Está todo muy confuso

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Alguien que conozco suele decir, cuando no ve algo claro o no sabe qué decir, que está todo muy confuso… (quizás para ganar tiempo mientras intenta comprender la realidad). Y es cierto, vivimos en un país en el que  hay muchas cosas que no están claras. No están claros los límites de las competencias del Estado y de las CCAA, por una parte por una sin duda desafortunada redacción de la propia Constitución (sí, posiblemente en ese momento no se pudiese hacer otra cosa) y por otra por la exégesis en forma de doctrina legal que ha venido elaborando el Tribunal Constitucional, que lejos de zanjar cuestiones vidriosas de un modo tajante se ha mostrado tradicionalmente algo más que condescendiente. Todo confuso.

Pero la confusión a la que quería hacer referencia en este momento es la que incide en esos límites difusos de qué sea la política y qué es la administración; incluso cuál el uso honesto de los recursos públicos, siendo que un alto porcentaje de los ingresos de los partidos provienen de las jugosas subvenciones que se otorgan por el Estado y las CCAA,  bien directamente o bien (no nos engañemos), a través de fundaciones de bonitos nombres que promueven la cosa filosófica del ideario del partido.

Y es que muchos de los cargos electos personifican al órgano que dicta el acto administrativo en pura teoría. O forman parte de órganos colegiados cuya conformación de voluntades desemboca en actos administrativos o bien, incluso, en normas reglamentarias.  El caso más claro son los alcaldes de las ciudades medianas y grandes, cargos electos que perciben retribuciones del erario público y que tienen atribuida la competencia de resolver administrativamente multitud de cuestiones, de forma reglada o discrecional “gobierno y administración” dice la Ley de Bases… Ese alcalde, cuando está en su despacho oficial  por la mañana, cobrando de los fondos públicos, está resolviendo asuntos del gobierno municipal, pero es obvio que continuamente está “haciendo política” en forma de conversaciones, gestiones y negociaciones con gente de su partido o de otros partidos. Y pergeñando acciones que puedan asegurar una reelección. Como ya hemos tenido oportunidad de recordar en algún momento, un gran error del sistema establecido por la Ley de Bases, desde mi punto de vista. Me pregunto por qué un alcalde tiene que dictar un acto administrativo consistente en el otorgamiento de una licencia –pongamos por caso- cuando ésta es un acto completamente reglado. O decidir sobre un contrato. Si a + b es igual a c, no habría nada que discutir. Otorgar ese poder es absurdo. Primero porque no se necesita cuando se trata de actos cuya resolución está predeterminada. Y segundo porque  no todo er mundo e güeno.

Es la vieja polémica nunca resuelta: qué es gobierno, qué es administración, qué política, qué es hacer política y qué es hacer política. Dicen que la política es el arte de lo posible. Lo que no se dice es si lo posible se constriñe a lo posible ámbito de lo legal o va más allá. El problema está generalizado entre toda la clase política que ejerce algún cargo público.

Inventemos un pequeño cuento a propósito de los viajes de los parlamentarios que ha animado el debate estos días:

Pongamos que el Diputado X Sr. Remí (Don Fernando), va a Canarias (podría ser a Cambados o a cualquier otra parte) a costa del Parlamento,  pongámonos en la hipótesis de que emplee el tiempo no sólo para una “cosa” política sino para otras también. Dejemos volar la imaginación y hablemos de supuestos que a cualquiera se le pueden ocurrir.

El Diputado Remí, electo por la provincia de Castellón y miembro de la Comisión del Acervo Lingüistico y Cultural Hispano, pongamos,  toma un avión el viernes a las 15 horas en Madrid y se va, vía Tenerife a la Isla de la Gomera. Allí, el sábado a las 12 h. participa en una reunión con el Presidente y Secretario de  la Asociación para la Defensa del Silbo Gomero. La reunión se limita a una breve exposición de veinte minutos de los interfectos, que inciden en la suma importancia del Silbo y solicitan que se subvencione desde el Ministerio de Educación o a través de fondos europeos el Curso “El Silbo Gomero ayer y hoy. Puesta en valor de una seña de identidad de los gomeros”.

Antes de la reunioncilla, se ha reunido con la Agrupación Local del Partido a ver cómo van los pronósticos electorales en la Isla  y el resto del tiempo el bueno de D. Fernando Remí lo ha pasado degustando la gastronomía de la Isla, visitando a un viejo amigo de la mili y a una antigua novia que ha montado un chiringuito en la negra y pedrosa playa de Santa Catalina. El domingo se levanta tarde, desayuna tranquilamente y viaja de regreso para sus tareas parlamentarias, casi siempre limitadas a –como se diría en Aragón- pretar  el botón que haya dicho el Jefe. En lo que va de legislatura, nuestro Diputado tan sólo ha hecho dos preguntas y el resto del tiempo lo ha dedicado a pretar botones o levantar la mano cuando tocaba. Obviamente, los gastos de viaje y probablemente de hotel y comidas han corrido de cuenta del erario parlamentario. Pongamos que se ha gastado entre pitos y flautas 2.500 euros.

Y bien, como en el colegio, resolver el problema: ¿El Sr. Remí ha actuado correctamente? La respuesta está en el viento. Probablemente sea legal lo que ha hecho, pero sabido es que lo legal y lo moral muchas veces no coincide.  Cierto que los parlamentarios deben gozar de cierta libertad de acción y que su actividad política no puede estar mediatizada con justificaciones que informen al común con pelos y señales. Habrá que confiar en su Señoría, en que es un santo varón y que el buen uso de sus percepciones depende del comportamiento más o menos ético del sujeto gastador. O confiar en Dios, que es otra opción. Pero también quizás y hasta que se invente en el MIT (ya se sabe, todo se inventa en Massachusetts) un vergüenzómetro, sea necesario que el uso de los fondos públicos queden algo más justificadillos. La solución que se ha adoptado para vestir el santo, es que sea el propio  partido quien avale el gasto lo cual, visto lo que hay no parece un sistema muy depurado. ¿O sí? Cuando algo inmoral es generalizado y yo me callo si tú te callas, empieza a imperar una especie de absolutamente insana omertá.

 

 

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Ignacio Pérez Sarrión es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en el año 1980 y Funcionario con Habilitación de carácter Estatal, perteneciente a las subescales de Secretaría-Intervención y Secretaría de Categoría Superior. Actualmente ejerce en el Ayuntamiento de Torres de Berrellén (Zaragoza).

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