Un mal generalizado (II)

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La presión recaudatoria de la Administración no tiene límites en ningún de sus muchos escalones; y además, ha evolucionado inversamente a la intensidad de la crisis económica, es decir, cuanto peor iban las cosas, más ha crecido. Este fenómeno, conocido por muchos autores desde el origen de la economía política, es la contrapartida de la nula capacidad de los políticos para reducir el coste de la administración.

Este hecho se observa inmediatamente cuando se analiza la liquidación del Presupuesto General del Estado, cualquiera que sea la línea revisada, a partir de los datos que proporciona la Inspección General de la Administración del Estado; tomamos como base de partida el año 2006, previo a la crisis y en plena fase expansiva de nuestra economía,  hasta 2013,  último ejercicio cerrado para el que se dispone de datos anuales (de 2014 sólo consta el acumulado a Noviembre, y no tiene sentido anualizarlo por el carácter aperiódico de la contabilización de estos datos, además de la imaginación contable).

En esta ocasión quiero centrar la atención en una rúbrica de título atractivo para los contribuyentes: “tasas, precios públicos y otros ingresos”, que incluye un conjunto de partidas que todos hemos sufrido en algún momento de nuestra vida fiscal.

Para ser medianamente justos en el análisis de los datos, he incluido una línea de elaboración propia (como el cuadro en su conjunto) titulada “Atribuible a los mercados”, en la cual he agrupado dos partidas muy importantes cuyo principal mérito es del BCE, en su decidida política de ayuda a los gobiernos europeos para superar la crisis: diferencias de cambio, y diferencias entre valor de reembolso de la deuda y el valor de emisión; especialmente esta última ha sido muy favorable al Gobierno y es lógico descontarla a los efecto de nuestra revisión; para no aburrir con tanto número, resumo las conclusiones más llamativas para mí:

–      La recaudación total del Estado en concepto de “tasas, precios públicos y otros ingresos”  se ha mantenido estable durante el periodo, en una media de 3.600 M. €, con momentos estelares como 2009, cuando la recaudación discrecional superó 5.000 M.

 

–      En el apartado “Tasas” confluyen dos tendencias opuestas (que no se muestran en el cuadro para no complicarlo):

•      “Tasa dirección e inspección obras”: hasta 2010, en media, suponía 180 M €; los tres últimos años 100, y cayendo, porque en 2013 era sólo 85 M; es decir, a menos actividad, menos recaudación por este concepto (-41%).

•      “Tasa ejercicio potestad jurisdiccional”: hasta 2010, en media, 115 M €, y subiendo, porque la serie arrancaba en 49 M (2006); los tres últimos años suponía en media 220 M €, y el crecimiento continuaba, pues en 2013 aportó 316 M €. Es decir, este concepto ha multiplicado por 6,5 los ingresos del Estado (+545 %).

 –      En el apartado “Otros ingresos” hay un concepto tan destacado, que me ha parecido oportuno aislarlo: “Recargos y multas”. Como se observa en el cuadro, esta partida ha pasado de 431 M. € en 2006, a 933 en 2013, es decir, +116%, o si se prefiere, en plena crisis, la recaudación por recargos y multas del Estado se ha duplicado (x 2,2).

Conviene indicar a quienes no estén familiarizados con estas cifras que esta partida presupuestaria agrupa conceptos tales como: recargo de apremio (periodo ejecutivo); intereses de demora; multas y sanciones; y recargo sobre autoliquidación.

En el cuadro puede apreciarse cómo el crecimiento de la partida se acelera desde 2009, en línea con la caída de otros conceptos recaudatorios, y en un contexto de tipos de interés históricamente bajos: hasta ese año, los recargos y multas suponían el 16% de los ingresos discrecionales del Estado en concepto de “tasas, precios públicos y otros ingresos”; en 2013 alcanzar el 32%.

No cabe duda de que la crisis puede haber mermado la capacidad profesional de los departamentos encargados de la fiscalidad de las empresas y de los asesores fiscales independientes, que los contribuyentes se han visto sometidos a más tensión conforme la crisis les afectaba, que se habrán retrasado los pagos, etc. pero no es tampoco  ilógico sospechar que la presión inspectora y sancionadora ha aumentado.

Y esta sospecha se reafirma ante mensajes como los últimos que se han filtrado a la prensa amenazando a los contribuyentes con que  “Hacienda utilizará programas espía para recabar datos en redes sociales” (Cinco Días, 20.02.15), según el cual, Hacienda “conocerá la red de contactos y la actividad online de particulares y empresas”.

 

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