Por una mejor selección de los funcionarios locales

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Por una mejor selección de los funcionarios localesEl Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de las Administraciones locales ha publicado una “Declaración” llamando la atención sobre la necesidad de que el Estado asuma sus responsabilidades y regule aspectos indispensables para mejorar la función pública local. El documento es bien interesante y sensato. Señala la conveniencia de una mínima regulación estatal, que armonice puntos esenciales de estas funciones tan trascendentales para la buena marcha de los Ayuntamientos y Diputaciones. Y es que los temores que muchos albergábamos tras leer la última reforma legal sobre el empleo público se están confirmando con el consiguiente deterioro de la Administración local. La fragmentación de la Administración hace que muchas Comunidades autónomas todavía no hayan precisado su normativa; que muchas plazas queden sin cubrir (con lo que se favorece el clientelismo); que estos singulares funcionarios tengan más dificultades para controlar las actuaciones municipales y, con ello, se extiendan las ilegalidades y corruptelas entre algunos representantes políticos.

Hay que insistir en que los puestos de tesorería, intervención y secretaría (¡se pide el retorno del secretario general!, ¡de acuerdo!) estén desempeñados por profesionales “excelentes”; que haya una carrera bien definida y una posibilidad de promoción; que estén claros unos méritos generales para todo el Estado (¿ya se ha olvidado que la legislación que califica a estos funcionarios claves de “cuerpos nacionales” fue la Ley de 1935 durante la II República?). Reivindicaciones lógicas.

Y otras también esenciales, como la regulación de un sistema de selección. Siempre han tenido gran prestigio estos funcionarios por la amplitud de los temarios y la dificultad de las pruebas de la oposición, dificultad que se incrementaba con la gran competencia existente. El sistema de selección es el presupuesto para conseguir que los funcionarios no sólo tengan unos conocimientos básicos, sino capacidad sobrada para enfrentarse a la cada vez más compleja gestión pública local. Pide así el documento que, al menos, un ejercicio sea oral. Esa es la mejor prueba para que públicamente se advierta la capacidad y competencia del opositor. ¡Cuánto insistimos en las Facultades de Derecho en la necesidad de que se sepa hablar y cómo nos preocupa el nuevo sistema de acreditación del profesorado sin ninguna prueba pública ni competencia! Me alegra que desde ese Colegio se defiendan las ideas de forma tan clara.

La sensatez de la declaración me hace temer que no será atendido… sólo quizá se reformarán otros aspectos que a mí me parecen irrelevantes. Me cansa la confusión entre el género de las palabras con el sexo de los funcionarios, sé que esta opinión nada gustará a los lectores que se mueven en las convenciones políticas. Tengo el honor de contar con excelentes amigas que aprobaron las oposiciones de Secretario, que ocupan puestos en la Intervención y en Tesorerías, de las que mucho aprendo, y que no necesitaron ningún sistema de cuotas para acceder a la función pública y que se sonríen cuando les leo esas frases tan artificialmente complicadas por los errores gramaticales, que dificultan la lectura de los textos con tanta repetición como “los y las Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as”.

En fin, quizá esta Declaración consiga que la próxima ley esté salpicada, no con medidas que reconozcan la dignidad de la función pública, pero sí con la multiplicación de palabros que confunden el lenguaje.

10 Comentarios

  1. Es necesario uniformar el régimen de los habilitados nacionales (o estatales, o como quieran llamarnos), y no establecer recortes en el sistema de acceso a la profesión, haciendo que continuamente cotice «a la baja». Pero si eso no va unido a una reforma del sistema, y una reforma de verdad, no «modernizaciones» etc., que realmente tratan de encubrir otras cosas, sino que se dote de independencia a los habilitados (y entre ella, la económica, no dependiente del Ayuntamientode de turno).
    Ahora bien, también hay que hacer autocrítica: no son pocos los habilitados que prefieren el sistema actual, donde se «mueven» mucho más cómodos, y donde flirtean con la política (en el peor sentido del término) continuamente, prescindiendo de criterios jurídicos y técnicos, que son a los que debemos atender en nuestra actuación.
    Cuando se trata de actuar con independencia, rigor y objetividad, el habilitado se convierte en un «enemigo» del Ayuntamiento, y así es visto: se trata de apartar como sea a ese funcionario «molesto», y desde entonces las zancadillas no son pocas (incluso procedentes de otros compañeros habilitados).
    Es muy compleja la situación. El control interno se encuentra muy limitado (adelgazado hasta el límite), y cuando se pretende ejercer las presiones no cesan (incluso las alientan otros habilitados que anhelan obtener algún que otro favor). Recuperar un sistema de control medio razonable es tarea casi imposible. Lógicamente, los controlados no van a cambiar el sistema de juego y dar fuerza a sus controladores internos.
    En cuanto a lo que señalaba Ignacio Pérez, sobre si el sistema ha sido dinamitado de forma voluntaria o no, creo que es evidente que nada de lo que aquí sucede es casual, y que siempre atiende a los intereses de una parte.

  2. En la medida en que se permite renunciar libremente a las plazas se está favoreciendo la pugna entre compañeros por plazas de superior escala o categoría, de echo que este problema es cada vez más gravoso y se configura como una espiral, de modo que a mayor número de nuevos habilitados, mayor número de renuncias y mayor número de enfrentamientos por las mismas plazas.
    Solución es que si se quieren seguir sacando plazas no deben permitirse las renuncias a las mismas, lo cual da lugar a irregularidades como la consolidación indebida del grado (para obtener un mayor número de puntos y/o retribuciones al cambiar de plaza), cuestión que hace que se tenga un doble baremo de legalidad y que se de una imagen pésima al político. ¿Cómo vamos a exigir si no damos ejemplo?

  3. Interesante entrada con cuyos criterios creo que es fácil que coincidamos muchos y que destaca el acierto de la declaración elaborada por el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.

    Solo una apostilla: sería muy importante que el valor y el peso de nuestra profesión estuvieran más considerados y esta -en sí misma- más dignificada y «soportada» o apoyada desde las más altas instancias del poder (lo que se h echado en falta con ocasión de la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público), así como que la necesidad del ejercicio de nuestras funciones estuviera más consolidada entre las convicciones de la gente en general.

    En este sentido, frente a quienes voluntariamente pretenden suprimirnos (2), considero de mucho interés aportaciones de intelectuales de cierto prestigio que como conocedores de la realidad difundan sus opiniones llevando la luz en estas cuestiones al ciudadano anónimo.

    En este sentido son de agradecer -además de las aportaciones ocasionales de profesores como D. Francisco Sosa Wagner (1), p.e.- las consideraciones de otros profesionales coincidentes con nuestro enfoque, esto es, con un punto de vista razonable que en el fondo solo pretende aumentar la eficiencia de la Administración Local por medio de profesionales especializados que puedan asistir a los responsables políticos con una preparación relevante ad hoc y además indirectamente servir como freno a la propia corrupción, evitando su existencia mediante actuaciones de control previas a su gestación.

    Así, creo que debe destacarse hoy la entrada en el blog de LA NUEVA ESPA

  4. Creo que por primera vez coincido al máximo, tanto con articulista, como con comentaristas: Mercedes, Ignacio, Rodrigo (aunque mantengo con él una amigable discrepancia sobre la existencia de control interno en las Corporaciones Locales), Marida, Pablo, e incluso con los aludidos Francisco Sosa y Sevach.

    Estamos ante una buena ocasión para reclamar con ardor, medidas radicales (pero sensatas y razonables), en cuanto a la Habilitación Estatal, la Función Pública Local y el funcionamiento de la Administración Local en general. Debemos aprovechar la existencia de un mínimo clamor popular contra la corrupción política, de un incremento de la desafección ciudadana hacia la clase beneficiaria de la misma y de alguna preocupación entre dicha clase, por una posible desmovilización masiva de los votantes.

    Sin embargo, tengo motivos para ser pesimista. Históricamente se ha visto la muy escasa o nula capacidad de presión reivindicativa que tienen los Habilitados, su desinterés por el interés general y el papel ambivalente y traicionero que han jugado los Colegios de Habilitados, cuyo rol con respecto a la Profesión, me recuerda mucho el famoso haraquiri que se hicieron las Cortes Franquistas.

    Aunque haya dentro del colectivo de Habilitados, bastante más gente sintonizando con las ideas arriba expuestas, aparte de nosotros, hay que reconocer algunas cosas como las siguientes: estamos muy aislados, no se nos escucha, tampoco se nos hace caso, no hacemos huelgas y estamos fuertemente divididos (PSOE/PP, Derechas/Izquierdas, Constitucionalistas/Tradicionalistas, Centralistas/Nacionalistas, Urbanos/Rurales, Católicos/Laicos, Modernos/Arcaizantes, Ilustrados/Castizos, Europeístas/Costumbristas, Vendidos/Rebeldes, Integrados/Individualistas, etc.); pero yo diría que con un claro predominio de las posturas más conservadoras, contemporizadoras, acomodaticias, aprovechadas, pasivas, derrotistas y claudicantes.

    En una

  5. Me pregunto yo si sería posible lo siguiente:

    Es posible que tanto interventor como tesorero como secretario sean tres piezas claves dentro del ayuntamiento, y sean puestos ocupados de manera accidental pero de forma perenne por personas afines al partido que gobierna y no se dote presupuestos para que esas plazas salgan en la oferta publica y sean ocupadas por personas seguramente mas formadas y capaces pero no tan influenciables como las que la estan ocupando accidentalmente?.

    Y otra pregunta:
    Hasta que punto es legal que para la provisión en propiedad de una plaza de Tecnico Superior en Tributos se limite el poder optar a ella el estar en posesión del Titulo de licenciado en Derecho, que pasa que los licenciados en Económicas no sabemos de Impuestos, ni de Ordenanzas Fiscales, ni de Ley General Tributaria?,… entonces debemos de deducir que los Licenciados en Derecho tampoco sabrán mucho de Contabilidad Publica,…no?.

    En fin, que hace falta una normativa que armonice todo este caos, porque de esta forma, como estamos viendo, nada mas que se favorece la aparicion de corruptelas, corruptelas y más corruptelas.

    Muchas gracias, un saludo.

  6. Detrás de todo lo que se comenta, en lo que estoy de acuerdo casi al 100%, subyace la corrupción sistémica que en la dministración local existe en nuestro pais, hasta ahora marcada por los desmanes propiciados por el urbanismo, que visto lo visto, valdria más que dejara de ser competencia local y ahora, en tiempos de crisis, en que los políticos, al no poder lucrarse con el urbanismo, mas nítido y limpio, pretenden medrar directamente del presupuesto, al estilo Matas en Baleares, retorciendo la contratación pública hasta ponerla al servicio de las comisiones y la corrupción.

    Por desgracia los FHE estamos ante esto prácticamente solos en nuestras corporaciones, los demás funcionarios o no se atreven, o, directamente, especialmente entre arquitectos y ingenieros, participan de ella (los más corruptos entre los funcionarios, mas que nada por sus especiales fucniones en su respectiva corporación), eso sin contar con los cargos de confianza, cuando se les atribuye funciones de gerencia o dirección.

    Además estan los casos sonados de El Ejido, Santa Coloma etc. donde el Interventor es un accidental puesto a dedo, para que participe en el cotarro.

    Pese a ello, la mayoria de Interventores informamos por escrito de lo que observamos, emitimos reparos, informes de fiscalización negativos etc. pero todo ello, además de servir para enemistarte del político de turno, acaba cayendo en saco roto, puesto que ni la propia oposición es capaz de llevar determindas actitudes ante la justicia o ante el Tribunal de Cuentas, pese a lo efectivo que resulta éste último.

    Quizás deberia existir un mecanismo legal en que el propio interventor pudiera estar legitimado activamente para denunciar ante el tribunal de cuentas determinadas actuaciones, que creo que seria bastante efectivo, porque si algo les duele, es que les toques el bolsillo, ya que la jurisdiccion penal les trae al pairo (la inhabilitación les pillará cuando no estén, y las condenas penales suelen ser muy leves).

  7. En pueblos pequeños y medianos, los arquitectos e ingenieros municipales a los que se refiere Torcuato, ni siquiera son propiamente funcionarios (porque no se quiere que lo sean), digan lo que digan el Estatuto Básico del Empleado Público o las Leyes Autonómicas de Función Pública. Es decir: como se trata de unas piezas básicas en el engranaje de la corrupción, no se quiere a funcionarios independientes en esos puestos, sino a meros contratados de confianza que estén a merced de los amos de las Corporaciones y que se forrarán si «se portan bien», como pasa en las Mafias. ¿Acaso creeis que los bandoleros de hoy en día, van por los montes asaltando carruajes?. No señor, con el progreso de la civilización, los bandidos se fueron integrando en las instituciones locales al servicio de los caciques, donde roban todos mucho más y mejor, arropados por una plebe que los admira y envidia.

    En cuanto al Tribunal de Cuentas, no nos olvidemos de que no es un Tribunal, sino un órgano del Parlamento (léase de los Partidos), de mínima eficacia práctica y que deja fuera de su ámbito de actuación a muchas CCAA.

    Por otra parte, las tropelías que se hacen en los Ayuntamientos son propias tanto de los Tribunales Contencioso-Administrativos, como de los penales. Si no funcionan esas Jurisdicciones, habrá que reformarlas, porque nos jugamos en ello la existencia de un Estado de Derecho en España.

    En cualquier caso, no me parece mal la propuesta de Torcuato, aunque yo prefiero la figura que hay en los Ayuntamientos suecos y que en español la llamaríamos «El Chivato Municipal»: un funcionario intocable y superprotegido que tiene como única y exclusiva función: denunciar a las Autoridades Superiores y a los Tribunales, cualquier irregularidad que vea.

  8. también en la administración publica se pueden poner objetivos y premiar en función de productividad, ideas, colaboración, participación, etc.
    Ojalá este excelente comentario llegue a alguna de esas cabezas poco pensantes

  9. Una de las causas de la crisis actual es la falta de control. Un control eficaz en los Ayuntamientos es imprescindible para evitar el despilfarro y la corrupción. Un pilar importante de ese control en las entidades locales debe el Secretario y el Interventor. Para ello es necesario el ejercicio de un control independiente. No puede serlo si existe un dependencia económica y de todo tipo de los alcaldes y presidentes de las Diputaciones. ¿ Por qué no dependemos del Estado, o de las Comunidades Autónomas, si no es del primero? No interesa a los políticos. Y lo que es peor, no interesa también a muchos Secretarios e Interventores. Así nos luce el pelo. Y nos lucirá cada vez más. Corren malos tiempos. Y en parte es por culpa de los propios habilitados nacionales. Penoso.

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