Los desafíos en la Administración Pública no son una novedad, sino más bien todo lo contrario.
Lentitud en los procesos, burocracia interminable, falta de agilidad en la toma de decisiones… son obstáculos que llevan décadas sin resolverse, limitando la capacidad de nuestras instituciones para adaptarse a las demandas de la ciudadanía.
Ahora, esa revolución tecnológica que ha penetrado a tantos sectores parece haber llamado a nuestras puertas como la oportunidad que podría, por fin, marcar el antes y el después en la modernización del sector público. La pregunta es: ¿estamos preparados para subirnos a este último tren?
Para comprender el impacto potencial de la IA, primero hay que entender por qué su llegada es tan crítica. La Administración pública se enfrenta a retos históricos que parecen haberse convertido en parte de su ADN: procedimientos interminables, dificultad para gestionar grandes volúmenes de información y la complejidad inherente de una burocracia que, en muchos casos, hemos sido incapaces de eliminar.
A esto se suman las expectativas crecientes de una ciudadanía cada vez más demandante. Los ciudadanos ya no se conforman con tiempos de espera largos y respuestas genéricas; esperan la misma inmediatez y personalización en el servicio público que reciben en el sector privado. Mientras tanto, los empleados públicos lidian con la presión de hacer más con menos, enfrentándose a la falta de recursos o capacitación tecnológica. Vamos, ese es nuestro pan de cada día.
En este contexto, la IA ya no aparece simplemente como una solución más, sino como el vector que podría transformar profundamente el funcionamiento y la estructura de nuestras organizaciones, con el potencial de cambiar el paradigma actual de las Administraciones públicas.
En primer lugar, la IA es capaz de introducir una eficiencia sin precedentes en la gestión de los procesos administrativos. ¿Qué significa esto en términos concretos? Pensemos en la automatización de tareas repetitivas. A través de tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural o los sistemas de aprendizaje automático, la IA puede agilizar trámites, reducir tiempos de espera y mejorar la precisión en la gestión de datos. Pero ojo, esto no es algo que no pudiera – y puede – hacer la Administración electrónica, sino que ahora, con la IA, la expectativa de cambio es exponencial, radical, disruptiva. Tenemos que verlo.
Proliferan, por ejemplo, los casos de uso de chatbots o asistentes virtuales en la atención al ciudadano. Herramientas que permiten responder preguntas frecuentes, guiar a los usuarios en trámites complejos y canalizar solicitudes de manera más eficiente, liberando recursos humanos para tareas de mayor valor añadido. Países como Estonia o Singapur han implementado con éxito sistemas de IA que gestionan desde la interacción ciudadana hasta la asignación de recursos en tiempo real, mostrando que el cambio no es solo una posibilidad, sino una realidad alcanzable. En España estamos aún en pañales pero ya hay alguna experiencia destacable que nos muestra el camino que tenemos que recorrer.
Por otro lado, la personalización de los servicios públicos es otra ventaja crucial de la IA. Al analizar grandes volúmenes de datos, los sistemas de IA pueden anticipar necesidades ciudadanas y adaptar los servicios de manera proactiva. Ya no se trata de una Administración pública que reacciona a problemas, sino de una Administración capaz de preverlos y solucionarlos antes de que se conviertan en urgencias.
Uno de los mayores desafíos en la relación entre la Administración pública y los ciudadanos es el déficit de confianza. La percepción de opacidad, ineficacia o corrupción ha minado, en muchos casos, la legitimidad de nuestras instituciones. Aquí, la IA puede desempeñar un papel fundamental no solo en mejorar la eficiencia, sino también en incrementar la transparencia.
Las herramientas de análisis de datos impulsadas por IA pueden detectar patrones que revelen ineficiencias o incluso riesgos de fraude o corrupción. Al identificar estos problemas a tiempo, las Administraciones pueden tomar medidas correctivas de manera proactiva, demostrando un compromiso tangible con la integridad. Asimismo, la IA puede facilitar el acceso ciudadano a información pública en tiempo real, promoviendo una mayor rendición de cuentas y un mayor control ciudadano de la actividad pública.
Algunos gobiernos ya están utilizando IA para analizar los presupuestos y los gastos públicos de manera más eficiente, ofreciendo a los ciudadanos plataformas que visualizan de forma clara y accesible cómo se distribuyen los recursos. Esta transparencia no solo fomenta la confianza, sino que también abre las puertas a una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, pero dándole una vuelta más al “viejo” paradigma del Gobierno Abierto, ya que ahora con la IA las nuevas formas de aproximarse a la ciudadanía son más reales y exigentes.
Sin embargo, el camino hacia una adopción plena de la IA en el sector público no está exento de retos. Uno de los más evidentes es la necesidad de formación. La IA no puede ser vista simplemente como una herramienta que reemplaza al trabajador humano; y su implementación requiere que los empleados públicos adquieran nuevas habilidades para gestionar, supervisar y colaborar con estas tecnologías. Lo mismo sucedió – tal y como hemos dicho antes – cuando implantamos nuestros modelos más exigentes de Administración electrónica, solo que ahora, me vais a perdonar, pero el reto es aún mayor y más acuciante. O le damos la vuelta al modelo, o el modelo nos la dará a nosotros como empleados.
Además, la implementación de IA plantea importantes cuestiones éticas. ¿Cómo aseguramos que los algoritmos que deciden el destino de los recursos públicos no perpetúan sesgos o discriminaciones? La creación de marcos éticos y legales sólidos es esencial para garantizar que la IA se use de manera justa y transparente. Esto requiere un compromiso de los líderes del sector público para promover un uso responsable de estas tecnologías, asegurándose de que se respete la privacidad y los derechos de los ciudadanos. ¿Y de liderazgo cómo vamos? Solo hay que preguntárselo a los propios empelados públicos.
El potencial transformador de la IA para la Administración Pública es enorme, pero la ventana de oportunidad no estará abierta para siempre. Si no aprovechamos este “último tren” para modernizar nuestras organizaciones, corremos el riesgo de quedarnos irremediablemente atrás.
La IA puede ser el catalizador que impulse una Administración más ágil, transparente y eficaz, pero para ello es necesario un liderazgo valiente y una visión clara de hacia dónde queremos llevar nuestras instituciones.
Es hora de que las Administraciones públicas dejen de mirar con escepticismo a la tecnología y empiecen a verla como una aliada clave en su camino hacia la modernización. El último tren está en la estación, y es hora de decidir si subimos al mismo o nos quedamos en el andén viendo pasar el futuro ante nuestros ojos.
