Bien, volviendo a lo nuestro, (ver primera parte) sólo quiero resaltar que la situación económica todos sabemos que es crítica, ciertamente, pero al hilo de todo esto, me permito, con todos los respetos, hacer alguna reflexión más:
UNO. Como decíamos al principio, ¿y las Comunidades Autónomas? Primero, en lo que yo conozco, son mucho más morosas que los Ayuntamientos. Segundo, están dejando sin efecto en estos momentos convenios plurianuales comprometidos con los Ayuntamientos, dejando a algunos de éstos en una situación límite. Caso concreto: inversión municipal en una cuestión de competencia autonómica. El Ayuntamiento contrata. finaliza la obra y pone en funcionamiento el servicio. Transcurre un año y la Comunidad Autónoma, que es quien tiene la competencia, aun no ha pagado su parte del convenio. El contratista, naturalmente tiene cantidades que se le adeudan y no las puede cobrar porque al Ayuntamiento ya no le quedan más fondos propios para adelantar. Y los responsables autonómicos tan contentos, a ellos nadie les dice nada, la causa de la causa es la causa del mal causado. Pero el moroso es el Ayuntamiento.DOS. El gasto desmedido en obras faraónicas tanto autonómicas como municipales ¿quién lo decidió? Desde luego que no el Interventor o Secretario-Interventor. Hay miles de ejemplos y no los vamos a citar aquí, de gastos realmente absurdos o dicho de otro modo, super-superfluos. ¿Qué les debería ocurrir a muchos irresponsables que tomaron decisiones inviables con unos jajajás en una comida (para más INRI de trabajo que ni siquiera pagaron ellos)? ¿Qué responsabilidades debería haber para Consejeros, Alcaldes y otros cargos políticos?. En el Real Decreto Ley se obvia.
TRES. Muchos dicen y decimos que es necesario reducir al máximo posible el fraude fiscal, pero en la práctica municipal diaria podemos observar cómo es verdaderamente difícil en los pueblos que determinados contribuyentes paguen sus deudas. También los Ayuntamientos deberían tener posibilidad de disponer de medios mucho más ágiles y contundentes para cobrar las deudas. ¿Por qué no permitir también que se haga a través de los presuntamente eficientes servicios de la Agencia Tributaria? Los servicios recaudatorios provinciales son manifiestamente mejorables.
CUATRO. ¿Volvemos a la tecnocracia? Bueno, sería quizás una solución pero no parece muy democrática. Echo de menos en el Real Decreto Ley medidas para que exista alguna consecuencia también personal para los políticos que decidan pasar del tema.
QUINTO. Desde luego el Real Decreto Ley es una medida que, como se está diciendo estos días en algunos sectores, está dejando intervenidos a los Ayuntamientos lo cual no sé si excede de las competencias estatales y sobrepasa ampliamente ese bonito principio, canto al sol como otros tantos, de la autonomía local. Por cierto la FEMP parece muy callada.
SEXTO. Viene muy al hilo en esta ocasión recordar la vieja reivindicación que desde muchos foros se ha hecho y es que si argumentamos que los FHE son necesarios en todos los Ayuntamientos porque realizan funcione públicas NECESARIAS (la redundancia es deliberada) al decir de la propia norma, por qué no hacerlos depender del Estado. Es decir, existiendo independencia en el ejercicio de la función interventora y secretarial, que fuera el Estado quien pagase a los mismos y ejerciese todas las competencias de selección, nombramiento, retribuciones, provisión y traslados y régimen disciplinario. Ahí estaría la verdadera independencia de estos funcionarios. Personal altamente preparado que se limita a hacer lo que debe hacer, sin instrucciones de ninguna administración.
Difícilmente se es independiente cuando le metes del dedo en el ojo a quien te da de comer.
Suscribo punto por punto el comentario completo.
Cuando veamos a algún interés político serio (más allá de las palabras, de una mera declaración de intenciones) en ajustar las cuentas a algunos de esos «irresponsables que tomaron decisiones inviables con unos jajajás en una comida» como bien dices, podremos creer que estamos en la buena senda. Mientras tanto, es difícil que algún «administrado» de este país adquiera verdadera conciencia de contribuyente, de persona de bien, de -en definitiva- ciudadano cabal. Y eso implicaría exigir responsabilidades, no sólo administrativas o políticas, sino civiles y penales. Al fin y al cabo están robando. Sin paliativos.
Suscribo lo dicho por Antonio y lo dicho por Ignacio, Muy especialmente lo puesto en el punto sexto. El nuevo Ministerio del que dependemos los Habilitados Estatales, ha dado muestras de cierta valentía en sus primeras decisiones y se le ve con ganas de cambiar algunas cosas o de actuar de un modo diferente a lo ya visto. Yo espero que el nuevo Gobierno se tome muy en serio la propuesta de recuperación por parte del Estado de las competencias en materia de Habilitación Estatal , si quiere poner orden de verdad en las Corporaciones Locales; si se quiere controlar el gasto público, alguien tendrá que fiscalizar allí dentro y necesitará un estatuto que le garantice una mínima independencia. Los Técnicos de la Unión Europea que van a Grecia a inspeccionar cuentas, no son pagados por el Gobierno griego, que yo sepa; eso les evita situaciones como la que he tenido que soportar yo esta mañana, en la que un Regidor de Hacienda del Ayuntamiento donde trabajo, me grita que no me va a pagar el sueldo, por no incluir en mi relación certificada de facturas, todas las que él quería meter.
El texto es un monumento al sentido común, con un par de matices que no cambian el argumento de que los ayuntamientos son las administraciones paganas de la crisis y que es necesario un funcionariado que pueda hacer su trabajo bien (aunque la independencia total no existe).
En la independencia está la clave. Todo lo demás seguramente no sucedería si los FHN dependieran estructuralmente y económicamente del ministerio. Y yo añadiría el indispensable refuerzo del papel de las Cámaras de Cuentas con responsables verdaderamente profesionales y no afectos a ningún partido político. Y por ende la de las responsabilidades penales y civiles a las que aquí se ha hecho referencia en aquellos supuestos en los que la fiscalización arroje luz sobre la posible comisión de delitos. Si verdaderamente el Gobierno quiere poner coto a todo lo sucedido y que nos ha llevado a la situación actual, debe ser valiente y de una vez por todas articular unos verdaderos mecanismos de control, independientes, eficaces y eficientes. ¿O seguimos dejamos al ladrón al cuidado de las gallinas?
De momento, la situación es que un interventor supuestamente estatal, puede ser amenazado con privación del sueldo y con expediente disciplinario por los caciques locales, para que certifique en falso, sin que el gobierno mueva un dedo para protegernos por cumplir la Ley. Enteresé de lo que pasa en la Administración Pública española Sr. Ministro Montoro y ahora disculpemé porque tengo que ir a los Juzgados penales para denunciar a los que me están forzando para que cometa delitos.