Como consecuencia de las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ( TSJ) sobre retribuciones del personal acogido a planes de fomento del empleo, que muestran criterios contradictorios en las Salas de Málaga y Sevilla, en este trabajo se va a intentar analizar la situación suscitada.

 

I: Normativa.

 

  1. Decreto Ley 2/2015, de 3 de Marzo ( BOJA 11-3-2015).

-Inserción laboral de desempleados por parte de los ayuntamientos, en orden a la ejecución de proyectos de cooperación social,  para mejorar su empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales (art. 7).

-Destinatarios: De 18 a 24 años, o a partir de 25 años (art. 9), en función de los programas.

-Gasto subvencionable. Cantidad alzada en función de grupo de cotización a la seguridad social (art. 10).

-Obligaciones de los ayuntamientos (art. 11). Destacar el punto i. que se refiere a la tutorización de personas contratadas para la obtención de certificado de profesionalidad, y necesidad de informe tras seguimiento exhaustivo de la labor del trabajador.

-Limitación (art. 12) . No podrán sustituir a personal de estructura.

-Requisitos y criterios.  art. 13). De carácter social, no parecen tenerse en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

-Tipo de contrato (art. 14). Obra y servicio entre 3 y 6 meses, excepto los menores que será siempre de 6 meses. Al amparo de art.15.1.a) del Texto refundido del . Estatuto de los Trabajadores, si bien parece más  un contrato formativo o de aprendizaje del art. 11 de dicho texto refundido.

  1. Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, (modificado por Decreto Ley 2/2016, en cuanto a los requisitos de los ayuntamientos para acceder a la subvención). Muy similar en la materia al anterior, así como en sus objetivos, requisitos, tipos de contratos y modo de calcular el importe de la subvención.

 

 

II: Jurisprudencia.

Entre las principales sentencias que se han pronunciado en supuestos similares, pueden destacarse las siguientes:

 

1)STSJ Castilla-León 5555/2009 de 23 de septiembre de 2009. Criterio favorable a la igualdad de retribuciones respecto del personal de plantilla de similares características, por los siguientes argumentos :

-El colectivo carece de fuerza negociadora.

-No ha habido negociación  con la representación de los afectados, dado que no existe una organización sindical representativa de este personal que pueda negociar separadamente .

-No hay una diferencia sustancial, más allá de aspectos concretos, que justifique diferentes retribuciones.

-Existe discriminación salarial, prohibida por art. 14 CE y Estatuto trabajadores.

2)STSJ Galicia 4372/2013, de 14 de mayo de 2013.Criterio contrario al anterior.

-Las contrataciones de este tipo quedan fuera del ámbito de aplicación del Convenio colectivo de los empleados del Concello ( Ayuntamiento) de Vigo.

-Se trata de contratos de obra o servicio determinado, y de actividades de carácter meramente coyuntural de carácter temporal, sin relación indefinida.

-El personal no se integra en la RPT.

-El plan de empleo fue elaborado para acometer obras públicas, en una labor de acción social o fomento de las Administraciones Públicas, con marcado carácter temporal, en colaboración con otros organismos  y sometido a limitaciones presupuestarias, claramente distinto del caso de los trabajadores del Concello de Vigo.

-No existe discriminación por razón de salario, dadas las diferentes características de los puestos de trabajo.

-Existía un acuerdo marco, negociado con los sindicatos, que tiene carácter y fuerza de convenio colectivo.

3)STSJ Cantabria 597/2016, de 13 de Julio de 2016.

-Argumentos muy similares a la de Castilla León en general.

-Añade que no pueden pactarse individualmente condiciones menos favorables que las que figuren en el convenio o norma.

-No considera justificado que existan limitaciones presupuestarias, ya que la subvención puede no aceptarse.

– Cita posibilidad de descuelgue del convenio, en base a art. 82.3 Estatuto trabajadores (explicar).

-La orden de la CA de Cantabria, remitía al convenio aplicable, que el TSJ considera que es el municipal.

4)STSJA, sala de Málaga 949/2016.

Prácticamente idéntica a la de Castilla León de 23-9-2009, antes citada, que básicamente transcribe, sin introducir aspectos novedosos.

5)STSJA, Sala de Sevilla de 9-2-2017.

-Limitaciones presupuestarias y plan de ajuste, impiden llevar a cabo contrataciones temporales (lo que excluyen expresamente las de Castilla León y Cantabria).

-Prohibición de nuevas contrataciones en 2014 a través de ley de presupuestos, salvo supuestos excepcionales.

-Participación en talleres y acciones formativas para conocimiento y manejo de herramientas de búsqueda activa de empleo.

-Excepcionalidad del tipo de contratación.

-Prevalencia del Decreto ley sobre el convenio en base a art. 3 Estatuto Trabajadores (discutible argumento).

-Inexistencia de contrato administrativo propio del orden laboral, según STS 29-5-2015 y concordantes.

 

En espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie, y unifique doctrina, la situación para las administraciones locales es de notable inseguridad jurídica, siendo difícil adoptar un criterio sólido y no controvertido, pareciendo lo más recomendable en estos momentos, seguir el criterio expresado por la Sala a cuya circunscripción territorial pertenezca el municipio afectado.

 

 

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