Boletines oficiales

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Los que leemos el BOE a diario (obviamente por obligación porque no parece que haya nadie tan masoca como para hacerlo por divertimento), nos sorprendemos a veces con cosas de lo más extrañas. Viene esto a que hace ya bastantes días que se puede  observar que se están publicando en esta temporada todas las leyes aprobadas por la Comunidad Autónoma del País Vasco desde sus inicios constitucionales. Así, se están publicando leyes desde inicios de la década de los ochenta del pasado siglo, hace nada menos que treinta años.Podríamos hacer una relación pero sería ciertamente muy aburrido… En el último BOE que leo, el de 9 de abril de 2012, están publicando las leyes vascas de 1983 por ejemplo las de presupuestos, la Electoral para las Juntas Generales del Territorio Histórico de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, el Himno Oficial de Euskadi, de Ordenación de la Actividad Comercial, del Servicio Vasco de Salud Osakidetza, etcétera….

Y como ciudadano – peatón sometido a los múltiples controles del Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento oso preguntarme ¿pero quién controla a éstos? ¿No existe una evidente obligación de publicar las leyes en el BOE? ¿Qué debería pasar porque no se hayan publicado las leyes en 30 años habiéndose aplicado sin embargo? ¿Todos los actos derivados de una ley no publicada en el BOE serían nulos? ¿Qué ocurre si un Ayuntamiento no publica el texto de sus ordenanzas en el BOP, qué diría la Sala de lo Contencioso? ¿Qué ocurre cuando un Ayuntamiento se despista por cualquier motivo y no publica un período de información pública general, pongamos una aprobación inicial de un Plan General de Ordenación Urbana, no declararía la Sala nulo de pleno derecho el Plan?

Y alguna pregunta un poco más capciosa: los técnicos juristas y asesores del P. Vasco no lo sabían (lo cual sería grave, no me lo creo) o bien los políticos deliberadamente decidieron pasar del asunto no reconociendo en el fondo su pertenencia al Estado Español? Por cierto nada se ha comentado en prensa y me sigo preguntando ¿alguien va a hacer algo? Me temo que como siempre que algo les afecta a ellos se correrá un tupido velo.

¿Hay que esperar a que gobiernen partidos constitucionalistas para que se publiquen las leyes, o sea, para que se cumplan las normas en lo más elemental? Porque si como es previsible vuelve el nacionalismo al poder en el P. Vasco de nuevo, nos pasaremos otros treinta años sin publicar sus leyes, presumo.

La Ley 3/1979 de Estatuto de Autonomía para el País Vasco obviamente no hace referencia más que a su propio boletín, lo que no es óbice para que formalmente deban publicarse, al menos así se ha interpretado por el resto del común de los mortales. El derogado  Real Decreto 1511/1986, de 6 de junio, de ordenación del diario oficial del Estado y el vigente Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial Boletín Oficial del Estado impone la publicación, como no podría ser de otra forma, además, por supuesto, del inveterado artículo 2 del Código Civil.

Sin embargo en este país cada Comunidad Autónoma hace de su capa un sayo, es decir, hace más o menos lo que le viene en gana. En un país en profundísima crisis en la que todos los economistas dicen que es fundamental que exista crecimiento económico para salir del hoyo en el que nos encontramos y que no sólo es preciso acentuar las medidas en la reducción de gastos y en el aumento de ingresos, nos permitimos el lujo de crear un estado de inseguridad jurídica que es evidente que no puede hacer sino ahuyentar a los inversores. Un inversor americano, chino o bielorruso para poder saber qué normativa debe aplicar si quiere abrir un negocio en uno de los diecisiete territorios ¿tiene que estudiarse diecisiete boletines? El presidente de una conocida cadena sueca de almacenes de muebles decía hace poco que para abrir una tienda en España es necesario más o menos unos seis años. Así nos va. Mucha Directiva de Servicios de 2006 pero seguimos igual. Es todo tan ridículo el tema que cae en el esperpento.

Concluimos: es necesaria una profundísima y valiente reforma del sistema autonómico, clarificar competencias, que cada uno haga lo que le corresponda, que pasen cosas a todos cuando no se cumple, que vivamos conforme a nuestras posibilidades, que exista una verdadera igualdad entre territorios y dejarnos de tanta monserga y discurso vacío. Digo.

1 Comentario

  1. Suscribo todo lo anterior, pero más que de lograr una igualdad entre territorios o entre pueblos (cosa que no veo posible, por otra parte), la gran aspiración y el gran desafío debería ser la igualdad de las personas ante la Ley. En este sentido, hay una medida básica y de principio que en Países con Estados fuertes, normales y bien constituidos (aunque algunos no sean formalmente Repúblicas), como: EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia, etc. se considera elemental y es que los ciudadanos de la Nación tienen una única Lengua Oficial común que los pone en un plano de igualdad, como condición «sine qua non» para la existencia de una Democracia. Es decir: una nación es democrática cuando la compone un solo pueblo sometido a unas mismas leyes en una lengua común, en la cual ejercen unos mismos derechos y cumplen unos mismos deberes todos sus ciudadanos. En España esta idea no ha prosperado y nuestro modelo político es mucho más balcánico, africanista o medio oriental: diversidad de pueblos con diversidad de lenguas y leyes. Con independencia de lo rico que pueda ser un país, lo anterior es un factor de atraso político, social y económico, si no un desencadenante de conflictos (véanse los casos de Yugoeslavia e Irak) que pagan muy caros los ciudadanos, por más que que puedan salir beneficiados los miembros de mafias que hacen negocio con las esencias identitarias o las chusmas sometidas a su tutela y receptoras de inmerecidos privilegios.

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