Chapuzas y chapucillas normativas

Groβen chapuzen como diría un amigo. Se ha publicado en las redes estos días, un meme sobre el texto publicado en el Boletín Oficial de Aragón de 24 de enero, a propósito de una “Convocatoria de ayudas para la financiación de actuaciones de conservación de la biodiversidad en los espacios Red Natura 2000, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Tras tres páginas de complicadísimas justificaciones y otras once de normas, se llega al apartado justificación y se indica:

“…4. La justificación de la subvención se realizará mediante la presentación por parte de la entidad beneficiaria de una solicitud de pago que irá acompañada de la siguiente documentación: a) Solicitud de pago. b) Memoria de la actuación (explicar vosotras aquí algo más, decidir si hacemos también modelo de este apartado o la vida no nos da para más). …”

Sí, se trata de un error, pero es enternecedor, una equivocación incluso burda, nadie repasó el texto definitivo por las prisas. Me magino a los funcionarios del ramo, hasta arriba de elaboración de normas y de burocracia autojustificativa; y me pongo en la piel de los responsables del desliz y por supuesto en la del que haya firmado y realmente no me gustaría estar en su situación.

Lo que es una anécdota en el fondo sin importancia nos lleva a la inmediata reflexión acerca de las carencias en cuanto a las técnicas para “practicar” la normatividad en España. Las mismas dejan mucho que desear, y no lo digo por el caso al que he aludido, sino por casos mucho más gloriosos. Sobre todo, podemos comprobarlo en las consecuencias no previstas por el “legislador” pero previsible para cualquiera con un mínimo nivel de estudios jurídicos. Y, además, cuando los que se han dado cuenta lo han advertido a tiempo. En la Ley del sólo sí es sí, si es que si y si no es que sí no será, cualquier alumno que haya cursado Derecho Penal I, se daría cuenta de que un principio constitucional y básico es el de la retroactividad de la norma penal más favorable. Artículos 9.3 de la Constitución y 2.2 del Código Penal. Y si no se hubiese dado cuenta, habría suspendido la asignatura.

Pero es que en un país en el que la ideología política lo impregna todo, es normal meter la pata hasta el cuezo cuando el político sospecha de los técnicos y sólo confía en sus propios asesores, en el fondo todos paniaguados que -dicho sea con el mayor respeto- en ocasiones denotan no saber hacer la “o” con un canuto.  Porque al político no se le exige una oposición, una formación previa, ni siquiera se le exige que sepa leer y escribir o que disponga de una mínima comprensión lectora. Ni a los “asesores”, que en realidad no son tales, son sólo personas a las que se ha dado una prebenda salarial con cargo a los fondos públicos de un modo más que cuestionable. En el periódico “La Información” de 5/08/2022 se indica que “el Ministerio de Presidencia es el departamento que más eventuales registra, 521, seguido de Política Territorial, 168…”

Así es el sistema, la voluntad popular disculpa toda incompetencia. Cuando un ciudadano resulta elegido tras unas elecciones, queda investido por una iluminación celestial que probablemente proviene del Paráclito. Se empieza a considerar por encima de todo y de todos y cree que puede hacer casi cualquier cosa.

Y es que, ¿quién hace las leyes?, ¿quién hace los reglamentos?, ¿qué técnicos intervienen?

Es obvio que el electo lo ha sido para desarrollar un programa electoral.

El político -para bien o para mal- se supone que intenta aplicar un programa de gobierno con el que ganó las elecciones (aunque esto es más que discutible dado el frecuente el burdo embuste a los votantes, démoslo por sentado). Como decíamos, no se exige a los políticos que sepan hacer nada, como antes indicábamos ni siquiera que sepan leer y escribir, Aunque sea paradójico en ninguna parte se exige.

Si el político electo queda legitimado por la decisión de la voluntad popular, necesariamente debería pedir consejo -sin recelos- al técnico, que para eso está. Político y técnico deberían ir de la mano. Deberían dejar hacer al que sabe. Desde la preparación técnica de los funcionarios encargados de ello, no de los asesores de turno, se podrían evitar en gran medida y la mayor parte de las veces, las barbaridades jurídicas que a menudo se perpetran. Eso supondría una cierta dosis de humildad por parte del político, cualidad humana de la que, evidentemente y en un alto porcentaje, carecen. Y demostraría al mismo tiempo la independencia del funcionario que (como diría alguien que conozco), debería dar forma a las ideas geniales del político.

La administración dispone en las Cortes de Letrados en Cortes, en el Gobierno existen abogados del Estado y técnicos de administración civil, en las CCAA de administradores superiores (o como los denomine cada C.A.) Y en los Ayuntamientos, TAG y, por supuesto y como última ratio, los secretarios-Interventores-Tesoreros. Todos estos profesionales aludidos poseen una alta cualificación profesional y son sin embargo con frecuencia apartados, desoídos, y/o ninguneados. O ni siquiera se les pregunta. Los políticos prefieren a sus asesores, que en algunas ocasiones pueden ser buenos profesionales (también puede ser que no tengan ni idea). Pero en todo caso, en la medida en que sus cargos dependen del político que les nombró, evitarán contrariarle poniendo pegas. ¿Qué quieres oír hoy ministro…? Y así nos va.

En nuestro nivel local y más en un ayuntamiento pequeño, que por muy pequeño que sea dispone de capacidad normativa, la actitud del secretario que ejerce las preceptivas funciones de asesoramiento a un ayuntamiento, es normalmente transmitir con claridad al alcalde al inicio de su mandato, que va a tratar de colaborar para desarrollar las ideas que se plasmaron en su programa electoral pero que opinará libremente, al menos en los casos en que sea preceptivo. Desde la independencia, la legalidad y desde la deportividad,ambos deben respetarse. Aunque personalmente alcalde y secretario sean de ideologías absolutamente divergentes, el secretario deberá dejar en casa su ideología, así es su función.

Volviendo a la anécdota del principio, debo decir que tras muchos años de permanencia en la administración local, me he dado cuenta de que es frecuente establecer normas nuevas vía impreso, lo cual es un poco chocante. Garantías, hay que establecerlas todas. Pero facilidades también, se supone que los modelos están para, primero, facilitar la vida al ciudadano y segundo, para sistematizar los procesos administrativos a los funcionarios. Parece que esto hace tiempo que se perdió. Y en el caso aludido en realidad se preguntan unos a otros, ¿hacemos algún nuevo impreso, algún requisito más? Y me pregunto, pero ¿quién decide esto?

Concluyamos: menos asesores, más confianza en los funcionarios y un poco más de humildad del electo. Evitaríamos altos costes y disgustos en todos los sentidos.