Estamos conociendo las cifras finales de la economía en 2013, con el retraso habitual según sea la dificultad de elaboración, o la trascendencia política que comporten. En todo caso, hay una realidad evidente, de la que se había advertido al Gobierno desde muchos frentes, y que éste ha ignorado sistemáticamente: por mucho que suba la presión fiscal, no es seguro que aumente la recaudación; es más, algunos pensamos que sucede justo lo contrario, que baja.
Desde el inicio de su gestión, el Gobierno actual ha dejado muy claro su objetivo de reducir el déficit público heredado de gobiernos anteriores (y mantenido por sus propias decisiones) para conseguir la convergencia hacia la media de los restantes países de la zona euro; muchos analistas comparten esta intención y, modestamente, me adhiero.
Lo que ya no se comparte con el mismo entusiasmo es el método elegido para cerrar la brecha de las finanzas públicas (es decir, el desproporcionado nivel de gasto público anual respecto a los ingresos). En un plano meramente teórico, se puede señalar tres líneas de actuación esenciales:
– Reducir drásticamente el gasto público, manteniendo los ingresos, es decir, la presión fiscal sobre los contribuyentes. Este camino suele producir mucha protesta social entre todos aquellos que se consideran afectados por la reducción del gasto y, por tanto, desgaste político: empleados del sector público, perceptores de rentas, usuarios de los servicios públicos, etc.
– Aumentar los ingresos, subiendo la presión fiscal que soportan los contribuyentes; tampoco es una medida bien recibida por los votantes, pero sin duda su capacidad de protesta su condición de pagadores de impuestos no está tan bien organizada como en el caso anterior y, en consecuencia, el desgaste político de los gobernantes no es tan inmediato.
– Combinar ambas medidas: reducción del gasto público y aumento de los ingresos, tratando de repartir el coste del ajuste entre un mayor número de personas para que el impacto que soporte cada uno sea más ligero.
Posiblemente, quienes ocupan cargos de responsabilidad en el Gobierno piensen que han optado por la tercera alternativa teórica, con una justa combinación de reducción de gastos y ajuste fiscal (que es el eufemismo que emplearían para no decir subida de impuestos), pero creo que la realidad es otra: el ajuste se está produciendo a costa de los contribuyentes, que somos todos. Un simple repaso a algunas medidas que ha tomado el actual gobierno ponen de manifiesto el camino elegido cada vez que las cifras reales de la macroeconomía se distanciaban del objetivo marcado:
– R.D.L. 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria.
– R.D.L. 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas.
– R.D.L. 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
– Ley 16/2012 de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica
Algunos analistas del sector han cifrado entre 27 y 30 el número de impuestos que el gobierno ha subido desde que tomó posesión a finales de 2011, contando para ello las subidas de tipos impositivos propiamente dichas (como fue el caso del IVA, por ejemplo), la reducción o eliminación de desgravaciones (como el caso de los recortes incluidos en el impuesto de sociedades) y, por supuesto, el descubrimiento de nuevos hechos gravables a los que aplicar algún impuesto como puede ser el recargo de solidaridad incluido en el IRPF, o los impuestos medioambientales que van surgiendo conforme el Ministerio de Hacienda y Administración Pública descubre el deterioro imparable de la porción española del planeta Tierra; todas estas medidas acompañadas, además, de una presión inspectora y sancionadora muy superior a años anteriores.
Por desgracia para quienes impulsaron este camino, la realidad es testadura: la recaudación aumenta muy poco. Según publica la propia Agencia Tributaria, los ingresos acumulados hasta noviembre este año son un 1% más que el año pasado, 1.400 M €; pero el análisis de ese magro crecimiento es significativo:
Aun aceptando que el mes de diciembre sorprenda con alguna variación estacional imprevista, ¿tiene sentido alterar las decisiones de todos los agentes económicos durante dos años para que el resultado final sea ingresar 1.400 M € más que antes de todos los nuevos decretos, reglamentos y leyes?; es decir, ¿compensa poner toda la economía “patas arriba” para obtener ese resultado?
