Esta semana he comenzado el semestre (realmente cuatrimestre, como tantas mentiras oficiales) en lo que se conoce como Grado en Derecho. Expresión ésta, la de Grado, que antes relacionábamos con cierta consolidación en la función pública y que nuestros gobernantes de turno entendieron conveniente adoptar, según ellos por necesaria confluencia europea (¿?), desterrando de la ordenación académica española el multicentenario título de Licenciado. En unos años, nuestros estudiantes de Bachillerato, si llegan a leer a Cervantes, no sabrán qué era exactamente el Licenciado Vidriera.

Los grados, ahora, en general, son de cuatro años y ya hay universidades, mayoritariamente privadas, que claman por reducirlos a tres para que los postgrados, más caros, ganen lo que se pierde previamente. Y esa reducción se nota formativamente porque el nuevo sistema obliga a limitar las horas expositivas, en aras de una supuesta autoformación de los estudiantes. Como si un recién matriculado en una Facultad pudiera por sí solo, con el material del campus virtual, Google y la Wikipedia solventar la más abstrusa cuestión jurídica.

Hoy en día, todo se reduce a hablar de Bolonia. Y no para bien, precisamente. A la ciudad con la universidad decana de Occidente, no se la asocia ahora ni con su rica historia, ni con su casco medieval, ni con su profunda vinculación a España. Apenas con su gastronomía, tan fuerte como universal. Ahora, “Bolonia” es un no se sabe qué, causante de haber puesto patas arriba a todos nuestros centros universitarios. Y la percepción del cambio no es de momento positiva en una relevante proporción de sus destinatarios: alumnos, profesores y sociedad, comenzando por las familias pagadoras del invento y terminando por un mercado laboral, bajo mínimos, escéptico ante el acierto de cualquier modificación formativa. Esta “Bolonia”, en terminología resumida y casi despectiva, es la culpable de que los estudiantes tengan pocos medios, una desorganización sensible de sus actividades, aulas inapropiadas cuando no masificadas para lo que se pretende, horarios disfuncionales, exámenes al día siguiente de un período falsamente vacacional, poco profesorado para tanta tutoría y escasos medios materiales para nutrir las necesidades de laboratorios, bibliotecas o recursos tecnológicos.

Haciendo una breve recapitulación cronológica, lo que denominamos Declaración de Bolonia tiene un primer antecedente en la firma de la Carta Magna de las Universidades por parte de rectores de universidades europeas, el 18 de septiembre de 1988 en Bolonia. Por aquellas fechas, bajo el rectorado de mi director de tesis, Fabio Roversi-Monaco, la universidad boloñesa celebraba sus novecientos años y pareció buen momento y lugar para iniciar una reforma europeísta, basada en cuatro pilares: la libertad de investigación y enseñanza; la selección de profesorado; las garantías comunes para los estudiantes y el intercambio permanente entre universidades.

Diez años tardaría, sin embargo, en ponerse en marcha este propósito: el 25 de mayo de 1998 se firmó la Declaración de la Sorbona por los ministros de educación de Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Y, por fin, el 19 de junio de 1999, los representantes educativos de 29 estados europeos rubricaron la Declaración de Bolonia, que asienta el Espacio Europeo de Educación Superior, que debería culminarse en este año 2010. Después de esta Declaración, han venido los Comunicados complementarios de Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005) o Londres (2007).

No es este el lugar para detallar lo que supone, como una de las grandes novedades, el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) donde se computan, junto a las horas de clases teóricas, las de trabajos, seminarios o estudio a realizar por el alumno. Crédito ECTS que  hace posible una homologación de titulaciones a nivel europeo. Pero como es sobradamente conocido, este nuevo reto pedagógico parte de nuevos conceptos: la adquisición de conocimientos: teóricos y prácticos; las destrezas, bien cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo), bien prácticas (basadas en la destreza manual y en el uso de métodos o instrumental) y las competencias, asentadas en los principios de responsabilidad y autonomía. Todo ello debiera suponer unas enseñanzas más atractivas y completas, orientadas hacia las demandas de un mercado profesional sin fronteras, desterrando la hegemonía de las clases magistrales. Y también una evaluación continua, con seguimiento diario del trabajo de cada alumno, utilizando las nuevas tecnologías y las tutorías grupales e individuales. Y con una importante carga práctica de trabajo que exige de la coparticipación o intervención activa del estudiante, mediante ejercicios personales, trabajos colectivos o prácticas en instituciones o empresas.

Poner en marcha en cada país esta revolución académica no es tarea fácil y ha sido –y es- iniciativa firmemente contestada por diversos motivos y por diferentes colectivos, desde conservadores hasta antisistema. La situación económica y la drástica reducción de la inversión en personal y equipamientos universitarios, están suponiendo una implantación degradada de un propósito tan ambicioso. Recurriendo al símil evangélico, malo es echar vino nuevo en odres viejos, pero no hay otros. Y esas carencias y las lógicas y humanas de los gestores, son lo que ha llevado a hablar de “Bolonia” de forma no precisamente admirativa.

Yo tengo, sin embargo, un concepto tan elevado del nombre de Bolonia y unas vivencias tan imborrables en aquella ciudad, que me rebelo contra la asociación del topónimo a un inmaduro y radical cambio en nuestras universidades. Viví en la capital de la Emilia-Romaña prácticamente entre dos acontecimientos trágicos que marcaron la historia de Italia: el asesinato de Aldo Moro por las Brigadas Rojas y el atentado neofascista de la estación de Bolonia, que causó ochenta y cinco muertos y cientos de heridos. Estación que, como bien sabían los terroristas, es la primera de Europa en tránsito por pasajeros y que actualmente cuenta con setenta millones de viajeros al año.

Pese a esa época tan convulsa, estudié y viví en una Bolonia maravillosa, que por entonces exhibía al mundo un modelo de rehabilitación/reconstrucción de su casco antiguo, enormemente apreciado por los arquitectos. Una Bolonia donde la impronta española seguía y sigue viva, gracias a personajes como santo Domingo de Guzmán, allí enterrado o, por descontado, del cardenal Albornoz que, en 1364, fundó el Colegio de España; institución casi sin parangón en Europa, que sigue acogiendo estudiantes españoles que van a doctorarse a la más vieja academia europea. Real Colegio, que no es sólo uno de tantos monumentos de la ciudad, sino que alberga tesoros artísticos y documentales de valor incalculable. Como incalculable es el afecto, el respeto y la protección en tiempos difíciles de los boloñeses hacia este enclave cultural español, donde pernoctó Carlos V un 23 de febrero (de 1530, naturalmente), antes de ser coronado Emperador en la basílica de san Petronio, ausente en una conocida serie televisiva. Un colegio llamado de España, como siempre se destaca, ciento treinta años antes de la unión matrimonial de las coronas de Aragón y Castilla y que ahora padece luchas intestinas que nos producen sonrojo a la mayoría de excolegiales.

Me consta que en la propia ciudad no existe un sentimiento de orgullo por la utilización de su nombre para este discutido y no generalizado en Europa, sistema de estudios. De momento, los humildes funcionarios docentes tendremos que afanarnos en multiplicar no los panes y los peces pero sí los contenidos que caben, por ejemplo en mi universidad y mi materia, en 28 horas de clases teóricas y algunas menos de docencia práctica. Menos mal que, en Derecho, tan exigua carga –sin perjuicio de que haya profesores desmesuradamente rigurosos para lo que se explica-, se complementa con oposiciones o con un máster, como el de la abogacía. De no ser así, era cosa de echarse a temblar. Y lo digo sin tapujos porque ya está bien de ser política o académicamente correcto.

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