La crisis económica ha permitido criticar con más dureza el despilfarro público de tantas autoridades, así como defender el trabajo de los funcionarios sobre quienes ahora se quiere hacer recaer la responsabilidad del gasto público. Se han publicado muy buenos artículos y cartas a directores de medios de comunicación. Pero junto a estas denuncias es preciso también señalar los graves defectos en la estructura del Estado que se ha levantado en los últimos años.Entre las más graves resalta, a mi juicio, el hecho de que la multiplicación de estructuras políticas y el traspaso de competencias no han ido acompañados de mecanismos adecuados para mantener un mínimo control de los gastos. Tampoco se han precisado instrumentos para analizar los resultados y para poder valorar la gestión autonómica y local de tantas competencias entregadas. Ninguna auditoría existe. Se siguen traspasando competencias como si esa fuera una ley como la de la gravedad, imposible de suspender. Tampoco existe ninguna intención de exigir responsabilidades. Los Gobiernos españoles han renunciado a supervisar y controlar el gasto autonómico y local. A pesar de las claras competencias sobre la hacienda general, la deuda pública, la posible planificación general de la economía, los sucesivos Gobiernos han desatendido este importante asunto. ¿Confianza en las Autonomías? ¿Desinterés?¿Cesiones políticas?
Esta disfunción tan grave se ha puesto más de manifiesto cuando ahora desde Europa se están tratando de establecer los mecanismos para supervisar de manera previa los presupuestos de todos los Estados. La Comisión europea ha realizado un estudio sobre las normas de estabilidad y control presupuestario existentes en los Estados miembros. Entre sus conclusiones se advierte que faltan en Malta, Chipre, Grecia y son muy insuficientes en Bélgica, Italia y … es fácil imaginar cuál es el otro. Entre las propuestas presentadas se ofrece importar una institución alemana, pues este país es siempre el mejor modelo de federalismo.
En Alemania, el Stabilitätsrat, algo así como un Consejo de estabilidad presupuestaria, tiene competencias para analizar de manera previa los presupuestos de la Federación y de las Regiones con el fin de poder advertir los posibles riesgos y prever mecanismos de saneamiento. Sus sesiones son públicas, ¡eso es transparencia! y los acuerdos deben contar con el voto de la Federación y de los dos tercios de las Regiones.
La propuesta pretende que la Comisión europea supervise los proyectos de presupuestos nacionales, controle sus gastos e, incluso, en caso de incumplimiento de las medidas de corrección propuestas, se limiten o suspendan los cuantiosos fondos europeos que reciben los Estados miembros. Es necesario fortalecer la federación europea, su gobierno presupuestario y fiscal para que no fracase esta singular aventura europea. Pues bien, aparece aquí una paradoja: mientras Europa tratará de supervisar los presupuestos de los Estados, el Gobierno de España no supervisa ni controla los presupuestos autonómicos y locales.
Como en todo presupuesto doméstico, afrontar una crisis tras una época de fiesta y excesos requiere no sólo evitar el despilfarro y controlar los gastos, sino también advertir los desperfectos en la casa por ampliaciones mal realizadas. ¿Sabremos en España hacer las reformas indispensables para que no se desmorone el edificio?
