Gracias a los buenos oficios del ministerio de Hacienda nos enteramos de las deudas que tienen los ayuntamientos españoles con los bancos. Cifra que nos sacude las entretelas: supera los 40.000 millones si se incluye lo que deben las empresas municipales. Se trata -sobre todo- de préstamos a los que han accedido los ayuntamientos para hacer frente a gastos corrientes, de personal, y en la compra de bienes y servicios. Y que los pagarán cuando puedan, es decir, el “deber y no pagar” de la opereta Katiuska del maestro Sorozábal.
La conclusión a la que se llega es que los ayuntamientos han estado en los últimos años viviendo alegremente, haciendo lo que se llamaba en la literatura antigua “cuentas galanas”, fiados en que las circunstancias económicas se mantendrían inalterablemente favorables. La crítica situación actual, que está haciendo aflorar todos los agujeros económicos, debería llevar a una serena reflexión sobre lo que ha pasado y cómo debería evitarse en el futuro.
Porque los datos son, como digo, de escalofrío: en cinco años, de 2002 a 2007, muchas corporaciones locales aumentaron sus ingresos un 50%. Y lo malo es que se los gastaron en aumentar personal y en gasto corriente. Se advierte cómo a medida que se aproximan unas elecciones, aumenta la nómina municipal y lo mismo sucede cuando se producen cambios de signo político.
Aunque la justicia obliga a añadir que algunas están en paz con los números y también las hay que han colocado sus fondos en inversiones industriales, muchas de ellas relacionadas con las nuevas técnicas. Es decir, que hay alcaldes que han hecho bien sus deberes y otros que han holgazaneado comprometiendo gravemente el dinero de sus vecinos.
¿Qué hacer? A mí no me asusta especialmente la deuda pública porque puede ser riqueza para mañana. Quiero decir que una Administración puede -y debe- endeudarse si se trata de allegar fondos para actividades económicas relevantes que creen riqueza y sean fecundas. No debe endeudarse -por contra- para contratar más personal o subir el sueldo a los concejales. En la prudencia política hay que confiar.
Pero, si tal prudencia nos juega alguna mala pasada (y es frecuente que nos la juegue), es preciso tener aprestados mecanismos eficaces de control del gasto. Probablemente algo tendrá que ver con las cifras escandalosas en las que se hallan empantanados muchos municipios el hecho de haber suprimido -o trivializado- el control que ha estado tradicionalmente confiado a los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Los municipios quieren una mejor financiación y es lógico. Yo mismo he sostenido en estas páginas que el arreglo de la financiación municipal es más urgente que el de las comunidades autónomas. Así lo sigo pensando. Pero lo cierto es que los municipios parecen haberse olvidado de sus reivindicaciones en esta materia, enmudecidos por las aportaciones del plan especial pilotado por el Gobierno. No entro a enjuiciar este último pero ¿a quién se le ha ocurrido que ambas acciones sean excluyentes? Todo parece indicar que el Gobierno ha querido poner sordina a la reforma de las finanzas locales y muchos desde las instituciones locales están colaborando en ello. ¿Por razones partidistas?
Si es cierto que la financiación local un día u otro habrá de ser tratada sin sectarismos, no es menos cierto que también habrá de ser abordada la instauración de un control racional de los gastos de los Ayuntamientos. Con las técnicas que están previstas en la legislación vigente de haciendas locales y con otras que será necesario crear.
Lo que deberíamos descartar resueltamente para el futuro es la figura del alcalde haciendo de Gran Capitán.
el problema segun lo veo yo es que los alcaldes no se preocupan de controlar determinados gastos, por ejemplo, en fiestas se gasta cada año mas y mas, sin problemas y sin preocupaciones, sin pensar si llegara el dinero o que servicios seran deficientemente prestados por culpa de falta de fondos que se han destinado a las fiestas.
La financiacion de los Ayuntamientos es fundamental que se aborde YA (creo que es el modelo frances el que otorga una parte de los presupuestos generales a los ayuntamientos, mucho mas generosa que la española; ¡si me equivoco por favor corregidme!), pero creo que tambien la legislación de bases local, las competencias de los municipios, las relaciones entre ellos, las agrupaciones de los más pequeños (¿como va a poder un municipio de 300 habitantes sin circunstancias especiales pagar el salario de un habilitado estatal y ademas seguir prestando servicios de calidad a los vecinos?), una obligación de cursos preparatorios para que los concejales y alcaldes conozcan un poco la regulación y funcionamiento del Ayuntamiento que van a dirigir (cosa que yo haria obligatoria para cualquier corporación a cualquier nivel, local, provincial, autonómico, estatal y europeo), etc…
No estro ya en la perdida de competencias de los habilitados estatales a nivel de control y de otros aspectos, que eso ya daria para mucho y prefiero que sea D. Francisco, si lo estima oportuno, quien hable del tema en otro momento, que para eso sabe más que yo de estos temas.
Como siempre D. Francisco, mi enhorabuena por su artículo.
No ha habido tregua para pensar en otras cosas, ahí podíamos llegar. Suelo,recalificaciones y plusvalias es el único lenguaje argumental de la manoseada financiación municipal y sus reivindicaciones. Todo ha valido: covertir las oficinas de muchos Ayuntamientos en extensiones de promotoras al por mayor con la escusa de la pasta,sin tener en cuenta estudios técnicos y económicos que hablasen del mantenimiento de todo lo urbanizado y sus servicios. Cuántos «informes técnicos» favorables se han firmado, cuántas firmas de técnicos han sido seducidas y favorecidas por políticos, cuántos convenios urbanísticos han firmado los Alcaldes con empresas promotoras «mano a mano». Mucha jalea real para mucho zángano…