El rechazo por el Congreso de los Diputados a convalidar el decreto-Ley que envolvía propuestas financieras del Gobierno para las Corporaciones locales no puede generar una desatención a los problemas económicos que atosigan a estas Administraciones. Máxime cuando tantos consistorios cuentan con superávits que descansan pacientes en los bancos a la espera de que se les permita tapar agujeros cavados por la crisis.
Es cierto que la propuesta del Gobierno había cosechado diversas críticas y reparos. También alguna conformidad que resaltaba los centenares de millones de euros que se ahorraría el conjunto de los Ayuntamientos durante los diez años que prestarían el dinero al Estado. Una suma, en mi modesto entender, que originaba cierta confusión pues las necesidades municipales no se pueden distribuir como si estas fueran iguales.
Pero al decaer esa propuesta tras la votación en el Congreso, el debate entre los grupos políticos no puede quedar estancado entre los muros torpes del continuo reproche mutuo. Si no fuera porque estamos tan preocupados por la pandemia, el espectáculo de esas malas prácticas nos llevaría a la desolación.
Ante tantos problemas urge actuar y arbitrar soluciones. Y algunas parecen asequibles.
Tal sería aprobar el uso de esos superávits durante lo que queda de año, así como para el próximo 2021. En varias ocasiones hemos visto cómo sucesivos parches legislativos, incluso, mediante decretos-leyes han atenuado los límites establecidos en la Ley de estabilidad presupuestaria. Por tanto, no es algo extraño. Este mismo 2020, el octavo decreto-ley aprobado autorizó la utilización de una pequeña parte de tales superávits, el veinte por ciento. Puede, en consecuencia, insistirse al Gobierno para que, con la celeridad que facilita ese instrumento extraordinario, se mueva y desanude algunos problemas municipales. Es un asunto que se puede resolver en unas horas. Es más, pueden rescatarse los primeros artículos del decreto-ley abortado mejorando su redacción para evitar las dudas interpretativas que había generado. Y, si el Gobierno no aprovecha esa ventaja, los grupos parlamentarios podrían incorporar una enmienda en los proyectos de ley que se están tramitando, uno, por cierto, para reformar la propia Ley de estabilidad presupuestaria que analiza la comisión de Hacienda del Congreso desde el mes de enero. Aunque eso retrasaría durante casi un par de meses un principio de solución.
Abrir las compuertas de esos superávits embalsados permitiría regar algunas tierras asoladas por la pandemia. Sabemos que la legislación de haciendas locales exige que se destinen a «inversiones financieras sostenibles» pero ese aparente valladar acoge un amplio elenco de programas entre los que se citan las actividades energéticas, de transporte, asistencia social, centros educativos, vivienda, comercio, turismo…y otras muchas que pueden aliviar concretas situaciones maltrechas por la crisis.
Se me dirá que no todas las Corporaciones cuentan con superávits. Algunos Ayuntamientos han heredado una deuda ingente cuyos rojos tintes no han conseguido lavar y otros, eso es preocupante, no aciertan a planificar de manera adecuada sus ingresos y gastos. Pero entre las que pueden presumir de una saneada gestión económica están muchas Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares que asisten con adecuados planes de inversión a los Ayuntamientos. Si se desbloquea la compuerta legal que retiene el uso de superávits, se beneficiarán más Ayuntamientos y, por supuesto, más vecinos, que aquellos que mantienen a buenos gestores locales.
Soy consciente de que tal modificación no es suficiente. Son abultadas las necesidades de los Ayuntamientos ante el esfuerzo que están haciendo los servicios sociales, las deudas del transporte público, la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica, del turismo… Y no resulta nada fácil saltarse las previsiones establecidas en la ley de estabilidad presupuestaria, ni con una votación en el Congreso como ha apuntado un exministro. La previsión recogida en el artículo 11 de esa Ley que permite considerar situaciones excepcionales sólo se refiere a las haciendas estatal y autonómicas, no a la hacienda local. La Constitución española es nítida: las Entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario (art. 135).
De ahí que sea urgente analizar y cuantificar esas necesidades con el fin de atender los servicios sociales, acondicionar las escuelas municipales, esos agujeros en el transporte público y en otros servicios públicos. Con preferencia a tantas otras ayudas que se están considerando por los Gobiernos estatal y autonómico, han de atenderse a esas necesidades básicas de los vecinos.
Y para ello dos organizaciones me parecen claves. La primera, la Federación española de municipios y provincias. Durante su larga historia ha mostrado los logros de la deliberación que trenza tantas singularidades del municipalismo español. Un auténtico caleidoscopio de comunidades grandes y pequeñas, concentradas y dispersas, costeras y de montaña, industriales y agrícolas, con gobiernos de coalición o alcaldes que durante décadas encuentran el continuo aplauso de sus vecinos. Esta Federación que conoce bien la situación de los Ayuntamientos es la que puede ofrecer el certero análisis de las demandas vecinales.
La segunda, el Colegio que aúna a los funcionarios de habilitación nacional, COSITAL, que pueden encauzar de manera adecuada dentro de los límites establecidos por la legislación de haciendas locales las inversiones y fondos que se asignen.
Para que no se siga empobreciendo el debate político en el Congreso de los Diputados, hay que escuchar las propuestas de la FEMP y de COSITAL.
