Parece mentira pero la tentación de utilizar la Administración pública para emplear a familiares entrañables y entusiastas compañeros de partido no cesa. Menos mal que los jueces de vez en cuando ponen freno a estos desmanes. Ahora hay que celebrar que se haya declarado nulo por vulneración de la libertad ideológica el despido realizado por el Ayuntamiento de Cuenca (mayoría del PP) de una trabajadora vinculada al PSOE.
Me temo que podía haber sido igual al revés en lo que a las siglas se refiere. Pero el hecho es que en este caso una trabajadora venía prestando sus servicios desde principios de los años noventa y colaborando en un programa de desarrollo financiado por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha.
En 2007, con una nueva mayoría política, el Ayuntamiento renuncia a la subvención de la Junta y rescinde la relación laboral con la empleada, cuyo marido había sido concejal socialista.
¿Por qué no le interesan al Ayuntamiento unos fondos que proceden de la Administración regional? Misterio. Lo cierto es que se prescinde de ellos y, ya sin cobertura financiera, queda el contrato en el aire. Consecuencia: a la calle quien vivía en él amparada.
El juez (de lo social) se queda extañado porque no entiende cuáles pueden ser las razones para que “sin implicar gasto alguno propio y dado el déficit presupuestario, se negare [el Ayuntamiento] a recibir dicha ayuda económica externa, prefiriendo, en cambio, que las funciones que realizaba la actora fueran realizadas por otras personas con cargo a los presupuestos municipales”. Y, como no lo entiende, declara nulo el despido y ordena no solo la reincorporación de la empleada sino también la transformación del contrato en indefinido.
Me alegro muy sinceramente por la afectada aunque ignoro qué tipo de pruebas pasó en su momento para acceder a ese puesto y si hubo personas que resultaron preteridas.
Porque no puedo dejar pasar la ocasión para insistir en la necesidad de que todo el personal al servicio de una Administración pública sea seleccionado en pruebas públicas y de acuerdo con el principio constitucional del mérito y capacidad. Estas son las únicas garantías que existen para quienes no tienen maridos ni padres ni parientes en los partidos políticos: programa de temas, exámenes cara al público y tribunal con profesionales (no con el compañero sindical).
Esta es la reivindicación que debe hacer toda persona que quiera ingresar en una Administración y debería hacer toda persona que se considere “progresista” y ame y quiera servir al servicio público financiado con fondos públicos.
Pero me temo que se trata de un desiderátum. Mil triquiñuelas se seguirán ensayando para que permanezca de plena actualidad aquello que le decían al conde de Romanones cuando iba de visita a su feudo de Guadalajara: “conde, ¡empléanos a todos!”.
Uno de las principales causas de los problemas económicos que están sufriendo los ayuntamientos tiene su origen en el «engorde» que han visto las plantillas en los tiempos de bonanza, tiempos dulces para los alcaldes que han aprovechado el momento para dar empleo a sus amigos y familiares, sin percatarse que ahora que los tiempos son más duros alguno no va a poder pagar las nóminas.
Sinceramente creo que para la Administración Local son peores los tiempos de bonanza que los de crisis. Por lo menos en estas épocas se comenten menos excesos, se piensa en que las inversiones conllevarán gastos, se cuestionan más las subvenciones «envenadas», etc.
hola como estas yo bn y tu chao nesedito empleo de jugar
hola como mestas