La celebración de las elecciones locales ha conformado Diputaciones y Ayuntamientos con nuevos corporativos. Estrenan algunos sus responsabilidades con el contento de haber sido respaldados por los vecinos y el propósito de atender a tantos asuntos que motivaron su paso decidido para incorporarse a una lista electoral. También repiten otros muchos, quienes conocen ya los pasillos y las salas de reuniones, quienes han tratado con los funcionarios de habilitación nacional que frenaron irregularidades y consiguieron mantener una tesorería saneada, quienes identifican a los trabajadores que desempeñan cada tarea con dedicación de servicio… Incluso para éstos que revalidan la representación, el inicio del periodo que se abre es motivo de animoso impulso porque la campaña electoral les sirvió para hacer recuento de los problemas pendientes de las localidades y prometieron afrontarlos.
Unos y otros habrían de templar los entusiasmos de las celebraciones. El peso de la responsabilidad de la gestión pública así lo requiere. La complejidad de las situaciones y las perspectivas encontradas de los más directos interesados, las penurias económicas de las arcas locales, las dificultades materiales para solucionar algunos conflictos, las carencias de recursos de algunas familias.., entre otros aspectos, impiden atender con ligereza el espacio público.
Y, sobre todo, quienes estrenan despacho tendrían con modestia que leer, por ejemplo, manuales sencillos que se han editado con el fin de facilitar el conocimiento de las Administraciones locales.
Durante décadas se han ido precisando pautas de organización y actuación que hay que conocer para garantizar el correcto funcionamiento y gestión de los servicios locales. Por ejemplo, junto a los comentarios de esta bitácora que les ilustrarán, recuerdo también el documento que ha publicado la Federación Española de Municipios y Provincias: «100 preguntas sobre aspectos básicos de la Administración local». Bajo la batuta de Virginia Losa y Joaquín Burgar, son funcionarios locales quienes responden a ese centenar de interrogantes. Un documento que constituye una clara síntesis de conceptos elementales sobre la organización local, el estatuto del concejal, la Administración digital, los cauces de participación ciudadana…
Los nuevos corporativos probablemente se manejan con soltura a través de diversas redes sociales y buscadores, navegan con destreza por los sucesivos enlaces. No obstante, resulta indispensable que sean conscientes de la responsabilidad de su firma electrónica, de las pautas de seguridad para acceder a los expedientes digitales, de los diversos sistemas de información que se han configurado para que las redes públicas garanticen la integridad de las comunicaciones y del contenido de las decisiones.
Es este aspecto de la ciberseguridad uno de los prioritarios en los que hay que insistir. Insistencia que abarca a todos, concejales noveles y corporativos veteranos, funcionarios con trienios y recién ingresados, a todos aquellos que trabajan en las Administraciones públicas, así como a quienes contratan con ellas como establece el Esquema Nacional de Ciberseguridad. El incremento de los ataques a los sistemas informáticos de las Administraciones públicas no cesa y las amenazas son cada vez más sofisticadas. Además, hay que recordar -como reiteran técnicos especialistcocacolas-, que la mayoría de las caídas de los sistemas, la mayoría de los secuestros informáticos y daños tras un ataque (el porcentaje alcanza el setenta por ciento según algunas fuentes) deriva del desconocimiento o de un descuido de alguien que trabaja en la propia Administración.
Son éstas cuestiones candentes que han de tomarse muy en serio y de las que es posible aprehender unas mínimas nociones a través de la lectura de sencillas guías, así como escuchando a los propios funcionarios y trabajadores que ya llevan tiempo en esas Administraciones desempeñando sus tareas con dedicación de servicio público.
Hay que escuchar porque es denso el entramado jurídico para la gestión de tantos asuntos que nos interesan a los vecinos: desde la correcta reducción y eliminación de residuos pasando por el adecuado abastecimiento de agua, el mantenimiento de los caminos rurales, la instalación de las nuevas redes de conexión 5G que está financiando la Unión Europea, la mejora del entorno… y tantas otras competencias propias de estas Administraciones.
Hace unas pocas semanas se ha publicado por la Administración General del Estado otro documento con el título: «código de integridad pública». Está dirigido a los altos cargos para explicar lo que es el interés público, cómo hay que cuidar la objetividad, neutralidad e imparcialidad y evitar los conflictos de intereses. Son más de 370 páginas. No entro en las causas que han llevado a divulgar este texto, ni tampoco el retraso en hacerlo. Bastantes sinsabores se hubieran evitado si al inicio de la legislatura se hubieran recordado tales pautas elementales de educación cívica a quienes se vieron nombrados. En lo que ahora me interesa, también a las autoridades locales aprovechará la lectura de este texto que podría condensarse en la máxima que está inscrita en el dintel de algunas instituciones públicas en localidades europeas: “obliti privatorum, publica curate”. Esto es, hay que olvidarse de los asuntos privados y ocuparse de los públicos.
