Hay dos ámbitos de gestión pública sobre los que hay que prestar especial atención sobre el potencial impacto de la robótica en la Administración pública: sanidad y educación. Estos dos sectores van a ser los más críticos y tensionados en los próximos 20 años por el impacto del envejecimiento de la población. Hay pronósticos que consideran que este impacto podría impulsar en gasto adicional del 12 por ciento del PIB por el impacto en las pensiones, pero fundamentalmente por las nuevas necesidades en sanidad y en servicios sociales. Este incremento del gasto es inasumible para el sector público y difícil de absorber para el sector privado. El problema del envejecimiento de la población va implicar grandes cambios conceptuales sobre cómo se concibe tanto la sanidad como los servicios sociales. Por ejemplo, deben transformarse los roles de los hospitales y de las residencias de ancianos tal y como ahora los conocemos. Son dos tipos de infraestructuras y servicios aparentemente imprescindibles ante el envejecimiento de la población pero que son muy costosos económicamente y muy poco atractivos para los usuarios. Nadie quiere ir voluntariamente ni a un hospital o clínica ni a una residencia de ancianos. Por tanto, hay que orientar la tecnología 4.0 para cambiar los canales habituales de canalización de los futuros ancianos ante las enfermedades crónicas y o ante la situación de dependencia física y cognitiva. En primer lugar, habría que diseñar una nueva red de centros sanitarios de proximidad donde se puedan atender las enfermedades crónicas de los ancianos y también los cuidados paliativos. Estos centros podrían prestar sus servicios de manera mucho más confortable y económica a los ancianos y dejar a los hospitales (maquinarias que generan un enorme gasto y que son poco atractivos y confortables) para los traumas y las situaciones más excepcionales. En segundo lugar, hay que redefinir las políticas sobre la dependencia de las personas mayores. Las residencias de ancianos son odiosas socialmente e inasumibles económicamente tanto para el sector público como por la vía privada para la mayor parte de la sociedad. Por ejemplo, Dinamarca ha decidido recientemente prohibir la creación de nuevas residencias de ancianos por considerarla una mala opción tanto en el plano social como en el económico. Lo que desean los ancianos es vivir en sus domicilios. Por tanto, es necesario redefinir los servicios sociales para fomentar la residencia domiciliaria de las personas mayores. La inteligencia artificial y la robótica pueden y deben facilitar este proceso sin incrementar en exceso las plantillas de personal vinculadas a los servicios sociales. Hay que repensar también las ciudades para que sean habitables para los ancianos con problemas físicos y cognitivos. Reiteramos que los cambios no son solo tecnológicos, sino que deben tener nuevos marcos y referentes conceptuales. Por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona se ha planteado (de momento solo a nivel teórico) reordenar el parque inmobiliario de la ciudad de las plantas bajas pensadas para comercios que ahora están vacíos y en desuso (ante los cambios del modelo de consumo) para reconvertirlos en domicilios particulares o colectivos en los que puedan residir los ancianos a precios públicos. Son solo ejemplos, pero en la Administración pública del futuro será crítico e imprescindible repensar conceptualmente, aprovechando el cambio tecnológico, la sanidad y los servicios sociales para mantener o incrementar los estándares actuales de calidad, pero con unos costes económicos mucho más bajos. En esta estrategia deberíamos invertir nuestras mayores capacidades institucionales de inteligencia colectiva.
