No voy a entrar a enjuiciar las medidas anti-endeudamiento con las que el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo ha sorprendido a las entidades locales, ni a la forzada rectificación temporal con la que alguien con no muchas luces o excesiva desfachatez ha querido tomarnos por tontos. Me remito a lo ya escrito aquí, excelentemente, por Rodrigo Ortega, reconociendo, eso sí, que la deuda municipal global y la de no pocos municipios es un lastre inasumible que debe ser enjugado y reconducido, incluso con medidas penalizadoras. Pero dicho lo anterior, es una obviedad que el recorte o la suspensión inversora la padecen los ciudadanos, que teóricamente tienen similares derechos en cualquier punto del territorio nacional y que, sin capacidad para concertar créditos, los Ayuntamientos difícilmente podrán hacer frente a lo que el artículo 18, en relación con el 26, de la ley básica local reconoce como derechos de los vecinos. Los Consistorios pagarán menos intereses en el futuro, pero el futuro, desolador, lo pagarán los ciudadanos y los intereses generales, que no los bancarios, de la población.Pero, a modo de confesor inquisitivo, procede repasar algunos de los pecados de nuestros municipios. El primero, que son muchos. Pero de eso no parece que tengan culpa, pues como es bien sabido, esa fragmentación viene de las Cortes de Cádiz.
El segundo, que están mal avenidos en muchos casos, por localismos o distinto color político, lo que aborta fórmulas mancomunadas –o más ambiciosas-, con las consiguientes deseconomías de escala. Siendo esto cierto, la responsabilidad debe ser compartida con las fuerzas políticas que nutren las Corporaciones y con el propio sentido localista de la población.
La tercera recriminación, muy vinculada a las dos anteriores, es que no están dispuestos a desaparecer en un proceso de fusión en el que pierdan capitalidad y denominación. Pues bien, además de que es comprensible que no acepten tamaño sacrificio, la culpa, por falta de coraje, es de las Comunidades Autónomas a las que, tempranamente, el artículo 148 de la Constitución confió tal labor de cirugía reductora.
La cuarta falta, de la que ya escribí más veces, es el número desmesurado de concejales, diputados provinciales y demás cargos insulares o comarcales, muchos de ellos liberados. Pero aquí la culpa es de las leyes, estatal –caso de la LOREG– o autonómicas. Los entes locales no aprueban leyes y su única mácula, no siendo pequeña, es la de fijar sueldos y dietas a veces escandalosos.
El quinto pecado, capital, es justamente jugar con el capital a través de sociedades, fundaciones y otros engendros organizativos. Pero también es culpa del legislador; ese mismo que declaró aplicable la LOFAGE y tantas otras cosas, al sector público local y que ahora se apresta a la posible convalidación del Decreto-Ley del pasado día 20.
Un sexto motivo de contrición estaría en su régimen de personal, a veces caótico y proclive al dedo de la confianza –aunque se llame libre designación-, en detrimento de la tradicional independencia y rigor profesional de los hoy llamados funcionarios con habilitación de carácter estatal (obvio es que las Comunidades Autónomas son Estado). Pero, con o sin matices del Real Decreto-Ley 8/2010, quienes han devaluado a los viejos cuerpos nacionales son los padres y madres de la patria que supieron pulsar el botón pertinente más de una vez (no sólo en el EBEP).
La séptima causa de inculpación vendría dada porque la autonomía local se ha venido entendiendo, de facto (otra cosa dijo el Tribunal Constitucional), como una reducción progresiva de los controles de legalidad, apenas mantenidos en cuatro asuntos financieros, en aspectos supralocales, en los monopolios a extinguir y, no en todos los lugares, en la letra gorda del urbanismo (no en los convenios ni apenas en el planeamiento de desarrollo, donde el más limitado se monta un pelotazo). Pero la extinción de cualquier reducto tutelar no es, obviamente, culpa de los entes locales por más que reclamaran tal cosa y estén felices con la situación actual de dejar hacer, dejar pasar.
El octavo pecado, si llevo bien la cuenta, son las inversiones megalómanas y ruinosas de muchos Ayuntamientos, bien por móviles electoralistas del alcalde populista de turno, bien por querer competir con otros lugares, contratando, Dios sabe cómo, a un arquitecto de firma internacional y construyendo un equipamiento “emblemático” de escaso uso futuro y conservación insoportable para la Corporación y para cualquier gestor indirecto, entre los que no abundan las aportaciones beneficentes. Aquí sí hay culpa municipal, claro está, pero mucho mayor de los electores que, cuando les gusta un regidor demagógico, no dudan en votarlo hasta que una sentencia firme los retira del mercado electoral. Porque eso de que el pueblo es sabio y nunca se equivoca, habrá que cambiarlo porque no yerra siempre y acaba rectificando gracias a la bendita alternancia democrática.
Unido al anterior está el noveno pecado municipal: existe corrupción, transfuguismo doloso y delincuencia, en general, que, aunque sea en supuestos no muy numerosos, tarda una eternidad en ser atajada ejemplarmente. Pero eso será más bien responsabilidad de fiscales, jueces, policía e inspección de Hacienda que no son órganos de las entidades locales, precisamente.
Y el décimo pecado, quizá, sea un conjunto de carencias que se observan desde años atrás en el asociacionismo local. La FEMP, que en el último episodio pareció estar ágil y cambiar reducción de retribuciones por aplazamiento en la prohibición de concertar créditos, ni es única, ni está plenamente cohesionada, ni está al quite de todas las embestidas que puede padecer nuestro municipalismo. Particularmente, aún me gustaría saber qué dijo hace exactamente siete años dicha Federación, cuando la Ley 13/2003, de 23 de mayo, les metió a nuestros municipios costeros un importante mordisco en cuanto a sus facultades de explotación de los servicios de temporada.
En fin, que visto lo visto y reconociendo que hay que apretar el cinturón local –como tantos otros y más en el sector económico privado que parasita al Estado-, no tendría muchos reparos en absolver, con poca penitencia, al municipalismo español de muchas de estas culpas. Y, desde luego, no castigaría a todos los Ayuntamientos de forma indiscriminada como acaba de hacerse.
