Aprovecho que, el pasado lunes día 9, se emitió un sello conmemorativo de la Capital Española de la Gastronomía del presente año 2025; elección que, como es de conocimiento general, ha correspondido a Alicante. Una estampilla de 2,40 euros de valor facial, en pliegos de 25 efectos y una tirada de sólo 70.000 ejemplares, aprobada el 26 de mayo anterior. Y cito esta cifra, sobre la que luego volveré, porque el correo postal ha quedado reducido a la mínima expresión con las nuevas tecnologías e incluso, para los amantes de la filatelia, el golpe moral infligido por estafas sentenciadas, como las de Fórum Filatélico y AFINSA, ha hecho mucho daño y desanimado a potenciales coleccionistas e inversores. Aunque en venta comercial y en subastas de fungibles sigan alcanzándose precios altos. Naturalmente, en sellos de rareza o emisión limitada. Nada nuevo el fraude en la filatelia, en un país que, a pocos días de estamparse el primer sello, el 1 de enero de 1850, ya andaba por los mercados la primera falsificación. Sellos “fake”, diríamos hoy con tan innecesario anglicismo (aunque el primer timo se gestó en Inglaterra), que tienen valor y se coleccionan y que, en sus transacciones, pagan impuestos a Hacienda, lo que no deja de ser un esperpento.
Pero vuelvo al sello alicantino. Como en todas las emisiones desde hace muchos años, llega su emisión y puesta en circulación al BOE tras la aprobación de una “resolución conjunta” de dos Subsecretarías. Concretamente, la de Transportes y Movilidad Sostenible (de la que depende Correos y su Servicio de Filatelia, como tristemente sabe en estas fechas hasta el gato). y la de Hacienda (a la que está adscrita la Real Fábrica de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre). Esta modalidad acordada, con cierto parecido a los Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, del artículo 24 de la Ley del Gobierno, no es extensible a otros efectos impresos o acuñados por la FNMT-RCM, como los billetes de Lotería o la puesta en circulación de monedas conmemorativas o de colección, sujetos a otra normativa o autorización, incluso de instancias europeas, en el segundo caso.
No deja de ofrecer alguna curiosidad la figura de las resoluciones conjuntas ya que, aunque pueda sorprender, de tratarse de ministerios regidos por fuerza política distinta en un gobierno de coalición (lo que hoy no es el caso), podrían encontrarse posturas enfrentadas por la negativa de una parte a celebrar u honrar algún hecho o personaje propuesto por la otra parte. ¿Habría un conflicto a resolver en muy altas instancias o el tema decaería, sin más, para decepción de los proponentes?
No son un caso aislado estas resoluciones conjuntas. Podemos ver las existentes entre la Dirección General de Fe Pública y la del Catastro para aprobar normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de inmuebles en documentos notariales o para el intercambio entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, por citar algunos ejemplos.
Y, con este nombre u otro, esta complementariedad necesaria la vemos en otras Administraciones. En las universidades, se da en materia de plazas de profesorado vinculadas entre la institución académica y el Sistema autonómico de Salud del que depende el hospital clínico.
Pero regreso, para terminar, a los sellos. Decía que de la tirada de la Capital Gastronómica de 2025 se habían tirado 70.000 ejemplares de 2,40 euros (la tarifa para Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Rusia). Hace cuarenta años, una emisión similar podía alcanzar los diez millones de efectos. Pero aún me cuestiono alguna cuestión menor: el año 2024 correspondió a Oviedo este honor de cuchara y tenedor y la resolución conjunta aprobó emitir 116.000 sellos de 1,70 euros. En 2023, fue Cuenca la protagonista de una tirada de 124.000 efectos de 1,65 euros. Y así sucesivamente. Aunque me consta que se estudia la utilización de cada valor facial y la demanda local de cada sello, alguien podría entender. desde su ciudad, que había en la diferencia -también en la calidad del sello- algún tipo de discriminación. Por fortuna, aunque me consta, en otras ocasiones, algún tipo de protesta por el diseño, la leyenda o cuestiones lingüísticas, en esto de la gastronomía parece que no ha habido, que yo sepa, protestas que pudieran trascender. Tendría gracia un recurso -obviando la legitimación- frente a una resolución conjunta.
Son pequeñas peculiaridades de la historia postal, desde que en 1893 se fundieran la Casa de la Moneda y la Fábrica del Sello que, actualmente, desde el Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio, conforman una Entidad Pública Empresarial con el nombre conjunto de Real Fábrica de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cuyas siglas aparecen al pie de todos los efectos filatélicos.
En otra ocasión, en este blog, incidentalmente comenté lo incomprensible de las estafas piramidales a las que aludí más atrás, ya que, en 175 años de emisiones, sólo un puñado de estampillas, por su bajísima tirada, cambios de color u otras rarezas, se habían revalorizado significativamente, en tanto que los sellos, desde 1964, valían casi siempre menos que su valor facial. Vamos, que podríamos pensar que es más persuasivo el timo de la estampita que el de la estampilla. Pero añado, como aficionado al asunto, que no conozco a coleccionista, profesional o experto de la filatelia al que no le hayan colado un gol con un sello falsificado y doy fe por lo que me toca. Pero, de momento -a la historia me remito- las resoluciones conjuntas no autorizan la expendición de sellos falsos, aunque también se revaloricen.
