688.044 viviendas… y sin saber quién paga esta ronda…

Es curioso comprobar cómo los defensores del mercado, que tachan la intervención pública de fuente de todos los males, son capaces de olvidar su discurso cuándo ese mercado en el que tanto confían rola en contra de sus intereses. Poco se objeta cuándo hay beneficios sin fin. Sólo lo público molesta. Es precisa menos regulación, menos intervención, menos presión fiscal y más agilidad en procesos públicos. De los procesos privados, opacos e inmunes a todo control, incluso cuando se solapan con los públicos, se encargan ellos. Lo privado se puede demorar, incluso incumpliendo la norma. Lo público nunca, siempre que el interés privado lo exija, aunque el interés público se oponga. Los precios se pueden manipular artificiosamente, se pactan obviando costes y absorbiendo cuantas prácticas especulativas públicas y privadas sea posible hacer.

Sin embargo, cuando el mercado no determina mayores beneficios sino mayores riesgos, cuándo lo que se vendía solo, sin necesidad de departamentos comerciales, empieza a convertirse en stock, cuando el comprador ya no es un siervo de un mercado cautivo y concertado en manos de unos pocos, entonces lo público debe acudir al rescate. Los clientes tornan en víctimas y engrosan las listas del paro y el prohombre que destilaba beneficios por los poros de la piel, que jugaba con suelos, planes y financiación ajena como quien construía castillos en la arena empieza a pensar cuán injusto es el sistema y a buscar en culpas de otros la explicación de sus propios errores. No existe la autocrítica, ni el compromiso empresarial. Todo iba bien y otros lo estropearon, parecen pensar.

Hoy España es más pobre. Todos los somos. Hoy el dorado construido con el oro del ladrillo se ha convertido en plomo y pesa como una losa en la economía nacional, en los balances de los sectores inmobiliario y financiero y en las cuentas de las familias. Todos somos más pobres. Tras la orgía de cemento de los últimos diez años quedan páramos urbanizados o en curso de urbanización sin valor a corto y medio plazo, quedan esqueletos de edificios en construcción, quedan edificios construidos pero sin vida. Y lo grave, lo verdaderamente grave e irresponsable, es que hemos comprado todo eso con dinero que no teníamos. Nos hemos gastado la herencia de nuestros padres y los ahorros de nuestros hijos apostando, tal y como algunos nos invitaron a hacer, por lo imposible, por lo que no podía llegar a ocurrir por insostenible.

El Ministerio de Vivienda acaba de publicar un estudio sobre el stock de viviendas a 31 de diciembre de 2008 . En España hay 688.044 viviendas nuevas en stock, 13,3 viviendas por cada mil habitantes. Dicho de otro modo y sin ningún ánimo científico, a un precio medio de 180.000 euros por vivienda cada uno de esos mil ciudadanos se ha endeudado en 2.394 euros. El conjunto del país lo ha hecho en 123.847.920.000 euros. Sumemos a eso los préstamos para la adquisición o urbanización del suelo actualmente sin construir o las viviendas no acabadas, entre otras cosas. Y el agujero aparecerá como una profunda sima.

Un estudio de Francesc Xavier Mena , catedrático de Economía de la Universidad Ramón Llull y profesor ordinario de ESADE en Barcelona, hecho público hace unos días , califica esta situación como una auténtica «huida hacia adelante». Considera que los datos difundidos por el sector inmobiliario y financiero están maquillados porque los valores de tasación de los activos son ficticios dado que no asumen la depreciación derivada del derrumbe inmobiliario. Bancos y cajas, sobre esas valoraciones con pies de barro, están bien refinanciando a las empresas inmobiliarias que ya tenían créditos concedidos, bien embargando y adjudicando activos a precios bajos, y aún así inflados, bien cancelando deudas a cambio de pisos, solares o suelos sin desarrollar. Casi nada. De los 445.000 millones de euros de préstamos a promotores y constructores, según dicho estudio casi un 37%, es decir, 165.500 millones de euros son créditos dudosos.

El problema de fondo es muy simple. Nadie quiere perder ese dinero prestado. Ni asumen tan duro correctivo los bancos y cajas, que no lo han provisionado sino de manera muy insuficiente probablemente porque no llegan a más; ni lo hacen las empresas inmobiliarias, que carecen de recursos propios porque éstos no hacían falta en las épocas de bonanza y no tienen más activos que los suelos adquiridos o urbanizados o los inmuebles construidos con esos préstamos que no pueden devolver. Unos y otros vuelven los ojos hacia otros. Que paguen otros. Que pague el Estado o, en el peor de los casos, confiemos en las bondades y recursos de una demanda hoy inexistente de productos inmobiliarios. Al final, pues y como siempre, los ciudadanos, a través de la administración o directamente (en el siguiente comentario veremos cómo). En todo caso, otros. Curiosa concepción ésta del mercado, con beneficios privados y pérdidas públicas. Curiosa de veras.