Dando por sentado que el Consejo de la Unión Europea tiene capacidad suficiente, técnica y legal, para formular recomendaciones al Gobierno español sobre las reformas aconsejables para que la economía supere la crisis, como intenté hacer en la columna anterior, hoy corresponde analizar algunas de esas recomendaciones.

Uno de los indicadores que sintetizan mejor el nivel  de cumplimiento de los compromisos de convergencia es el peso relativo que el déficit público de 2016 tenga sobre el PIB nacional de ese año; así pues, el punto de partida hay que situarlo en la credibilidad del escenario presentado por el Gobierno para alcanzar esa cuota del 3% del PIB  en 2016. Ni que decir tiene que algunas de las hipótesis planteadas son difíciles de creer y, por tanto, arrojan una duda razonable sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos.

A este respecto habría que observar dos magnitudes relevantes: por un lado, el numerador, o sea, el volumen del déficit público estimado cada uno de los próximos años; por otro, el denominador, es decir, el volumen del PIB.

Lo más lógico sería actuar sobre de la variable que mejor puede controlar el Gobierno, esto es, sobre el déficit público, que a su vez tiene dos componentes: el volumen de ingresos públicos (es decir, recaudación fiscal) y los gastos públicos. Sin ninguna duda, este último factor, el gasto, es el componente de la política económica que responde más claramente a las decisiones políticas: si una partida del presupuesto se quita para el año siguiente, el gasto deja de producirse (otra cosa será la reacción de los votantes, pero el hecho cierto es que la partida deja de gastarse). En cuanto respecta a los ingresos, su evolución real puede diferir mucho de la prevista, dependiendo del nivel de producción general, por lo que el impacto de las medidas tributarias es menos previsible; de hecho, ya hemos visto ese efecto en España, donde a pesar de la tremenda subida de impuestos, la recaudación apenas ha aumentado.

En conjunto, la Comisión considera voluntaristas las previsiones del Gobierno sobre la evolución del déficit público por muchas razones, pero destacan las siguientes:

1.   No está claro que se alcancen los objetivos de ahorro previsto como resultado de la reforma de la administración pública no estatal (comunidades y administración local).

2.   Como el marco macroeconómico es incierto (crecimiento, mercado laboral y sector financiero) las previsiones de ingresos públicos pueden no cumplirse.

3.   La viabilidad del sistema de seguridad social sigue en  duda, si no se realizan plenamente las reformas anunciadas y aprobadas, como por ejemplo, la de jubilación anticipada y los factores de sostenibilidad.

4.   Se retrasa mucho la implantación de los mecanismos de trasparencia y control previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como el consejo presupuestario independiente.

5.   Sigue habiendo dudas sobre los atrasos de la Administración en los pagos, es decir, sobre la existencia de más facturas pendientes de contabilizar en los cajones.

6.   Aunque el Programa Nacional de Reforma reconoce la necesidad de seguir mejorando la relación coste-eficacia del gasto sanitario y farmacéutico, con medidas como, por ejemplo, revisar a la baja los precios de referencia, centralizar la compra de productos farmacéuticos, o extender el copago, etc., sin embargo, los avances también son lentos.

Es muy posible que estas recomendaciones nos resulten conocidas, porque están presentes en el debate público; también es posible que a más de uno le parezcan  una intromisión inaceptable en la autonomía de cada país; puede que, incluso, muchos las rechacen porque atenten contra su idea de lo que debe ser el sistema social; pero no cabe ninguna duda de que los observadores externos, quienes hayan preparado el material básico para elaborar el informe, conocen bastante bien los males que aquejan actualmente a nuestro sistema económico, incapaz de reducir el volumen del gasto público aunque se haya demostrado fehacientemente que constituye una carga muy difícil de pagar.

Me parece que los analistas externos le están diciendo al Gobierno con bastante diplomacia que el tiempo pasa muy deprisa, que tarda mucho en cerrar la hemorragia de nuestra economía y que no parece muy probable que cumplan los compromisos adquiridos; y supongo que no han considerado el pequeño detalle de que ya entramos nuevamente en periodo preelectoral.

1 Comentario

  1. Todo lo que comenta es cierto pero,,, ¿SIRVIO DE ALGO LA BAJADA DE LOS TIPOS DE INTERES POR EL BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE)?
    En Noviembre del 2013 el BCE anunció un nuevo descenso de un cuarto de punto en el tipo de interés llegando hasta el 0,25 %.
    Según Draghi los últimos datos de la inflación en la zona euro fue del 0,7 %, que parecía ser la razón para evitar que la zona euro cayera en deflación. Aunque el BCE no “lo viera claro”.
    Entonces ¿Por qué esta decisión? . Según economistas preguntados por zaharadirect.com, lo que se pretende que la apreciación de la divisa europea fuera menor de cara a las exportaciones que las encarecería, siendo esta la medida para evitar la caída de la demanda interna. También el objetivo era aumentar la petición de créditos hipotecarios por los consumidores, para por ejemplo: comprar apartamentos y casas en Zahara de los Atunes, pero esto no se ha producido poniendo en duda la capacidad de la autoridad monetaria para estimular el ciclo cuando los tipos de interés se encuentran en mínimos.
    Es mentira que la economía haya salido de la recesión y esté creciendo como dice el Gobierno de Rajoy, y si no lo ha hecho con los tipos al 1%, esta última bajada no va a ser el detonante de nuestra recuperación.
    El hándicap sería trasladar esa bajada al sector productivo, consumo y empresas, aunque ahora mismo no se ven estas medidas. El caso más claro lo constituye la caída de concesión de créditos hipotecarios y de ventas en Zahara de los Atunes y el resto de España.
    Artículo de José Gómez.
    http://www.zaharadirect.com- Alquiler de apartamentos en Zahara de los Atunes.

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