desperdigados por nuestra bonita geografía, en cuanto a que es personal especialmente cualificado para desarrollar unas funciones imprescindibles, hágase de una vez por todas un esfuerzo en solucionar el endémico problema de la ausencia de FHE. Ahí van unas cuantas sugerencias:
Uno. Las CCAA, responsables de su Territorio y con plenas competencias para ello, sin duda deberían apostar por convocar el número de plazas que sean necesarias para que se cubran suficientemente las plazas o al menos la gran mayoría de las plazas. Es incomprensible que en Aragón, con más de 200 plazas vacantes, convoque del orden de 15. Así, no se cubre ni el relevo generacional prácticamente. Cuando se contra-argumenta que si se sacaran muchísimas plazas bajaría el nivel, hay que admitirlo, bajaría. Pero si se anuncia que va a haber una convocatoria con bastante tiempo por delante, el personal sabe a lo que va y hay que suponer que se preparará. Además, ¿por qué no se organiza un verdadero curso selectivo de capacitación para los que aprueban en vez de un curso-trámite para cumplir la literalidad de unas normas?. Un buen curso de capacitación y que, además sea verdaderamente selectivo. Esto podría solucionar una gran parte del problema del nivel. Porque habría que aprobarlo realmente. Problema de dinero para el curso pero chocolate del loro si se tiene en cuenta –dicho con todo el democrático respeto- cómo se gasta el dinero público. Si se tienen competencias, ejérzanse.
Dos. Establézcanse por otra parte condiciones atractivas para que haya personas válidas que deseen ir a lugares que carecen de servicios y que están alejados de las comodidades de las ciudades. Podemos sacar las estadísticas de Teruel, pero es obvio, no hace falta. ¿Quién desea ir a una Agrupación de cuatro Ayuntamientos a 200 km de Zaragoza, sin vivienda y por carreteras heladas? Pocos, ciertamente. Las medidas de fomento están inventadas hace muchísimos años y generalmente son de tipo económico pero no sólo, también importan otras.
Estas medidas pueden encaminarse hacia estos aspectos:
- Prestigiando en todo momento esta profesión y apoyando a los FHE, lo que querría decir que se refuerza el papel de los FHE sin menoscabo de la capacidad de decisión democrática de los órganos municipales. Y no socavándolo como se hace en muchas ocasiones. Es preciso el apoyo de las CCAA y de las DDPP.
- Otorgando incentivos económicos y/o de otro tipo: estableciendo complementos específicos adecuados, facilitando más vacaciones que otros funcionarios asentados en lugares más cómodos, facilitando ayudas de apoyo de personal (auxiliares, administrativos, técnicos), dando más puntos en concursos a las personas que hayan estado destinadas en lugares difíciles por lejanía y soledad. Los incentivos ya se daban en a Edad Media para ir repoblando las Villas que se iban reconquistando al pérfido sarraceno. Se otorgaban fueros, prebendas, tierras… Más recientemente los funcionarios del Estado que eran destinados a Ceuta y Melilla recibían el doble de sueldo que uno que estuviese en la península. Está todo inventado. Al Estado le interesaba que existiesen allí funcionarios estatales cualificados. Y los pagaba. Bien, no hace falta tanto. Sólo hace falta pagar unas retribuciones dignas y atractivas y facilitar así las cosas. Es absurdo pagar una miseria argumentando que el Ayuntamiento no tiene recursos suficientes. Si no tiene recursos para pagar a una persona que tiene que hacer unas cosas imprescindibles, necesarias, lo más probable es que en ese núcleo no deba existir una organización llamada Ayuntamiento. Por lo tanto, si al Ayuntamiento no le llega el dinero, tendrá que actuar la CA que sí los tiene y más que suficientes, para sufragar ese gasto mediante trasferencias corrientes y estables para retribuir al FHE. Y si se trabaja con deportividad, es decir, apolíticamente, sin que eso suponga un control de tipo alguno.
- Limitando el número de Ayuntamientos que un solo FHE puede llevar. No deberían existir agrupaciones de más de dos Ayuntamientos, porque llevar más es una tarea titánica. Si alguien lo duda, que pruebe. Por cierto, como apostilla al margen, por favor suprímase el nombre de Agrupaciones para el sostenimiento común. Suena realmente mal y preconfigura al FHE como una desgraciada carga que le ha caído al Ayuntamiento agraciado.
Tres. Así pues, o bien apostamos porque la gente siga viviendo en los pueblos con condiciones dignas y que tenga asegurada la concurrencia de FHE para que se puedan ejercer los derechos democráticos adecuadamente, o bien podemos optar por dejar que este Territorio olvidado y envejecido se acabe convirtiendo en un Gran Coto de Caza o una Reserva de la Bioesfera, LIC, ZEPA, Parque, Monumento Natural o lo que sea, para que vayan unos cuantos burguesillos de ciudad a explayarse pegando unos cuantos tiros y dándose unas cuantas comilonas campestres entre risas y tintorro. Y la parte que sea Reserva Ecológica del Mundo Mundial, un lugar donde se preserve hasta tal punto la naturaleza que no haya más que animales que no sean de la especie humana y se prohíba su acceso salvo para los naturalistas, biólogos o miembros de oenegés protectores del escarabajo pardo pirenaico. Es una opción. Territorio Comanche. Probablemente en realidad a nadie le importa la situación y quienes tienen la responsabilidad de tomar cartas en el asunto, parece que soslayan la cuestión y silban mirando hacia otro lado.
Se puede entender, aunque por supuesto que no compartir, que algunos Alcaldes prefieran tener de un interino ‘con permanencia’ que a un FHE que viene y se va a las primeras de cambio. Las CCAA en las que existen pueblos muy pequeños, algunos ínfimos, como Aragón, ni convocan suficientes plazas, ni desarrollan cursos de formación para nuevos aprobados que sean verdaderamente efectivos, ni ayudan a pagar sueldos, ni socorren con carácter efectivo y rotundo a algún FHE que quiere tomar posesión en un puesto y al que el Alcalde se lo impide, ni toma medidas efectivas para zanjar la cuestión, ni suprimen ayuntamientos inviables. Eso sí, tanto las Diputaciones y como las CCAA otorgan subvenciones para pavimentar calles, para hacer Pabellones y para las cosas más variopintas, lo cual está muy bien. Pero no para que una organización constitucionalmente básica como es un Ayuntamiento pueda simplemente funcionar con normalidad. Como diría el Forges. País.
Veo este artículo muy documentado, razonado y convincente, pero lo que plantea se topará con un problema secular: en España no tenemos un gobierno nacional que atienda a la fuerza de las razones, sino que atiende a la razón de las fuerzas.
España es un país de eternos interinos y aquí no interesa que se haga novedad en este asunto. Instaurar la normalidad constitucional y legal en el funcionariado, supondría un cataclismo para un sistema político caciquil, regido por las mentiras oficiales, basado en el pasteleo y en el respeto sagrado a los cotos y cotas de poder de chusmas identitarias, camarillas de aprovechados y tiranuelos, donde apenas se cubren las apariencias democráticas.
Hay que observar por otra parte que algunos sectores de la vida española, nunca se ha querido que funcionaran con normalidad «europea», como la Justicia, la Administración Local, la Educación, la Iglesia o los Sindicatos.
Además de lo anterior, determinados colectivos de funcionarios, vienen teniendo desde hace mucho tiempo en la sociedad española un ominoso tratamiento, como si fueran cuerpos malditos que poseen al demonio. Estoy pensando por ejemplo: en los crímenes atroces cometidos contra maestros en pueblos aislados durante la Guerra Civil o en habilitados estatales rechazados y acosados por bandidos concejiles y vecinos aviesos en aldeas oscurantistas, cuando el ejercicio de derechos fundamentales o el cumplimiento de la Ley, altera el estatus de la manada. Curiosamente, se da la circunstancia de que en ambos colectivos (profesores y habilitados), el «interinaje» alcanza un grado extremo que me hace pensar en que el sistema no nos quiere extendidos por todo el territorio nacional, si no somos interinos o «comprados» y dentro de los pesebres de turno. Si no queda otra que tener titulares, para guardar las formas democráticas, se nos tiene, pero pocos, divididos, desestabilizados y maltratados, para ser más fácilmente comprados y manipulados por los amos de los cortijos.
¿Y qué es un FHE?