Sobre el sector público local (y II)

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Tribunal de CuentasEl Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización del sector público local de los años 2006, 2007 y 2008 subraya la enorme dificultad que ha existido para realizar un completo control de la Administración local española. No sólo por el elevado porcentaje de incumplimiento en la remisión de información o los defectos contables, sino por otro aspecto también muy grave, a saber: su complejidad. El sector público local ha crecido, se ha multiplicado y se ha reproducido casi como una plaga, un desarrollo trepidante que no parece tener fin. Son centenares los organismos públicos, entes, instituciones, sociedades, consorcios y fundaciones, muchos de los cuales no aparecen en los registros públicos y, lo que es peor, se duda sobre las normas aplicables para su control. ¡Cómo que esa es una de las causas por las que proliferan tantas fundaciones y consorcios!

Desde hace décadas muchos hemos denunciado ese irracional abuso de incrementar la Administración instrumental (“Grupos públicos de sociedades”, Marcial Pons, 2007), en ocasiones con una actitud mimética a lo que hace la Administración estatal, tan distinta para atender las necesidades propias de los Ayuntamientos. Lo que debían ser técnicas de descentralización para gestionar mejor algún servicio público, se han inflamado y el sector público local padece una grave patología. Los vicios son conocidos: las sociedades, fundaciones o consorcios se constituyeron sin una clara justificación dirigida a la mejora de la Administración; los costes no fueron valorados; pequeños Municipios cuentan con un entramado de organismos y sociedades mostrando una estructura desproporcionada y algo amorfa; predomina una voluntad política deliberada de eludir los controles administrativos del secretario y del interventor y buscar mayor discrecionalidad para adoptar decisiones; la selección del personal de esas personificaciones privadas permite evitar los sistemas de selección propios de la función pública que tratan de garantizar la capacidad y el mérito del personal que tiene en sus manos la gestión de los asuntos públicos; en fin, las ansias de una buena remuneración de los órganos directivos también han contribuido a este despropósito de agigantar un enfermo sector público local.

El Tribunal de Cuentas denuncia estos vicios y pone también el dedo en la llaga de la inexistencia de control sobre fundaciones, consorcios y, sobre todo, con relación a las sociedades públicas mixtas cuando ninguna de las Administraciones que participan en las mismas alcanza la mayoría del capital. Asunto bien grave.

Urge podar esta frondosa selva de personificaciones instrumentales y la constitución de las nuevas Corporaciones es una buena oportunidad para afrontar un recorte razonable, exigido, además, por la preocupante situación de crisis que vivimos. Hay que apremiar a los nuevos Alcaldes a que limpien el organigrama municipal, a que supriman fundaciones y sociedades “cascarón” que no prestan realmente ninguna función pública, que no gestionan servicios esenciales. Resulta indispensable convencer a los nuevos responsables políticos de que los funcionarios locales, que han superado difíciles y competitivas pruebas públicas, tienen una formación y unos conocimientos bien valiosos para realizar las funciones públicas y gestionar muchos servicios municipales. Es necesario limitar la constitución de nuevos entes y prohibir, de manera contundente, la mal llamada “externalización” de las funciones públicas.

El Tribunal de Cuentas insiste en esa necesaria racionalización del sector público local y concluye recomendando a los legisladores estatal y autonómicos algunas propuestas para evitar las patologías existentes. Destaco en este momento sólo dos, entre las muchas que hay de interés en este Informe. Por un lado, que la correcta rendición de cuentas sea un requisito indispensable para acceder a la concesión de ayudas y subvenciones (¡sorprende que esta cautela no esté ya recogida en el Ordenamiento jurídico! porque sí existen similares prohibiciones para las personas privadas para contratar con la Administración o recibir subvenciones); y, por otro lado, que se fijen unos estándares mínimos de calidad de los servicios municipales, lo que permitirá garantizar una igualdad de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia y trabajo, asunto nada baladí.

En fin, un buen informe, que se publica en un momento oportuno y que debería dar buenos frutos. ¿Podemos estar esperanzados con las nuevas Corporaciones locales?

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