Si todos los españoles fueran funcionarios

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Si todos los españoles fueran funcionariosEl pasado 5 de marzo la presidenta de la Comunidad de Madrid Dª Esperanza Aguirre y Gil de Biedma afirmó, textualmente, en un debate del Pleno de la Asamblea regional: «si todos los españoles fueran funcionarios habría colas, escasez, hambre, miseria y corrupción».

Parece que la frase se inserta en la contestación a una cuestión que le había planteado la oposición sobre el aumento de la temporalidad de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

La Sra. Presidenta, tras afirmar que no consideraba que el empleo público sea un factor de calidad y estabilidad en el conjunto del empleo, afirmó textualmente «A usted le parece que la solución es hacer a todos los españoles funcionarios públicos, y todos tendrían un salario y un empleo fijo, pero yo considero que eso, que ya se ha probado, no es la solución, y que ocurriría lo que ya ha sucedido en países del socialismo real, que habría colas, escasez, hambre, miseria y corrupción».

Además, la Sra. Presidente dijo que su obligación es destinar el menor dinero posible al empleo público y garantizar que la economía productiva, que es la que funciona en este país, pague los menos impuestos posibles para crear el mayor número de empleos.

No sé si Dª Esperanza Aguirre piensa realmente lo que dijo o no se explicó bien en el ardor del debate, pero la verdad es que estas afirmaciones – con la que está cayendo – no parecen muy afortunadas y resultan sorprendentes por no utilizar otra expresión más gruesa.

Declaraciones de este calado, coetáneas con las noticias sobre imputación de políticos que nos asaltan con demasiada frecuencia desde la prensa, ofenden a los funcionarios de las distintas administraciones españolas que, con exiguos sueldos y huérfanos de prebendas y coches oficiales, se afanan en desempeñar sus funciones con objetividad, imparcialidad e independencia, topando, en demasiadas ocasiones, con el obstruccionismo de políticos no tan imparciales e independientes.

Baste recordar algunas de las noticias aparecidas en la prensa en los últimos días, por poner algunos ejemplos que afectan a los tres partidos con mayor representación a nivel estatal, como la del Alcalde del Ayuntamiento de Alcaucin del PSOE que está acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad, en la operación 'Arcos' contra la corrupción urbanística;  la del Alcalde de Rivas-Vaciamdrid de IU que está citado a declarar en los juzgados el próximo 28 de abril, como imputado por un presunto delito de malversación de fondos públicos; o las del caso Gürtel que investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias en Madrid y Valencia, en la que parece que presuntamente se encuentran implicados altos cargos del PP y que, de momento, ha provocado la dimisión de cuatro alcaldes en la comunidad madrileña.

Supongo que las manifestaciones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid se derivan de su declarada posición neoliberal en la que se considera más beneficioso y productivo para la sociedad lo privado que lo público.

¿Será por eso que el número de cargos de confianza en la Comunidad de Madrid se eleva a unos cuatrocientos, aproximadamente?.

No se conoce exactamente dicho dato. La portavoz socialista aprovechó las afirmaciones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en el Pleno del pasado 5 de marzo, a las que me he referido, para exigirle que "publique la relación de cargos de confianza de la Comunidad de Madrid".

Me temo que en todo ello late el eterno problema de los controles internos en la administración.

Ciertamente es muy populista cargar contre el colectivo funcionarial.

El político, sobre todo en tiempos de crisis, sabe que el ciudadano es muy sensible a las críticas a un grupo de trabajadores a quienes se presenta como unos privilegiados que, además de tener un trabajo fijo, son unos burócratas vagos, con altas retribuciones en comparación con muchas parcelas del sector privado, que no tienen otra cosa que hacer que poner obstáculos a las imaginativas propuestas de sus cargos de confianza, en vez de contribuir a la economía productiva fomentada según él, únicamente, por sus proyectos, aún cuando sean contrarios a la legalidad, a la que se ven abocados por la importancia de los objetivos que pretende lograr.

Que no se engañe el ciudadano, no es cierto que los funcionarios sean improductivos o innecesarios, salvo excepciones. Lo que ocurre es que los políticos no quieren funcionarios independientes e imparciales que ejerzan un control interno de la administración con garantías de efectividad de tales funciones.

La contumaz realidad demuestra que el mayor grado de corrupción no se encuentra en el colectivo funcionarial sino en la clase política  y que el sistema democrático no se autorregula.  El político no se autocontrola y no parece la mejor solución dirimir todas las presuntas irregularidades ante la justicia, con el consecuente y bochornoso espectáculo, al que se nos obliga a asistir, de descalificaciones, desprestigio de todo aquel que pueda suponer una amenaza, incluidos los jueces instructores de la causa, insultos, acusaciones recíprocas y barriobajeras, acompañados del famoso e inexplicable “y tu más”.

El control interno de la administración, en manos de funcionarios objetivos y no de cargos de confianza, no solo es signo de transparencia, sino que es sinónimo de democracia, siendo deseable incluso que contara con la potestad de interponer un veto eficaz ante actuaciones manifiestamente ilegales, lo que evitaría la excesiva judicialización de la vida política que nos invade y que, en realidad, entorpece y desacredita la actividad política.

Que no olvide la clase política que los funcionarios, sobre todo los encargados de ejercer el control interno, aplican la legislación elaborada por ella, en cuanto representante de la soberanía popular en los distintos niveles competenciales, y representan una garantía, igualmente instituida por ella, de la legalidad de su actuación.

La clase política debe comprender que al colectivo funcionarial, con independencia de sus convicciones personales y profesionales, no le incumbe y le da igual, por poner algunos ejemplos, que el legislador sitúe el umbral del contrato menor en los 18.000,00 € o en 500.000,00 €; que exija mayor o menor cantidad de documentación para acceder a una subvención; que permita o no que los caudales públicos puedan utilizarse para fines espurios; que permita o no fraccionar los contratos; que permita o no  adjudicar los contratos a dedo;  que exija o no fomentar la competitividad, etc…

Si el cumplimiento de la legalidad vigente supone un óbice para el logro de los objetivos que la clase política considera preponderantes, es a ella a quien corresponde su modificación, pero no es justo culpabilizar al colectivo funcionarial  por cumplir con sus obligaciones.

Desde luego de lo que no es responsable el colectivo funcionarial es del cobro de comisiones, blanqueo de dinero y tráfico de influencias que, desgraciadamente, parecen estar de moda.

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Jesús Santos Oñate es Doctor en Derecho Administrativo por la UNED. Pertenece a la Categoría de Entrada desde 2005 y ha sido Secretario-Interventor en varias Entidades Locales de Toledo y Cuenca; actualmente desarrolla sus funciones en un Ayuntamiento de Madrid. Además ha publicado innumerables artículos.

9 Comentarios

  1. Algunos sostienen la idea de que sobran funcionarios (maestros, médicos, policías, guardia civil, …). En tiempos de crisis somos los funcionarios los que tenemos la culpa de todo, tan sólo por contar con un sueldo fijo, y los grandes responsables de llevar al país a la bancarrota; sin embargo, en tiempos de vacas gordas en los que las empresas obtienen pingües beneficios nadie se acuerda del pobre funcionario que con lo único que cuenta es con un triste sueldo que ve aumentando anualmente un uno o un dos por ciento (eso si no se lo han congelado). Resulta gracioso.

    Enhorabuena por el artículo.

  2. En fin esta crisis financiera se habría evitado si esos que les encanta «privatizar» no privatizaran el BEX caja postal… enfin Argentaria que eran bancos públicos. Pero claro el libre mercado es lo primero jajajja y ganando billones de pesetas no hace tanto BSCH y el BBVA y ahora que ?con dinero publico a la directamente hacia ellos cuando es para ganar lo ganan ellos pero cuando la cosa se tuerce pagamos entre todos. Y otra pregunta q[b]uien paga a toda esta panda de trocear lo publico [/b]y vender a sus amigos ? pues si los CIUDADANOS y lo FUNCIOANARIOS al tener que reducir el gasto en personal y servicios sociales , pues nadie a subido los impuestos se han fijado y la deuda publica tiene un tope.Dejen de robar lo publico en madird ejemplo Funespaña vendida por un euro a los amigos y en el juzgado por que valía millones de

  3. El problema de Esperanza Aguirre es que, si bien critica a los funcionarios, por otro lado crea un monton de puestos de personal eventual de estricta seleccion digital y crea tanto sociedades publicas como fundaciones en los cuales el sistema de seleccion del personal es algo acogido a la Ley de Secretos Oficiales.

  4. En esencia da igual si Aguirre crea o no nosecuantos cargos de confianza o nosecuantos funcionarios, mal hecho o bien hecho según ideologías, en esencia es que para mí tiene toda la razón en lo que dice y no creo que se deba ofender nadie. Si os fijais el autor del artículo se centra casi exclusivamente en esgrimir precisamente el argumento que critica, que es «y tu mas». Lo que le viene a decir a Aguirre es «y tu mas», pues vale, pero tiene razón.

  5. Pues yo creo que los argumentos pierden su fuerza cuando el que los esgrime hace justamente lo contrario de lo que dice y ademas con dos huevos duros añadidos (eventuales y personal laboral designado a dedo).

  6. Manifestar que los médicos del Hospital 12 de Octubre, por ejemplo, no crean riqueza cuando salvan vidas o realizan intervenciones complicadísimas es algo arriesgado, sobre todo si se analiza que las personas a las que salvan no han tenido que pagar un duro por ello. Esos médicos son funcionarios. La Policía Nacional, Guardia Civil, la Enseñanza, Hacienda, la Universidad… Claro que no crean ánimo de lucro, pero para ellos, para los liberales que quieren que todo se acabe pagando. El modelo que defiende la Sra. Aguirre es el más injusto de todos y que profundiza en las diferencias de clase.

    En cualquier caso, resulta paradójico que un simple funcionario con un salario de 1.200 euros esté sumamente controlado por la Ley de Incompatibilidades y los políticos además del sueldo de Diputado, Senador Concejal o Consejero, puedan cobrar por actividades privadas, Consejos de Administración, y hasta por ir a las tertulias de radio. Así pasa, a los plenos no va ni Dios.

    Y por cierto, más que hablar de los funcionarios, quizá sería conveniente evaluar la formación y la capacidad de nuestros responsables políticos, que en algunos casos, pasan de pegar carteles en las calles a un despacho con un salario de 5000 euros y a gestionar una responsabilidad de la que, normalmente no tienen ni idea…Ay si no fuera por los técnicos que les sostienen, que curiosamente también SON FUNCIONARIOS.

  7. Los funcionarios no sólo crean riqueza, en forma de bienes de mérito en el sentido que le dio al término Musgrave, sino que además los servicios que prestan suponen una redistribución de rentas al aportar bienes y servicios por debajo del precio real de mercado.

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