Estoy seguro que cualquier partidario de cualquier grupo político del arco plenario municipal, de izquierda, derecha, centro y cualquier extremo o grupo independiente estará de acuerdo con el título: Nos merecemos gobernantes responsables.
Y la Ley de Bases del Régimen Local así lo establece en su artículo 78.1, al prever que son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente.
Entonces, ¿de qué va lo que nos quiere decir este tío?, pensará el amable lector que haya llegado hasta aquí.
Pues va de que este artículo existe desde 1985, pero son rarísimas las ocasiones en que se ha exigido esta responsabilidad, fuera del ámbito de la responsabilidad aneja a causas penales. Y es que hay dos dichos comunes que explican la escasa aplicación del supuesto: “perro no come perro” y “hoy por ti, mañana por mí”. Y es que la exigencia de la responsabilidad a quienes hayan votado favorablemente los acuerdos comienza por la necesidad de un acuerdo plenario. Lógicamente, quienes pudieran haber incurrido en responsabilidad no se la autoexigen, y si se produce un cambio de mayoría la nueva fuerza mayoritaria suele imaginar lo que le puede ocurrir si comete un error en el futuro.
En resumidas cuentas, debería implantarse un sistema de repercusión automática o por un órgano independiente de las responsabilidades de la Corporación en los causantes, siendo eximidos cuando se acredite la debida diligencia. Pero siendo investigada en todo caso por la Fiscalía, como defensora de los intereses públicos.
No es normal que, por mucha crisis económica que se atraviese, cuatro años de un gobierno municipal conviertan a un Ayuntamiento rico, al que le sobra el dinero, en un indigente que deba ser sometido a tutela financiera.
Por ejemplo, la afición de algunos Ayuntamientos de financiar negocios privados, con vistas a generar trabajo. La iniciativa es muy loable, pero cuando va bien, el empresario se forra y el Ayuntamiento recupera lo gastado y poco más, si lo recupera. Pero cuando el negocio genera pérdidas, el trabajo creado se destruye y el Ayuntamiento suele quedar endeudado. En cualquier caso, si hay que hacer frente a deudas importantes, las asumen los vecinos, no los aprendices de empresario.
Todos recordamos la majadería en el año 2004 de quien desempeñaba un alto cargo que decía “estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”, convirtiéndonos en nadie al 100 por 100 de los ciudadanos.
Hay que tener muy presente que el dinero público es de todos y que la imprudencia en su gestión, si genera un perjuicio económico, debe originar responsabilidad del imprudente. Si cualquier ciudadano tiene la obligación de comportarse con la diligencia de un buen padre de familia, el gestor público debería, como mínimo, aplicar la misma diligencia.
Pero hay un caso en el que la responsabilidad debería ser automáticamente investigada, sin excepción. Parece que en el ámbito público no se da, pero en los casos en que una Administración Pública pudiera ser condenada por mobbing o acoso laboral, los acosadores deberían responder siempre. Pero no basta con una responsabilidad que pueda ser punitiva, es imprescindible establecer una responsabilidad indemnizatoria que compense al acosado las penalidades sufridas. Y no importa lo desproporcionada que pueda parecer la respuesta que se establezca, ya que el que el acoso laboral se produzca en una Administración Pública es impensable; pero todos sabemos que hay casos.
Si has llegado hasta aquí, enhorabuena por tu paciencia, gracias por tu indulgencia y un ruego. Si sigues pensando que nos merecemos gobernantes responsables y estás de acuerdo conmigo, compártelo. A ver si entre todos podemos mover algo.
Responsabilidad, sí. ¿Mobbing? No, gracias.
