Los salarios de los empleados públicos locales (I)

5

Los salarios de los empleados públicos locales (I)

1. Siempre ha habido clases
Días atrás he podido tener acceso a las tablas salariales del  Ayuntamiento de la Capital de la Comunidad Autónoma y he podido comprobar que existen unas diferencias salariales abismales entre lo que cobra un funcionario allí y entre lo que cobra un funcionario en un pueblo mediano o pequeño. Y no sólo hay notabilísimas diferencias en cuanto a salarios, las hay también en cuanto a otro tipo de mejoras sociales, como por ejemplo ayudas para gafas, lentillas, guarderías, estudios, premios por jubilación anticipada, planes de pensiones, gastos médicos de odontología, ortodoncias, determinadas operaciones, tratamientos especiales (no sólo para el propio funcionario sino para la familia), ayudas protésicas etc, dietas por acompañamiento y estancia de enfermos fuera del término municipal, reducciones o pases para instalaciones deportivas municipales, museos, seguros de vida, sistemas de salud concertados al margen de la Seguridad Social, métodos anticonceptivos, y tratamientos con medicinas alternativas, sin que todo eso sea exhaustivo. Por supuesto también muchos ‘moscosos’ y días por diversas causas. Y exploran aspectos como el inicio de experiencias de teletrabajo y en fin una larga lista de beneficios.

Estas estupendas condiciones pueden predicarse de otras instituciones como las Diputaciones. Además de los jugosos salarios, el resto de beneficios sociales son un aparte, en realidad son retribuciones en especie que no computan como salarios pero que si se suman al final de un año, suponen a su vez mucho más aun de lo que en realidad ya se percibe de por sí.

Seguro que el que haya leído los dos primeros párrafos anteriores pensará: claro, envidia que tienes, oposita a ese Ayuntamiento. Naturalmente que sí, ciertas las dos cosas, envidia, toda. Y con respecto a opositar, ninguna objeción, a pesar de que he pasado varias oposiciones. Pero es que no se trata ahora de eso. Lo que quisiera es reflexionar sobre las razones por las que en este país, a iguales trabajos y similares y a veces incluso superiores responsabilidades se perciben rentas salariales tan diferentes por lo inferiores que son unas con respecto a otras.

Si se va a la realidad de la función pública local (o por ser más genérico del empleo público local) de los perdidos pueblos del agro montaraz, uno se da cuenta de que en muchos minúsculos Ayuntamientos la mayoría de los empleados están cobrando no mucho más del salario mínimo interprofesional y, por supuesto, mejoras, ni una. Si quieres gafas, te las pagas. Si quieres dientes, igual. Etc. Y no es que toda esa gente no sean tan buenos trabajadores, eficientes, productivos, comprometidos o implicados en su trabajo como los de la Villa y Corte Capitalino-Autonómica.

Bueno y esto ¿por qué es así? Apuntemos unas cuantas razones para, al menos, tratar de abrir la discusión, si es que hay alguien interesado en ella.

2. Capacidad financiera
Para empezar hay una sensible diferencia de capacidad financiera entre unas instituciones y otras. Si en la Capital (más de 600000 habitantes), echando “números gordos” se dispone de una financiación media de 1190 ó 1200 € por habitante y año, en un pueblo de 1000 o 1500 habitantes se dispone, con suerte y si se aprieta fiscalmente a los ciudadanos, de unos 800 € por habitante. Salvo que tenga una industria potente o algo especial. Ojo, no es que el ciudadano pague menos impuestos. Este ciudadano paga como todo hijo de vecino, aunque además no recibe tantos servicios como los de la gran ciudad. Eso sí, los que recibe suelen ser de buena calidad al tener que ser compartidos entre mucha menos gente. Eso es mucho dinero.
No vamos a insistir ahora en la problemática financiación local para no aburrir a las ostras, siempre acabamos en el mismo tema, pero cómo no apuntar levemente que la capacidad financiera (por supuesto en términos relativos), y por lo tanto la autonomía local, es muy inferior en un pueblo que en una ciudad. Primer factor por lo tanto, evidente. Una ciudad tiene mucho más dinero.

3. Papel de políticos y de sindicatos
a) El papel de los políticos locales de la Ciudad y de los sindicatos es el segundo de los factores. Ya se sabe, si retomamos el viejo discurso de todo eso de la lucha de clases, la presión sindical, las medidas de fuerza, las barricadas y los necesitados votos de los políticos y las muchas veces  irresponsables decisiones que adoptan sobre el gasto público, tenemos el cocktail perfecto para que, sin prisa pero sin pausa, se vaya transigiendo poco a poco en las sucesivas y siempre inagotables (como no puede ser de otro modo) demandas laborales. Como en las películas de James Bond, el conflicto es como el Martini seco con vodka de James Bond, mejor “no agitado”.

Por una parte, evidentemente, los políticos aspiran a tener paz social, que no les enreden mucho que se juegan cada cuatro años el cargo y muchos viven de ello. Y si por una parte se monta una huelga, mal, porque los ciudadanos le reprocharán su ineficacia y sufrirán las consecuencias del parón de servicios públicos. Y por otra parte, si hay 5000 ó más empleados públicos y sus familias, estamos ante un grupo que constituye un gran nicho de votos,  mejor no meneallo. Diferencia con un pueblo: nunca se montará una huelga, los pequeños progresos sociales que se hagan se lograrán a base de medidas discrecionales o por el fenómeno físico de la simpatía.

b) Y el segundo de los actores de la función, los sindicatos, con una buena cantidad de liberados que se dedican exclusivamente a las labores sindicales. Sindicatos que lo que desean, a costa de lo que sea, es tener muchos delegados para ser muy representativos y estar en todas las mesas generales y sectoriales. Diferencia con un pueblo: seamos sinceros, a los sindicatos no les importa nada la cuestión social de los empleados públicos de los pueblos. Ni siquiera existen en la mayoría de los casos elecciones, así que no hay nada que ganar. Sí que se oye de vez en cuando que sería conveniente constituir una Mesa General en la que se estableciese una negociación entre representantes electos (FEMP) y sindicatos más representativos y que tuviese efectos en todas las entidades locales adheridas. Pero últimamente no se oye nada siquiera acerca de ello. Jurídicamente y salvo una modificación normativa, tampoco se podría obligar a los Ayuntamientos a asumir las decisiones de esa Mesa general, deberían ir ratificándose en cada Ayuntamiento los acuerdos que se lograsen. Los sindicatos hace tiempo abandonaron a su suerte a los empleados de los Ayuntamientos pequeños. Bueno, en realidad nunca les abandonaron, en realidad nunca estuvieron.

Compartir
Artículo anteriorConjuntos históricos y costas geográficas y procesales
Artículo siguientePor una mejor selección de los funcionarios locales
Ignacio Pérez Sarrión es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en el año 1980 y Funcionario con Habilitación de carácter Estatal, perteneciente a las subescales de Secretaría-Intervención y Secretaría de Categoría Superior. Actualmente ejerce en el Ayuntamiento de Torres de Berrellén (Zaragoza).

5 Comentarios

  1. La negociación colectiva en la administración local és muy rica y diversa, tanto por la realidad socioeconómica de cada entidad local, cómo por las capacidades negociadoras que se concreten.

    En Cataluña existen cientos de convenios y acuerdos en el conunto de sus entidades locales. Cientos de convenios y acuerdos, con centenares de condiciones económicas diferenciadas, condiciones sociales, permisos… Al mismo tiempo esa gran extensión de productos de la negociación colectiva coexisten con la realidad de un gran número de trabajadores laborales y funcionarios (empleados públicos) que no disponen de ninguna regulación pactada y se regulan exclusivamente por la legislación y la «praxis» de cada entidad en concreto.

    Desde CCOO queremos tener más representatividad (eso creo que és lícito, si se consigue con médios lícitos y trabajo sindical) para poder negociar más. Desde hace muchos años hemos intentado conseguir que las dos entidades municipalistas, presentes en Cataluña,se sienten a negociar un acuerdo marco, o de mínimos, para servir de referencia y aplicación al conjunto de municipios y empleados públicos que no tienen esa capacidad o posibilidad de negociación. La respuesta, hasta ahora, ha sido siempre nula y ha imposibilitado explorar un camino que, a nuestro parecer, no tiene más que ventajas.

    1.- Permite abordar elementos negociados mínimos a aplicar en el conjunto de empleados públicos locales de Cataluña.
    2.- Serviría de elemento homogeneizador por la base en tanto que muchos acuerdos y convenios negocian constantemente elementos asumidos por ambas partes, pero que se concretan en textos y redacciones completamente diferentes y que van «separando», cada vez más, la búsqueda de soluciones comunes.
    3.- No eliminaria la voluntad de las partes de negociar específicamente, bien el global del acuerdo o una parte de los mismos.

    Explicado ésto, espero que sirva para reafirmar nuestra voluntad de trabajar sindicalmente para el conjunto de los empleados públicos (CCOO no es un sindicato corporativo), a pesar de las dificultades que implica la extensión territorial y la diversidad. (Cataluña 896 Ayuntamientos; 41 Consejos Comarcales; 4 Diputaciones; diversas mancomunidades; cientos de organismos autónomos y empresas municipales; consorcios…).

    Un saludo y adelante con las reflexiones.

  2. El artículo de Ignacio está bien orientado y además resulta de lo más oportuno, cuando se habla tanto de reducir el gasto público. Aquí hay una cuestión de fondo que todavía no nos atrevemos a enfrentar y que sería la siguiente: No toda la diversidad extraordinaria que se da en nuestro país, resulta justificable por las diferencias tan acusadas y reales existentes en el mismo, sean de tipo económico, territorial, geográfico, poblacional, etc. La forma de organizarnos políticamente ha multiplicado artificial, interesada y arbitrariamente, la disparidad y la divergencia de situaciones y derechos en los ciudadanos (en este caso en los empleados locales), fuera de cualquier racionalidad y por encima de cualquier consideración sobre costes (coste-oportunidad, coste-beneficio, etc.), eficacia y eficiencia.
    Por poner un pequeño ejemplo: los supuestos derechos lingüísticos y la discriminación «positiva» de una lengua particular, son «razón de estado» para determinados gobiernos autonómicos, provinciales y locales, ya se contradiga la Constitución, ya se afecte a derechos fundamentales, ya se dispare el déficit público o ya se deje de gastar ese dinero en Sanidad o Justicia o en bienes y servicios de primera necesidad o de preferente aplicación a los seres vivos más necesitados, en vez de a las entelequias.

    En cualquier caso y mientras llega el día en que decidamos abordar ese grave problema que no solo es político y electoral, sino que a la larga lo será social, cuando veamos hundirse a la economía española, todavía más de lo que está, por su culpa; voy a comentar un par de cosas:

    En el apartado 2 del artículo de Ignacio, me ha parecido ver algo así como una «petición de principio» en términos de Lógica, o un silogismo incompleto, o una conexión no justificada o una conclusión sin razonamiento previo, cuando se afirma:

    «que la capacidad financiera (por supuesto en términos relativos), y por lo tanto la autonomía local, es muy inferior en un pueblo que en una ciudad».

    Entiendo que esta frase quizá necesite de alguna explicación añadida, pues el conocimiento empírico me dice que hay Ayuntamientos con muy escasa capacidad financiera, pero en los que la autonomía local campa por sus respetos, hasta el punto de poderse afirmar que hay ediles y vecinos en componenda que hacen lo que les da la gana, más allá de cualquier norma y digan lo que digan las leyes.

    Por último y en relación con los Sindicatos Españoles, uno no sabe si estaría mejor defendido con ellos o sin ellos. Lo de «más representativos» es una ocurrencia «literaria» de los textos legales, más que un hecho real, pues resulta difícil encontrar en toda Europa, Sindicatos con un índice de afiliación más bajo que los españoles. El sindicato español más representativo es el de la no-sindicación, si me permitís la boutade. No hace falta ser muy listo, para darse cuenta de que su poder viene de los Presupuesto Generales del Estado, por decisión de los Partidos en el Gobierno que los financian con dinero público, para que no den problemas y tenerlos dentro del redil, como si fueran orgánicos o verticales; y como hacen también con los propios Partidos Políticos «más representativos», que igualmente tienen unos índices de afiliación irrisorios entre la población española. Es por ello que cuando se sientan a negociar en cualquier Mesa, esta clase de Sindicatos (que no estos Sindicatos de clase), grandes capas de población (parados, amas de casa, habilitados estatales, opositores, estudiantes, jovenes subempleados y subformados, etc.) podrían echarse a temblar, si no fuera por que la Sociedad y los Medios les han hecho creer que su precaria situación y el deterioro de su calidad de vida, se deben a sus carencias y defectos individuales y no a la forma en que políticamente se reparten los recursos públicos; algo que no sucedería, si tales colectivos estuvieran menos aislados, fueran menos ignorantes y tuvieran mayor conciencia social reivindicativa.

    • Creo que la diversidad lingüística no és el problema y que con este tipo de opiniones lo único que se hace es «politizar» la cuestión. El problema és que en la práctica existen unos trabajadores con unos derechos que, al parecer, se encuentran limitados únicamente por la negociación colectiva (los pertenecientes a grandes empresas o a «sectores estrtégicos») y que otros trabajadores que no se benefician en tal medida o en nada de dicha negociación.
      En el ámbito de las Administraciones Públicas a cuyo personal se le paga desde el presupuesto público y con fondos públicos creo que se deberían establecer unos límites claros a la disposición de estos fondos públicos mediante la negociación colectiva y que el cumplimiento de estos límites fuera efectivo. Por otra parte tambien creo que és muy necesaria la negociación del acuerdo marco, o de mínimos apuntado a fin de disminuir las diferencias entre unos y otros trabajadores pero siempre dentro de los límites señalados.

Dejar respuesta