Lo anunció en su discurso de proclamación: había que renovar la Monarquía. Felipe VI ya se ha puesto ya manos a la obra y, antes de que concluya 2014, pondrá en marcha una serie de medidas como someter las cuentas de la Casa del Rey a una auditoría externa, que será realizada por la Intervención General del Estado (IGAE), y que deberá preservar la independencia presupuestaria que la Constitución atribuye a esta Institución. Dicha auditoria comenzará a realizarse con las cuentas de 2015.
Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), se trata de un gesto de transparencia que debe garantizar la independencia de los auditores. Y, a la espera de conocer los términos concretos de acuerdo, el mismo debería regular, entre otras cosas, qué tipo de auditoría se realizará (de cuentas, de legalidad, eficacia y eficiencia…), si el alcance del examen será completo o limitado, y la forma en que se designen los equipos auditores. Y ponen como ejemplo el caso de la Casa Real Británica, en el que se aportan detalles de todo tipo de gastos, y valoran positivamente que el resultado de la auditoria sea publicado conjuntamente con este informe anual.
Además, para que las medidas anunciadas supongan un paso firme hacia una mayor transparencia y no se conviertan en una medida más “de cara a la galería”, los técnicos consideran que sería necesario modificar el artículo 65 de la Constitución española, de forma que el sueldo del monarca y demás miembros de la Casa Real los fije el Parlamento.
Sin embargo, hay una piedra en el camino. Los técnicos avisan que, como paso previo a la realización de la auditoría anunciada, es necesario resolver la situación actual de la IGAE. De este modo, Gestha sale al paso de una orden publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la cual el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declara la “insuficiencia de medios” de la IGAE, lo que, según el Ejecutivo, exige subcontratar con firmas privadas la auditoría de algunas actuaciones de control sobre subvenciones y ayudas públicas y controles de los fondos comunitarios para los años 2014 y 2015.
Gestha considera esta externalización un “dispendio” de recursos públicos, ya que se desaprovecha la experiencia y capacidad de cerca de millar de técnicos de auditoría que trabajan en la Intervención del Estado y que actualmente están relegados en algunas funciones auditoras, como son la planificación y dirección de los equipos de auditoría y la firma de informes con las responsabilidades que conlleva.
Los técnicos denuncian, además, que esta externalización de servicios no es algo nuevo, sino una práctica desde hace más de una década y que va a generar solo entre 2013 y 2017 unos gastos innecesarios para el erario público de 3,6 millones de euros. Según el portavoz de Gestha, Manuel Redal, “muchos técnicos auditores con experiencia y veteranía en el ejercicio de su profesión han visto como se les han reducido las funciones y competencias en favor de las grandes firmas de la auditoría privada”.
En su opinión, resulta contradictorio que, por un lado, la Ley de Auditoría de Cuentas 19/1988 reconozca a los Técnicos de Auditoría el trabajo y la formación necesaria para ser auditores privados –que les habilita a estar inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas- y, en cambio, se pongan cortapisas para el ejercicio de su profesión dentro de la propia Administración Pública, que es precisamente donde tienen mayor experiencia.
