Las empresas contratistas de obras públicas y concesionarias de servicios públicos se han acostumbrado a unos beneficios excesivos en sus negocios con las instituciones públicas. La media del 25% en sobrecostes de los contratos y concesiones de las administraciones públicas españolas que afirma la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un reciente estudio (enero 2015) es abrumadora. El problema es que está lógica de beneficios desmesurados afecta muy negativamente a las administraciones públicas que poseen un modelo de gestión impecable y que son totalmente impermeables a las prácticas corruptas (que siguen siendo la mayoría de las instituciones públicas del país).
Una buena parte de las empresas adjudicatarias de servicios públicos poseen unos estándares de beneficios tan enormes que generan toda suerte de problemas a las instituciones públicas que operan de forma estricta en un mercado con una competencia imperfecta. Son recurrentes, por ejemplo, las quejas de las administraciones públicas que cuando en un concurso ofrecen un precio justo y ajustado no se presenta ninguna empresa y el concurso queda desierto generando unos problemas de un alcance tan enorme que generan terror a políticos y funcionarios.
En este sentido, hay incentivos perversos para ser excesivamente generosos con los concursos públicos y no tener que enfrentarse a problemas adicionales. Por ejemplo, en uno de los ayuntamientos que he visitado recientemente, y que opera de manera impecable, un teniente de alcalde se quejaba de los problemas que tenía con la concesión de limpieza del espacio urbano del municipio. Al ser un municipio de grandes dimensiones estamos hablando de de varias decenas de millones de euros al año. La queja del edil era que la limpieza era muy precaria a pesar del elevado volumen económico y que cuando hablaba con los directivos de la empresa le comentaban que todo el problema se derivaba de una deficiente financiación y que con solo un millón de euros adicionales al año todo se solucionaría. Y en efecto, cuando el ayuntamiento ponía un millón más sobre la mesa la limpieza en el municipio era impecable.
¿Cómo es posible que de una muy baja calidad se pasara a una calidad espléndida con solo un millón más sobre decenas de millones de euros? Al cabo de un año la dinámica se repetía y el ayuntamiento se veía obligado a aportar un millón más y así sucesivamente. Es obvio que estamos ante prácticas de extorsión de grandes empresas del sector sobre las administraciones públicas para lograr todavía más beneficios. Pongo este ejemplo de limpieza urbana ya que se trata de una concesión que no suele ser precisamente pacífica. El sentido común dice que tiene que ser más barata la limpieza municipal gestionada por una empresa externa que por la vía de la gestión directa. Una empresa externa posee economías de escala, no tiene tanta rigidez en la gestión del personal, está muy especializada y conoce mejor los rudimentos de este tipo de servicio, etc. Pero muchas veces en la práctica no sucede así y alarmado ante este caso concreto que he analizado he encontrado un informe del Tribunal de Cuentas de 2011 en que se afirma que el coste de la limpieza por habitante y año en los municipios que han optado por la gestión directa es de 16,23 y que el coste por los que han optado por gestión indirecta (concesión a una empresa del sector) es de 27,83 euros. ¡Un 71% más sin que exista correlación positiva en términos de calidad! Estos datos son totalmente inadmisibles. Por este motivo algunos de los gobiernos locales vinculados a la constelación Podemos se están planteando en estos momentos seriamente internalizar todo tipo de servicios que hasta el momento han sido objeto de externalización: limpieza, gestión de parkings públicos, mantenimiento de parques y jardines, gestión de equipamientos deportivos, etc.
Considero que es un grave error técnico ya que se trata de servicios que no poseen un elevado valor público (como sería el caso, por ejemplo, de la sanidad, la educación, los servicios sociales o incluso la gestión del agua) y que son muy instrumentales y operativos y que el sector privado tendría que garantizar más eficacia y eficiencia que el sector público. Además, recuperar la prestación de este tipo de servicio dentro de los aparatos públicos los pueden asfixiar y generarse todo tipo de externalidades negativas. Lo que hay que hacer en estos casos, en cambio, es renegociar las condiciones económicas de estas concesiones para que sean atractivas para ambas partes pero para ello es imprescindible que las empresas del sector se conformen con unos beneficios sensatos en términos de mercado.
En el análisis del sobrecoste, ¿se ha incluido los costes de demora en los pagos? El principal problema para asumir un servicio por los medios propios de la administración es la falta de una mínima liquidez necesaria para el dia a dia. Al contratar, se pasa ese problema al contratista, quien al final lo devuelve aumentado, pero más tarde.
El mantenir la externalización es difícil. El problema es la situación casi monopolística del sector de la limpieza. Como se indica en el articulo, cuando la oferta es ajustada, el concurso queda desierto. Quizás la solución seria crear empreses públicas que mancomunaran servicios de varios municipios.