Presupuesto base cero, notas de prensa y Estado autonómico

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Siempre he pensado que los números, siendo manipulables (la economía nos enseña mucho sobre esto), lo son mucho menos que las ideas. Quizá por eso andaba yo analizando, pobre de mí, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, comparando con la Ley presupuestaria de 2011 cuando una nota de prensa se cruzó en mi camino. Es una nota que merece la pena guardar y, probablemente, será citada en el futuro entre los grandes errores de la comunicación política (como demuestra el rápido cambio de actitud de sus protagonistas al día siguiente). Recortar, o ajustar o ahorrar, que cada cual lo llame como quiera para no herir susceptibilidad alguna, 10.000 millones de euros del presupuesto de otros mediante nota de prensa pocos días después de lanzar el proyecto presupuestario propio no es algo que se haga todos los días. Cuando ni tan siquiera se había iniciado formalmente el debate parlamentario acerca del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 y de nuevo, tratando de responder a la interesada percepción que los evanescentes mercados tienen de la economía española, el Gobierno de España anuncia, primero en medios de comunicación extranjeros, luego mediante nota de prensa y, finalmente, en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, nuevas reformas cuyo alcance, por lo demás, no concreta hasta debatirlas con quienes tienen que llevarlas a la práctica e incorporarlas en sus presupuestos, las Comunidades Autónomas.

Pero, sin olvidar notas de prensa y ajustes adicionales, que corresponderá concretar a entes distintos del propio Estado, aunque sea en base a normas provenientes de éste, no está de más comparar algunos datos de los presupuestos de 2011 y 2012. En el presupuesto de 2011 el coste estimado de amortización de la deuda del Estado era de 73.994.756.160 euros, mientras que se en el proyecto de 2012 se eleva a 78.898.143.804 euros. Sobre el total del gasto presupuestado dicho coste pasaría de suponer el 20,40 % a alcanzar el 21,79 %. Prescindiendo del gasto sanitario, transferido en su inmensa mayoría a Comunidades Autónomas, en educación, aunque también está transferida la parte sustancial, la suma de las partidas más significativas, incluidas becas y ayudas a estudiantes, alcanzaba 2.341.550.300 euros en 2011, cantidad que se reduce significativamente en 2012, quedando limitada a 1.757.636.660 euros (un 75,06 %). Las transferencias previstas a Comunidades Autónomas y Entidades locales en concepto de participación en los tributos del Estado suponían 14.797.873.610 y 13.235.984.380 euros respectivamente en 2011. En 2012 las transferencias previstas serán de 21.806.230.660 y 14.683.078.520 euros respectivamente.

No pueden tampoco dejar de compararse gastos en el ámbito social. El gasto presupuestado destinado a prestaciones por desempleo el pasado año fue de 30.474.059.630 euros, que se reduce a 28.805.052.820 euros en este ejercicio, que muchos analistas consideran ya insuficientes. El gasto en pensiones contributivas se incrementa desde los 99.233.688.390 euros hasta 102.103.288.970 euros, importe que, nuevamente, diversos analistas juzgan insuficiente para atender los compromisos reales. El incremento resulta ligeramente superior en lo que respecta a clases pasivas y el importe presupuestado para pensiones no contributivas y asistenciales permanece prácticamente estable. En cambio, la reducción de los créditos presupuestados destinados subsidios por incapacidad temporal y otras de la Seguridad Social, prestaciones de garantía salarial y autonomía persona y atención a la dependencia se reducen en torno al 10 %, con una reducción de aproximadamente 1.500.000.000 euros. En este ámbito, pues, existe una cierta continuidad en 2011 y 2012, que quiebra, en cambio, en otras materias.

El gasto productivo, generador de actividad económica se reduce también sustancialmente. Los créditos previstos para ejecutar infraestructuras del transporte ferroviario se reduce al 55,05% pasando de 1.791.594.160 euros a 986.328.070 euros. La dotación presupuestaria destinada a rehabilitación y acceso a la vivienda pasa de contar con 1.126.645.500 euros a disponer de 781.999.080 euros, lo que, dado el alto compromiso plurianual en este área implica la práctica liquidación de estas políticas en los próximos años. También reducción experimentan los créditos previstos para gestión e infraestructuras del agua, que en 2012 serán el 87,11% de los previstos en 2011, y en conservación y explotación de carreteras, que se limitan al 81,47%. Tan sólo la partida destinada a creación de infraestructuras de carretera se incrementa, al pasar de 1.433.264.950 euros a 1.781.989.490 euros. Pero este incremento no compensa, en el conjunto de programas inversores mencionados, una reducción global de casi 1.200.000.000 euros, hasta llegar al 82,64% si se comparan los créditos de 2012 con los previstos en 2011. La obra pública no será el factor que dinamizará la actividad económica.

El programa de gobierno es el presupuesto. En él se plasman las prioridades, especialmente en un contexto tan crítico como el actual. La reducción del gasto presupuestado, o su mantenimiento o incremento, no son neutrales política ni ideológicamente como algunos pretenden hacer creer, falazmente, a los ciudadanos. El presupuesto refleja opciones políticas e ideológicas. La reducción drástica del gasto en áreas concretas exigirá reformas drásticas porque el gasto no desaparecerá, por un simple ejercicio de voluntad política o legislativa, de un año para otro en muchas de las áreas afectadas (aunque sea posible en otras omitiendo actuaciones que se venían realizando anteriormente). El Gobierno va a impulsar reformas sustanciales porque no hay otra forma de digerir semejantes recortes presupuestarios. De todos modos, resulta cuestionable que una dinámica como la propuesta, de simples recortes sobre un presupuesto preexistente, sea suficiente hoy día. Se impone, a mi juicio, trabajar un presupuesto base cero; un presupuesto que no dé casi nada por supuesto y que permita reconstruir el conjunto de capítulos con los criterios que la realidad actual impone; un presupuesto que plasme reformas estructurales y no que las provoque al generar disfunciones sobre políticas preexistentes; un presupuesto que, a la postre, permita reiniciar el sistema.

Tras el proyecto presupuestario estatal para 2012, como decía, llegó el anuncio de la reducción del gasto sanitario y educativo, transferido a las Comunidades Autónomas, en alrededor de 10.000.000.000 euros. Compárese la cifra con cualquiera de las apuntadas y se advertirá el calado de lo anunciado al país mediante una nota de prensa. El incremento de 7.000.000.000 euros de transferencia prevista a Comunidades Autónomas en concepto de participación en los tributos del Estado se ve ampliamente superado. Las Comunidades Autónomas deberán reducir el gasto. Ha sido tal la presión generada por el anuncio que ha avivado el fuego de un debate que parecía ya superado, el de la descentralización autonómica y, en los últimos días, hemos asistido a posicionamientos diversos sobre la cuestión, a mi juicio improvisados y algo frívolos, rayando con la irresponsabilidad. Sólo nos faltaba ahora asistir a una discusión entre Estado y Comunidades Autónomas sobre el coste de las competencias sanitarias, educativas o de justicia, una discusión que sería ineludible para hacer efectivo el traspaso de funciones y servicios de las Comunidades Autónomas al Estado. Sólo nos faltaba ahora iniciar un proceso que generase nuevas asimetrías e ineficiencias, reavivando los agravios y el problema territorial español, un proceso que, salvo reforma constitucional imperativamente impuesta a todos, sería cuestionado por muchas Comunidades, que no renunciarían voluntariamente a sus competencias ni a la autonomía ganada.

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Doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1997) ocupa plaza de Profesor Titular de Universidad en la misma Universidad y cuenta con acreditación nacional a Catedrático de Universidad (2015). Ha impartido docencia en la Universidad de Zaragoza desde 1992. Autor de numerosas publicaciones y, en particular, de siete monografías sobre contratación pública, derecho urbanístico, de vivienda y Estado autonómico, y coordinador de cuatro volúmenes colectivos, sobre la última reforma bancaria, la corrupción en España, regeneración urbana y contratación pública. Es vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en representación de los órganos de contratación del sector público autonómico aragonés (2017-). Fue Director General de Vivienda y Rehabilitación (2003-2005 y 2009-2011) y Director General de Urbanismo (2005-2007). Actualmente es Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno de Aragón (2015-).

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