Vuelvo por el camino que anduve en el anterior post cuando me referí a la desorientación que, a mi juicio, producían los artículos sobre el tamaño de la deuda griega en términos del PIB, para aplicarlo a la realidad española. Creo que el asunto es oportuno, a la vista de la nueva tormenta que se ha desatado respecto a la deuda pública nacional, en la bolsa, y contra algunos de las principales compañías españolas. Sé que el tema es aburrido y prolijo, así que intentaré simplificar todo lo posible la exposición. Por último, como estas cuestiones se prestan al debate político e inmediatamente surgen los juicios de valor respecto de cualquier cifra, he manejado los datos medios de las principales partidas del presupuesto general del Estado en el período 2002 – 2011, con lo que además de dos gobiernos de diferente signo, se contemplan fases alcistas y bajistas del ciclo económico. – En todos los años considerados, el Estado ha gastado más dinero del que ingresaba, en media, 58.000 M € anuales. Así pues, desde 2002, el Estado ha acumulado un déficit en la contabilidad pública de 584.000 M € (97.169.424.000.000 ptas.)
– El ritmo del exceso de gastos ha aumentado conforme se materializaba la crisis económica: de los 584.000 M € de desfase, casi la mitad corresponde al último trienio (2009, 2010, 2011), que son responsables de 285.000 M €.
– La estructura media del gasto público durante el decenio considerado se caracteriza porque un 74% del total es gasto corriente, es decir, gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, prestaciones, desempleo; el 7% es gasto financiero; y sólo el 7% restante tiene que ver con las inversiones, investigación, comercio, etc.
– En particular, las trasferencias corrientes suponen la mayor parte del gasto público, en media el 65% del total; este concepto incluye los pagos por pensiones, prestaciones, servicios sociales, desempleo, etc. Como cabía esperar, estos gastos han ganado peso en el transcurso de la crisis: en la primera fase del decenio, antes de la crisis, por término medio suponía 153.000 M €, aumentando con la adversidad un 38% hasta 211.000 M €.
– El programa de reducción del gasto público del año pasado produjo un ahorro de 24.000 M €, centrado especialmente en inversiones (-4.000), trasferencias de capital (-6.000) y trasferencias corrientes (-25.000); los gastos financieros crecieron 21.000 M.
– El último trienio también ha experimentado una caída de los ingresos acumulada de 30.000 M €: en 2011 el Estado ingresó una cantidad equivalente a la del año 2006.
– La recaudación pública descansa esencialmente en los impuestos directos, que en media, han supuesto el 63% del total; la imposición indirecta aporta el 17%; así pues, los impuestos que pagamos todos suman el 80% de los ingresos del Estado. El 20% restante lo aportan las operaciones de capital (enajenación de inversiones reales y trasferencias de capital) y los activos financieros.
– El último trienio muestra una caída acusada de la recaudación impositiva del Estado, que ha pasado de un máximo en 2009 de 266.000 M € a 225.000 el año pasado (es decir, un 15% menos), mostrando claramente el impacto de la crisis en una menor renta de particulares y sociedades, y un consumo privado menguante.
Como siempre, pido disculpas por el exceso de números, pero me parecía necesario para retratar adecuadamente la realidad del presupuesto público que, en resumen, yo describiría del siguiente modo:
– El Estado lleva mucho tiempo gastando más de lo que ingresa de los contribuyentes.
-Para hacer frente al desfase, necesita acudir a la financiación de terceros, que prestan sus ahorros a los diferentes gobiernos españoles, confiando en recuperarlos al vencimiento.
-El exceso de gasto sobre los ingresos acumulado durante los últimos 10 años suma 580.000 M. €
– De cada 100 € que gasta el Estado, 63 € están comprometidos en prestaciones sociales; 10 € se destinan al propio funcionamiento de la maquinaria pública; otros 6 € tienen destino la deuda pública; y 8 € para inversión e investigación.
– El estado ingresa menos de lo que gasta, y de cada 100 € que recauda, 63 € proceden de los impuestos directos, y otros 17 € de los indirectos.
Esta situación se complicaría aún más si añadiésemos los descuadres de las cuentas de gobiernos autonómicos y locales, ejercicio que podemos dejar para una ocasión futura. En todo caso, parece claro que si queremos que el resto del mundo nos siga prestando dinero hasta que seamos capaces de recuperar el equilibrio entre ingresos y gastos, habrá que gastar menos, ingresar más, o una mezcla de ambos; la decisión sobre qué partidas haya que modificar es una cuestión de los políticos, y decidan lo que decidan, generarán descontento: salario y/o número de funcionarios; nivel y condiciones de las prestaciones sociales; distribución de la carga impositiva; etc. Ahora bien, considerando la actual presión de los mercados financieros, yo diría que cuanto antes nos pongamos a la tarea, mejor será, porque el tiempo se agota y el precedente griego es muy preocupante.
