“Ayuntamientos al borde del colapso” titula un periódico en grandes titulares y da cuenta de las dificultades económicas que están viviendo centenares de municipios como consecuencia de la crisis económica que ha desvanecido ingresos abultados y fáciles. Las causas inmediatas de esta situación bochornosa para tantos alcaldes son bien conocidas: la burbuja inmobiliaria, la reducción clamorosa de la recaudación por debilitamiento de la actividad económica etc. etc.
Todo eso está claro y se repite desde muchas tribunas todos los días. Pero las causas mediatas vienen de mucho más atrás, de cuando vivíamos en la época de las vacas gordas y nos dedicábamos a gastar con alegría de nuevo rico. Muchos de esos gastos eran y son absolutamente imprescindibles pues es verdad que los Ayuntamientos soportan la prestación de muchos servicios públicos que son caros y que tienen además una demanda creciente e ininterrumpida por parte de la ciudadanía.
Pero otros no están cubiertos por estas razones. Conviene no olvidar en este momento de llantos que, en los últimos veinte años, se han desactivado todos los controles -jurídicos y económicos- que la ley quiso poner en manos de los funcionarios con habilitación nacional. En esta labor de desapoderamiento de secretarios, interventores y tesoreros los alcaldes no han sido ajenos, más bien son quienes han inspirado las reformas legislativas destinadas a culminar la operación de “librarse” de ellos y de las molestias que ocasionaban con sus tiquismiquis legales. Las consecuencias las vemos ahora. No es aventurado sostener que muchos de los escándalos de corrupción municipal no se hubieran producido si hubiera estado al frente de los dineros un interventor competente e independiente (no un aficionado puesto por el partido político).
Está luego el jolgorio de las sociedades, fundaciones, organismos y otras exageraciones nacidas al calor de una disparatada “descentralización funcional” que ha llenado barrocamente los organigramas de las Administraciones municipales provocando una inflación sonrojante de cargos y más cargos, casi siempre sin una selección rigurosa y pública de sus titulares. No quiero decir que no deba existir personal de confianza política, indispensables cuando hablamos de corporaciones políticas, pero sí que la reducción al mínimo de los mismos es una regla elemental de buena administración y de decencia. Lo contrario es lo que se ha hecho y lo que estamos viendo a poco que nos acerquemos a cualquier municipio mediano (aun en pequeños me he encontrado con un pequeño mapa societario mercantil).
Lo extravagante es que, en este marco de “deshilachamiento” de competencias municipales en beneficio de organizaciones instrumentales -del tipo de las enumeradas-, han seguido proliferando las dedicaciones exclusivas de los corporativos. Por un lado se desprendían de tareas, por otro se justificaba la presencia permanente y absorbente del concejal en el Ayuntamiento. ¿Alguien entiende algo?
Ahora bien, como no se debe desaprovechar ninguna crisis, pienso que a lo mejor todo este desbarajuste sirve para que acometamos con valentía la reducción de todo este embrollo organizativo y, a lo mejor, ¡quién sabe! hasta pensamos en suprimir centenares de Ayuntamientos que arrastran una existencia que no es propia de personas jurídicas serias sino de fantasmas.
Absolutamente de acuerdo con lo que expone el profesor Sosa Wagner. La desarticulación de los mecanismos de control interno en los Ayuntamientos ha sido progresiva y cuasiabsoluta.
La posibilidad de que la crisis suponga un revulsivo y se vuelva a extremar el celo, sin embargo, la veo demasiado alejada de las pretensiones reales de los partidos. Como apuntaba un Presidente de un Colegio de Secretarios e Interventores provincial hace unos días en una columna de opínión en un diario, en unos de los últimos Congresos provinciales de partidos políticos se dijo por el orador de turno que «el mal funcionamiento de los Ayuntamientos menores de 10.000 habitantes es debida a la labor de los Secretarios e Interventores» (cito textual), lo que fue asentido con aplausos por los asistentes, entre ellos regidores municipales de la provincia. Creo que el camino que tristemente se seguirá será precisamente el de ahondar en esta vía, y no el de potenciar los controles internos. El problema de todo esto es que hundir económicamente un Ayuntamiento (a costa del dinero de todos los ciudadanos, no se olvide), acosar y amedrentar a quienes pretenden ejercer con profesionalidad sus funciones (tras muchos de estudio) con el coste personal que ello supone, etc. sale sencillamente gratis.
Cierto, yo tengo a cierto ayuntamiento muy endeudado que defiende que el puede intervenir en todos aquellos aspectos que considere oportuno y que la ley no se lo prohiba expresamente en virtud del famoso principio de subsidiariedad. Contrata gente a mansalva con sueldos de lujo, crea organismos, agencias y sociedad a tutiplen. No para en gastos con tal de quedar bien con los votantes.
¿esta legitimado ese ayuntamiento para reclamar financiacion adicional?
Al igual que se hace en las obras de infraestructura, donde se obliga a los Ayuntamientos a colocar un cartel informativo en el que se da cuenta del coste de la obra, de la financiación recibida, de las instituciones participantes etc. ¿No sería interesante que se obligase a los Ayuntamientos a informar de esa misma forma – en la vía pública y mediante carteles igualmente visibles – del coste que supone la prestación de muchos servicios, y la realización de tantas actividades? Quizás, con el tiempo, y una vez que se conociera públicamente el coste de tanto «festejo», los vecinos podrían tener una opinión más crítica – o al menos mejor informada – de lo que les cuesta la «gestión» de quientes les gobiernan. Si no es en la calle primero, y luego en las urnas, no veo otra forma de que se les exija algún tipo de responsabilidad a tanto «nuevo rico». ¿Podría crearse algún nuevo tipo penal por «gestión manifiestamente negligente»? Yo tampoco entiendo nada
Suscribo las palabras del Profesor Sosa, las de Rodrigo, las de Macanaz y las de Ana. Esto tiene muy mala pinta. En menos de dos años vamos a ver muchas quiebras técnicas municipales, cuando llegue un momento en que no se puedan pagar ni las nóminas ni la luz. ¿Acudirá el Estado al rescate? ¿De dónde sacará el dinero?. Si va a salir al rescate, ¡que avisen que todos nos apuntaremos a gastar más! Se supone que el Estado va a hacer un recorte de gastos tremendo. Los que no quieren ver la realidad acusan de catastrofistas a los que se preocupan. Tiempo al tiempo.
Totalmente de acuerdo con el artículo de Sosa Wagner.
Igualmente de acuerdo con el comentario de Rodrigo, pero yo cambiaría ligeramente una frase de su primer párrafo, de la siguiente manera: «La desarticulación de unos mínimos mecanismos de fiscalización interna».
La respuesta para la pregunta de Macanaz es evidentemente un «no», pues para empezar, quien no sirve con objetividad a los intereses generales o actúa con arbitrariedad, ya se ha puesto fuera de la Constitución (véanse sus artículo 103.1 y 9.3). Pero a pocos nos importan cosas como la legitimidad democrática de personas, decisiones e instituciones. Si realmente nos interesa esto y sentimos como propios los perjuicios que nos ocasionan los Ayuntamientos, debemos exigir entre otras cosas las siguientes:
A) Al Consejo de Ministros que aplique el artículo 61 de la LBRL (Disolución de
Tal parece que la nostalgia por el pasado conduce a pensar que en el ayer sí se encontraban activados todos los controles o articulados los mecanismos de fiscalización. Pero es un espejismo producido por la crisis o el colapso que nos hace ver que todo tiempo pasado ha sido mejor. Sí, el presente nos ha escindido y nos lanza a un futuro incierto, cuando hace apenas unos años no aparecía en nuestro horizonte ni dudas ni incertidumbres, todo iba en pos del desarrollo y progreso personal y social. Y ahora queremos explicar el fracaso de nuestras Instituciones con la dimensión inexistente del «hubiera», cuando el «hubiera» no existe, es tan sólo una ilusión. Más nuestra realidad presente es de inundaciones, tsunamis, y terremotos…aunque los gritos de nuestro planeta se ahogan con los olés y gritos de gol. Pero no, no importa que los tsunamis y terremotos financieros pongan al borde de la quiebra a municipios y gobiernos, porque finalmente nos consolamos que son tan sólo unos pocos granujas e incompetentes funcionarios los que nos llevan al borde de la desesperación…y en tanto seguimos en búsqueda de la independencia, y me pregunto, si no es también una ilusión.
Al menos hay naciones y hay personas que han conquistado grados de independencia mayores que otras, en sus instituciones y en sus conductas. Pondré solo unos ejemplos comparativos:
1) No tiene la misma independencia la BBC que los Medios de Comunicación de masas españoles.
2) No tiene la misma independencia un Fiscal elegido por los ciudadanos que uno nombrado por el Partido en el Gobierno y menos aún los Fiscales dependientes jerárquicamente del Fiscal anterior.
3) No tiene la misma independencia la turista extranjera que ví ayer paseando sola y de noche por la playa que la mujer afgana vigilada por los talibanes.
En el principio, Francisco Sosa, apuntó «muchos de los escándalos de corrupción municipal no se hubieran producido si hubiera estado al frente de los dineros un interventor competente e independiente». Y, Rodrigo coincidió sobre «la desarticulación de los mecanismos de control interno en los Ayuntamientos», a lo que Francisco González Benito añadió ligeramente «la desarticulación de unos mínimos mecanismos de fiscalización interna». Y agrega que «no tiene la misma independencia un Fiscal elegido por los ciudadanos que uno nombrado por el partido en el Gobierno», lo que parece afirmar su premisa inicial de «La independencia es real» porque «Al menos hay naciones y hay personas que han conquistado grados de independencia mayores que otras».
El problema de la independencia en la fiscalización, si es real. Y es de orden general, no de excepciones. Si la BBC es supuestamente más independiente que los medios españoles, entonces…¿Por qué la BBC no ha profundizado en la responsabilidad de los órganos de control en la corrupción que ha azotado a ese país?..y si la turista extranjera camina sola y de noche, a mi me parece que este hecho no demuestra su independencia, lo demostraría si estuviera informada sí los políticos de su país manejan los recursos públicos con probidad.
El problema de la independencia no se garantiza, si los ciudadanos eligen a un Fiscal en vez del partido en el poder. Cómo tampoco el problema de la corrupción se abate con designar funcionarios «competentes e independientes», dado que quién, y cómo se demuestra la competencia e imparcialidad. Porque en el fondo, el problema de la competencia (no jurídica sino de habilidades y conocimientos) e independencia, es el quid de la crisis de la auditoría pública o fiscalización.
Una cosa es la independencia y otra cosa es la victoria sobre la corrupción. Podemos encontrarnos a un Fiscal independiente y corrupto; y también a una turista extranjera, todavía más independiente que el Fiscal y aún más corrupta.
En cualquier caso, tengo la opinión de que garantizar la independencia en determinados cargos públicos, constituye una condición indispensable para combatir muchas formas de corrupción, como por ejemplo: la formación de camarillas de políticos y funcionarios, haciendo componendas en beneficio de ambos y en perjuicio de los demás.
Los Ayuntamientos son un nido de corruptelas, de eso se han encargado los contratados a dedo y cargos de confianza. Ahora estan arruinados, esto se veía venir hace ya 20 años, sin funcionarios independientes, colocando a acólitos del partido de turno para hacer informes a la carta. Si esto es una democracia que venga Dios y lo vea. Esto es una burrocracia donde los mayores ineptos, vagos y maleantes han copado la AA.PP. española (especialmente Ayuntamientos y CC.AA.)