Un vector clave para la futura sostenibilidad económica de la Administración pública tiene relación con las retribuciones de los empleados públicos que posee la tendencia natural a ser más elevadas que las del sector privado por capturas de carácter corporativo y sindical. Estas altas y, en muchos casos, excesivas retribuciones es un fenómeno internacional. “En primer lugar, (las administraciones públicas) deberán dejar de pagar en exceso a sus empleados” (Wallance: 2015: 200). En este punto quiero destacar un relevante libro de 2008, The Warping of Government Work de John D. Donahue de Harvard, en el que el autor hace un análisis agregado entre el mercado laboral y el fenómeno de la externalización en EE.UU. En primer lugar, muestra como hay dos mercados laborales muy distintos: el mercado laboral privado y el mercado laboral público. Las diferencias entre ambos es que el mercado público retribuye mucho mejor que el privado en los puestos más operativos e instrumentales de las organizaciones públicas que son los que aportan menor valor añadido. En cambio, el mercado laboral público retribuye por debajo del mercado privado a los puestos más elevados de las organizaciones que son los que aportan valor público e inteligencia institucional.

La primera reflexión que hay que hacer sobre este tema es que es imprescindible que las retribuciones de los empleados públicas sean dignas y relativamente competitivas con respecto al mercado laboral de carácter privado. La segunda reflexión es que a pesar de que muchos puestos de trabajo de carácter público van a automatizarse por la vía de la robótica y de las tecnologías de la información, los servicios públicos siempre van a reclamar un volumen muy elevado de mano de obra que ni las tecnologías de la información ni la robótica pueden substituir. Siempre harán falta, por ejemplo, una enorme cantidad de docentes, de médicos, de policías, personal penitenciario, etc. “Para tocar un quinteto de cuerda de Mozart siempre será necesario disponer de cinco músicos y de la misma cantidad de tiempo que se ha necesitado siempre, aunque los sueldos de los músicos se haya disparado desde finales del siglo XVIII”. Esta es una frase que hizo fortuna entre los economistas en los años 60. La tercera reflexión es que en los países desarrollados hay una tendencia a que el personal con más bajo nivel en las administraciones públicas posee unos salarios muy por encima del mercado privado y con el personal de más alto nivel sucede justo lo contrario. El resultado de esta situación es que muchas administraciones públicas poseen, en general, unos costes excesivos en materia de personal pero, en paralelo y de forma paradójica, se desprofesionalizan ya que los perfiles profesionales que pueden aportar mayor valor añadido o bien descartan esta opción profesional o si acceden a ella se marchan rápidamente al sector privado.  Esta asimetría se debe a que la lógica corporativa y la presión sindical suelen concentrarse en las administraciones públicas en los puestos de más baja categoría. Hay que entender que las administraciones públicas y la dimensión política que dirige sus acciones son muy vulnerables a la presión corporativa y sindical. En esta punto es dónde se escapan unos costes excesivos en la producción de servicios públicos que van a ser inasumibles en el futuro. Por esta razón la mayoría de escenarios de futuro de la Administración pública las contemplan como mucho más reducidas en materia de personal y no solo por el impacto de la tecnología y de la robótica sino recurriendo a la externalización hacia el sector privado motivado fundamentalmente para escapar de los elevados costes laborales de buena parte del personal público. Da que pensar que este factor sea tan determinante para que incentive por sí mismo un cambio tan radical en el modelo de gestión y no elementos con más sustancia estratégica. Pero con independencia del escenario de futuro que dibujemos habrá que atacar todos estos frentes adoptando las siguientes medidas: 1) Equiparar las retribuciones públicas a las retribuciones privadas ya que no tiene sentido que la Administración pública sea una enorme isla descontextualizada del mercado laboral. Si la mayoría de las retribuciones en la actualidad son excesivamente bajas hay que luchar pública y políticamente para que suban todas y no generar dos tipos de mercados laborales asimétricos. 2) Suprimir los privilegios laborales, en el caso que existan, vinculados a que los empleados públicos disfruten de más días de vacaciones o de jornadas laborales más reducidas. El argumento del punto anterior es igual de válido en esta segunda propuesta. 3) Eliminar todas las rigideces garantistas en materia de función pública que dificultan la buena gestión e imposibilitan en la práctica una fluida disciplina laboral. A los empleados públicos se les debe exigir la misma disciplina y nivel de rendimiento que a los empleados privados. Solo los empleados públicos que ocupan puestos de autoridad y lo que mantienen contacto con la dimensión política de la Administración pública deben estar blindados en aquellos aspectos vinculados e evitar la discrecionalidad, la arbitrariedad, el clientelismo y la corrupción de carácter político. Si bien es cierto que un sistema de acceso meritocrático y competitivo para acceder a la Administración pública debería ser recompensado hay que evitar las gratificaciones que atentan directamente contra la eficacia y la eficiencia del sistema público. Al fin y al cabo existe un tipo de compensación de un enorme valor laboral en el sistema público: la garantía, salvo raras excepciones, de que un profesional que accede meritocráticamente en el sistema público va a tener garantizado de forma vitalicia su empleo si lo compensa con un rendimiento razonable. En el actual y futuro mercado laboral, que se caracteriza por su elevadísima volatilidad, esta garantía casi total de alcanzar un empleo de carácter vitalicio posee un muy elevado atractivo y valor de mercado que hay que ponderar y saberlo utilizar como moneda de cambio. 4) Hay que modificar las reglas o estrategias sindicales en relación con la Administración pública. Aunque sea una propuesta políticamente incorrecta es evidente que la legislación en esta materia no puede ser la misma que en el mercado privado. Como se ha resaltado la Administración pública es muy vulnerable a la presión corporativa y sindical y hay que protegerla. No tiene sentido un marco legislativo en que se proteja por la vía laboral y sindical a unos empleados públicos retribuidos de forma razonable y con una vinculación vitalicia. La legislación debe proteger a la parte más débil, que es la Administración pública, que además la sufragan todos los ciudadanos, está a su servicio y defiende el bien común y el interés general. La propuesta consistiría en limitar la capacidad de presión de los sindicatos restringiendo de forma drástica el derecho a la huelga e incluso la prohibición de la actividad sindical en la Administración pública. En el caso que un país logrará el milagro de cambiar la cultura sindical (con elevados valores y responsabilidad pública) en las administraciones públicas entonces no sería necesario tomar medidas tan drásticas. En el fondo estas medidas lo que proponen es alcanzar un nuevo pacto entre los empleados públicos y la Administración pública para defender y proteger la viabilidad y sostenibilidad del sistema público y abandonar las lógicas egoístas, individualistas e insolidarias asociadas a las capturas de carácter corporativo y sindical. 

5 Comentarios

  1. Muy bien nos va a ir si nuestra referencia vital es el sector privado, la quintaesencia de la desigualdad en las retribuciones salariales, jornadas maratonianas que no se ven recompensadas con el pago de horas extraordinarias, la falta de poder de los trabajadores para cambiar sus condiciones laborales (‘esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas’), la imposibilidad de una conciliación laboral decente en un país que sufre un índice de natalidad bajísimo, es decir, todo lo contrario que el autor achaca al sector público. Las Administraciones Públicas son el motor del cambio que marca el camino para que (mucho) tiempo después el sector privado adopte alguna de las medidas laborales y de bienestar que se le suponen a una sociedad avanzada del s. XXI. Bien es cierto que todo lo anterior es incompatible con la fuerte devaluación salarial que es necesaria para competir en precio con productos de países en vías de desarrollo (santos aranceles a la importación), puesto que España no tiene infraestructura industrial y tecnológica para producir productos con alto valor añadido, eso ya lo hace Alemania.

  2. No tiene sentido es una administración pública con unos 100 trabajadores donde la retribución más baja son 16.000 € para el conserje y 31.000 € para los técnicos que realizan las propuestas de resolución a los órganos administrativos competentes.
    Tampoco lo tiene que los funcionarios tengamos unos derechos, unas obligaciones y unas responsabilidades, y los laborales, por aplicación del convenio colectivo tengan más derechos, menos obligaciones y sobre todo menos responsabilidades. A igual infracción, la sanción puede ser meses de suspensión de diferencia.
    Igualmente es una barbaridad que en todas las Administraciones existe un cáncer o varios y no se pueda extirpar.
    Pero ello tampoco significa que debamos copiar en todo al sector privado, sino adaptarnos a él.

  3. En general estoy deacuerdo con el planteamiento. Ahora, cómo apunta mi precedente redactor, quien le pone el cascabel al gato a la empresa privada. Toda persona tiene ejemplos conocidos de sallarios bajos o de esclavitud. Cómo equilibramos una y otra actividad? Seguro qué disponemos de buena información. Por poner un ejemplo, TVE es un buen ejemplo de información? Està al servicio del interès general? Los encargados de hacer los cambios, en el supuesto de ser necesarios, a qué interès estan, al general, al empresarial, al sindical, a los dos últimos en detrimento del primero? Sinceramente, un poco de lio sí tenemos.

  4. Me resulta asombrosa la claridad de ideas de esta entrada y es tan politicamente incorrecta que no me atrevo a comentarla en público con mi nombre, no sea que se vayan a ofender algunos de mis amigos o de mis clientes. Enhorabuena, profesor por el diagnóstico.
    El reto ahora es que quienes podrían hacer algo para evolucionar en el buen camino (los legisladores y los políticos en los gobiernos ejecutivos) están negativamente incentivados para solucionarlo.
    Es peor, buscan algunos incrustrarse en un trabajo público por la puerta de atrás, sin suoerar unas oposiciones abiertas o un proceso de selección en el que prime el mérito y capacidad.
    Estoy harto de ver concursos públicos de servicios para puestos especializados de complejidad media-alta en los que el precio de salida apenas supera los 22-24€. Con eso y el descuento a la baja se queda en unos 18€ y la empresa que gana el concurso tiene que pagar de ahí al trabajador (seguridad social, vacaciones, formación) y cubrir sus costes (avales, reclutamiendo, costes administrativos, ..) quedando en neto para el salario unos 8€ o máximo 10€ hora. Luego ese trabajador externalizado trabaja al lado de un funcionario con menor cualificación y nula motivación, y hace el doble de horas efectivas de trabajo. Pura asimetría laboral bajo el mismo techo. Los sindicatos de los funcionarios, con sus liberados y prebendas, se dedican a conspirar y a intentar colar por la vía de la recomendación a sus conocidos. Esto sin hablar de corrupción.
    Ánimo profesor Ramió. No desfallezca. Un buen diagnóstico es el primer paso

  5. ¿No es anticonstitucional la propuesta de prohibir la actividad sindical en la administración pública? Por más que los sindicatos sean corporativos, todo poder sin límites tiende al exceso y así pasaría en una administración sin sindicatos. Además del tema salarial hay otros temas (por ejemplo: salud laboral) que justifican la existencia de las organizaciones sindicales.
    Estoy de acuerdo en que los salarios de los altos directivos públicos son bajos. Habría que adecuarlos pero teniendo en cuenta cada puesto de trabajo y no solo la categoría: no es lo mismo ser director general de la Policía, con 17.000 funcionarios a tus órdenes, como ser director general con escasos 20 funcionarios adscritos. Y, además, habría que intentar asegurar la profesionalidad e idoneidad para el cargo y no solo la confianza política del elegido, como sucede ahora.

Dejar respuesta