En los despachos del Ministerio de Economía se está debatiendo la redacción de un anteproyecto de Ley que precisará algunos derechos de los ciudadanos ante las entidades financieras. Entre otros, el derecho a una cuenta corriente sin comisiones que facilite los ingresos, la domiciliación de recibos y otros pagos mediante transferencias. Una Directiva europea -me refiero a la 2014/92, de 23 de julio– establece el marco general de ese derecho de acceso a cuentas de pago básicas y resulta necesaria su ajustada incorporación para evitar otro procedimiento contra España por incumplimiento del Derecho de la Unión porque el plazo máximo de adaptación ya venció el pasado 18 de septiembre de 2016.

Las razones que justifican esta regulación son palmarias. Las relaciones económicas, la asistencia financiera mantiene como relevantes protagonistas a las entidades bancarias que, incluso, han presumido de ser algo así como el sistema circulatorio para el cuerpo social. Admitamos o no ese lugar común, lo cierto es que casi todos los ciudadanos mantenemos ya vínculo con alguna entidad financiera. Resulta prácticamente inevitable ser titular de una cuenta para recibir los ingresos por nóminas, pensiones o subsidios; para luchar contra la corrupción o el blanqueo de capitales se limita el pago en efectivo; e, incluso, el Tribunal Supremo ha confirmado la posible denegación de una prestación por desempleo si no se mantiene una cuenta corriente (sentencia de 21 de junio de 2016).

Por ello, si tan presente tiene que estar algún banco en nuestras vidas, deben también imponerse garantías para que esos servicios no resulten discriminatorios ni abusivos.

Reaparecen así, con modernos nombres, muchas categorías que conocíamos de los servicios públicos y que ahora exigimos a quienes se nos presentan como servicios económicos de interés general. Me refiero a la delimitación de unos servicios “universales”, reconocidos a todos los ciudadanos, así como a unas “obligaciones públicas de servicio” que deberán respetar, en este caso, las entidades financieras.

Pues bien, desde esta columna, apelo a las autoridades locales para que aprovechen la redacción de este texto legal e incorporen las precisiones necesarias destinadas a garantizar realmente la utilización de servicios financieros básicos a todos los vecinos. Porque quizás en los debates en la sede ministerial en Madrid -rodeada como está en la calle Castellana por tantos edificios financieros-, resulta difícil tener presente la situación de tantos pueblos que carecen de una sucursal. Y no me refiero sólo a las parroquias y otras entidades locales menores. Muchas localidades que alojan la capitalidad del Municipio carecen de una oficina bancaria.

Si ya antes de la crisis financiera se advertía su ausencia, tras las reestructuraciones y la desaparición de cajas de ahorros, que estaban más cercanas a los pequeños consumidores, las carencias son más evidentes. Recientes estudios lo señalan y resaltan, por ejemplo, que en los Municipios de menos de dos mil habitantes hay vecinos que tienen que recorrer, como media, más de diez kilómetros para acceder a una sucursal.

Por ello, al considerar los derechos de los usuarios no hay que pensar únicamente en que los ciudadanos podamos estar conectados a la banca a través de Internet o que nos podamos acercar en coche -también los autobuses públicos están desapareciendo de algunos pueblos- a la capital más cercana. Se trata de que exista una oficina física donde cualquier persona, sobre todo los más mayores, puedan acudir para cobrar una pensión o realizar una transferencia a sus nietos, para facilitar microcréditos, etc.

En fin, ya que tanto se habla de medidas contra la despoblación, uno de los problemas más graves en muchas regiones, sería oportuno que la Federación de municipios y provincias se hiciera oír y facilitara una mejor delimitación del servicio universal y de las mínimas obligaciones públicas que han de satisfacer las entidades financieras.

Si queremos que no se extienda el desierto por el abandono de tantos pueblos, impúlsense los servicios básicos. Además de aquellos indispensables como los centros de salud y las escuelas; otros establecimientos privados como son cabalmente las farmacias o las sucursales bancarias.

Y es que, igual que hubo un tiempo en que cada pueblo contaba su espadaña y sus campanas eclesiales, ahora ha de existir una sucursal para facilitar las relaciones financieras. Seamos o no creyentes.

1 Comentario

  1. Si todo eso esta muy bien, pero no hay comisiones, etc, y lo sacan por otro lado, la verdad que no se dan cuenta que si hay bancos es por que la gente ingresa sus dineros y pide sus créditos, o están buscando que volvamos a usar el colchón como hucha…vamos que no siempre pueden ganar esas barbaridades de dinero con el dinero de los demás, igual que nosotros nos apretamos el cinturón ellos deberían hacer lo mismo, pero claro tienen el poder ellos deciden como, cuando, y cuanto debemos de pagar por nuestro dinero..así vamos.

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