Saber o no saber. Illuminatis y asesores.

Es un hecho contrastado que obtener la mayoría de votos en unas elecciones produce ciertos fenómenos ‘paranormales’ dignos de mención y de estudio. En general, resultar elegido por la voluntad popular y ejercer el correspondiente cargo de electo, otorga al sujeto agraciado por los votos una especie de espontánea sabiduría milagrosa que llega como venida de lo más alto, una especie de iluminación convertida en un éxtasis de bienestar parecido al que asistieron los apóstoles Pedro, Juan y Santiago cuando se produjo la transfiguración de Jesús: la felicidad completa, cuando dice uno de los apóstoles “Maestro, ¡qué bien se está aquí! Señor, hagamos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”.

La gracia de la papeleta convierte al político en un illuminati. El Paráclito electoral desciende en forma de paloma flap-flap e ilumina de inmediato al candidato, que, de repente, alcanza la sabiduría, así, por arte de birlibirloque.

Es obvio que en petit comité todos hemos oído a alguien que opina (y quizás lo hemos pensado incluso), que debería ser necesario tener algún tipo de formación mínima para desempeñar algunos cargos públicos. Sin embargo, evidentemente, en un sistema democrático no se puede limitar el acceso a los cargos públicos a aquellas personas que tengan una determinada formación, ya que limitaría un elemental principio de derecho al sufragio pasivo y la voluntad popular está por encima del bien y del mal, no se ha inventado aun otro sistema mejor. Pero posiblemente se deberían implementar medidas para tratar de paliar los efectos de una posible en ocasiones  ignorancia total del electo. Dice un principio del budismo que “la ignorancia es el peor de los pecados”. Y como proponía Platón, deberían ser los más inteligentes, los sabios, quienes debieran gobernar.

En fin, aunque es tentador, no seré yo quien abogue por una sofocracia o una tecnocracia. Seguro que sería una temeridad atreverse a apuntar siquiera algún requisito que pudiera ser necesario para acceder al poder. Pero como éste es un foro libre y a veces trasgresor, me permitiré apuntar tres requisitos que, aunque no están recogidos en norma alguna, debieran ser imprescindibles para el ejercicio del poder:

1. Saber leer y escribir.
2. Tener sentido común.
3. Depositar la confianza en los profesionales (o dejarse aconsejar).

La primera circunstancia es objetivable. La segunda no, salvo un análisis psiquiátrico previo o, en todo caso se observa a posteriori,  cuando ya no tiene remedio. Y la tercera depende de la decisión del propio electo. Así que concluimos que, con todos las virtudes y defectos y puesto que no se puede “examinar” a los candidatos, es el criterio de los votos (voluntad popular) el que acaba determinando si el candidato reúne las mínimas condiciones para gobernar. Y así, una vez electo, alcanza la iluminación. Es una servidumbre del sistema democrático-formal que tenemos que asumir.

Todo esto viene a propósito de que debería plantearse que, si se acepta la premisa de que no es necesario “ser sabio” para gobernar, debería aceptarse también la premisa de que es necesario orientar el sentido común y la aplicación del programa a la norma a través de profesionales cualificados. Lo que acaba desembocando en el planteamiento del papel que desempeña la función pública en un sistema de derecho administrativo continental. Porque uno acaba extrañándose al extremo cuando ve cómo han proliferado en este Reino de Nunca Jamás los ‘asesores’.  Nacen como setas. Definibles como humanos que realizan tareas desconocidas en lugares indefinibles las más de las veces, que son nombrados por altos cargos y que perciben una casi siempre jugosa retribución a cargo de los presupuestos públicos. No se trata en la inmensa mayoría de los casos de asesores cualificados o sabios, superespecialistas de algo. Son en la mayoría de las ocasiones asesores-amigos-del-electo que cobran más que aceptables salarios en realidad y en muchas ocasiones, por no hacer prácticamente nada.

En el blog de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa andan en pie de guerra sobre el tema (http://asocfuncionpublica.blogspot.com/). Se dice en un post del día 15: (sic) “LA ADMINISTRACIÓN COMO INSTITUCIÓN Y NO COMO BOTÍN. El caso de la utilización fraudulenta de los puestos de trabajo del personal eventual (asesores) de los gabinetes del Gobierno de Aragón, denunciado por esta Asociación ante la Fiscalía General del Estado, pone en evidencia la pérdida del sentido institucional por parte de los miembros del Gobierno y su visión patrimonial de determinadas parcelas de la Administración Pública, confundiendo la libertad de nombramiento con la libre disposición de los puestos de trabajo públicos…/… ante la creación de puestos que las leyes no autorizan –al menos, con la condición de puestos de personal eventual o de confianza- como la utilización de los puestos de los Gabinetes para asignar “salarios públicos” a personas que no realizan labor alguna para la Administración Pública constituyen ejemplos de abuso de poder –utilización de las potestades públicas para fines que nada tienen que ver con el interés público”.

En fin, no es necesario comentar mucho la materia, casi todos los funcionarios saben de qué va la cosa. Lo que verdaderamente sorprende y desde luego llega a irritar, es que este escandaloso asunto no esté en la vanguardia de la polémica pública ni por los partidos ni por la prensa, tan amigos que son unos y otros de sacar a la luz escándalos, porque en el fondo se están utilizando fondos públicos no se sabe muy bien para qué. ¿Será que todos los grupos tienen mucho que callar y prefieren tener fundido el ventilador?. Probablemente.

Se supone que el sistema de función pública español es un sistema profesionalizado y por lo tanto, el funcionario es (o se le supone ser) una persona especializada para gestionar una materia. Y es independiente (de ahí su teórica inamovilidad) puesto que por encima de la obediencia debida está el respeto objetivo a la norma. Así pues, a pesar de que el electo no tenga formación, el sistema se sostiene porque hay personal cualificado que asesora legalmente al que va a ejercer el poder. Y si bien éste no tiene por qué ser doctor en derecho, sí que es su obligación confiar en el personal de su área, que (también se supone) ha sido seleccionado de acuerdo con criterios objetivos de preparación técnica. Porque traerse a los amiguetes al calor del cargo del electo y que se les pague un salario público por nada, clama al cielo. Asesores, los funcionarios, que para eso están.

Siendo ingenuo, quizás el problema está en que algunos electos son devotos y no quieran saber. Porque  como dice el Eclesiastés (1,18) “…Mucha sabiduría trae mucha aflicción, y el que acumula ciencia, acumula dolor.”