Controles y aplicación de las normas

2

Controles y aplicación de las normas

A propósito de las opiniones de D. Francisco Sosa Wagner, creo que añadiré que cuando se han hecho reformas locales no se ha tenido en cuenta nunca la opinión de los funcionarios locales. Probablemente si se preguntase a los mismos antes de adoptar soluciones legislativas, se tendrían en cuenta aspectos que evidentemente se obvian, bien -siendo ingenuo- por desconocimiento o bien porque así interesa. Por otra parte he de decir que no deberíamos tener una visión tan pesimista de la administración local, la corrupción en esos niveles no está generalizada, al menos por lo que mi experiencia me dice, lo cual no deja casi de ser un milagro. Y se tiende a emplear el método de coger el todo por la parte sin demasiados motivos. Aunque como dice el Profesor Sosa, con la supresión de controles se favorece el clientelismo y el caciquismo.

La permisión de la libre designación para puestos de Secretaría e Intervención en Ayuntamientos grandes y Diputaciones ha sido lo más absurdo que se ha hecho con respecto a la habilitación estatal en los últimos años: allí donde menos funciones gerenciales existen y por lo tanto se podría y debería ejercer la función de control con más énfasis, es donde se ha permitido el sistema. El controlador es nombrado por el controlado que además le paga, eso sí, si se porta bien. Una parte de responsabilidad de tan nefasto sistema la tienen quienes decidieron eso, el gobierno estatal, pero otra gran parte de responsabilidad la tuvieron los Colegios de Secretarios, que fueron más que tibios en la defensa de la independencia del habilitado en este sentido. Y el otro aspecto del vaciamiento de control local fue  permitir la aplicación del sistema de baremos específicos ciertamente en muchos casos absurdos, derroche de imaginación posterior de políticos y de los propios funcionarios, pensados con toda evidencia ad hoc, para designar al amigo. Así que permítanme ser optimista por un lado: no existe tanta corrupción porque ésta es ni más ni menos que la expresión de lo que hay en la sociedad en todos sus aspectos y la sociedad española es democrática y contiene valores éticos en una buena parte de la población. Pero pesimista también, ya que el sistema tiende al empeoramiento, al caos. El poder no tiene empacho en dar codazos a cualquier intento de control, en un símil baloncestístico, defendiendo la zona, véanse –a otro nivel y a modo de ejemplo- los problemas de designación de los miembros del TC. Creo que la Ley de Bases partió, desde mi punto de vista, de un error de inicio, fue una opción, y es hacer recaer todo el peso de un ayuntamiento sobre el Alcalde, un sistema presidencialista en el que éste lo decide todo, dejando sólo las decisiones más trascendentales al Ayuntamiento Pleno. Seguramente hubiese sido mucho más útil establecer un sistema que permitiese que las decisiones más importantes, las políticas, en cuanto a la definición de líneas a seguir, competiesen al Alcalde y Ayuntamiento, estableciendo consiguientemente un sistema más gerencial de la gestión del día a día que recayese en personal cualificado que se limitaría a desarrollar las políticas establecidas y la simple aplicación de la norma.

En el fondo lo que subyace en España es un miedo incomprensible a la aplicación de la norma; ésta se aplica según, cuándo y a quién, es evidente, no hay más que leer la prensa. Quizás por eso se trata de evitar que se aplique siempre y en todo lugar. Ésa es la segunda parte de la verdadera corrupción, la aplicación según de las normas, desde el procesamiento de algunos políticos si conviene electoralmente, de la disolución de algunas corporaciones locales en casos ‘de libro’, desde la no investigación de determinadas conductas para no tener que rascar y sacar conclusiones no deseadas o desde lo más simple de la vida cotidiana, que la policía local pase todos los días por tu calle en la que hay aparcados decenas de coches en doble fila y sólo multen según les dé en ese momento, quizás una vez al mes (es como dijo el Señor: estad preparados porque no sabéis ni el día ni la hora). Siempre he opinado que si existe norma, debe cumplirse. Si no, deróguese. Pero no se permita que ésta exista y se aplique según. Eso es lo más opuesto a un estado de derecho, la inseguridad de sanción de conductas que son evidentes infracciones del ordenamiento jurídico.

No sé cuántos años nos faltan aun para atrevernos a planificar, regular y aplicar la norma independientemente de si estamos ante lo políticamente correcto o no, simplemente porque ésta existe.

Compartir
Artículo anteriorEl procedimiento administrativo y los boletines oficiales
Artículo siguienteEl soberanismo local
Ignacio Pérez Sarrión es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en el año 1980 y Funcionario con Habilitación de carácter Estatal, perteneciente a las subescales de Secretaría-Intervención y Secretaría de Categoría Superior. Actualmente ejerce en el Ayuntamiento de Torres de Berrellén (Zaragoza).

2 Comentarios

  1. La libre designación de habilitados estatales parece ser un problema serio en la gran mayoría de los entes locales.
    No deja una de sorprenderse al comprobar que un funcionario que ocupa una plaza de auxiliar administrativo sustituye al Interventor municipal (habilitado estatal, por supuesto) cuando este presenta una baja o un permiso por vacaciones. REalmente, y por muy licenciado en derecho que sea el señor auxiliar administrativo, la realidad es que no podrá hacer uso de esa independencia que debe caracterizar el desempeño de este tipo de puestos, ya que se debe al que lo nombró; si, además, este interventor accidental debe informar los presupuestos para el año próximo en un municipio de gran población, es como para echarse a temblar.
    Como funcionaria de Administración local, desconozco qué nivel de inobservancia de la normativa puede existir en la AGE o en la Administración autonómica, pero parece ser que determinados entes locales van a la cabeza en cuanto al incumplimiento de las leyes. Y esto se deja notar, además de en el urbanismo, en el ámbito de los recursos humanos: la provisión de puestos se realiza de forma arbitraria, se abusa de las comisiones de servicios (se hacen eternas), se cubren determinados puestos a dedo, la promoción interna se lleva a cabo pensando en personas concretas,…, de tal manera que se genera un ambiente de trabajo pésimo y descorazonador.
    En este caso, todos somos conscientes de que se están incumpliendo las normas más básicas sobre función pública y que se están vulnerando los derechos fundamentales de los funcionarios y, aún así, lo dejamos pasar.

  2. Buen artículo, buen comentario, pero falta la acción. Faltan ciudadanos que se enfrenten a la corrupción y no se dejen pisotear por una clase política indecente, aupada por una plebe tan indolente como embrutecida que ignora su propia dignidad y auto-respeto, acaso porque no sabe ni lo que son y/o no los tienen. Resulta ilustrativo ver lo que pasa en España desde hace tiempo y compararlo con lo que pasó en Hungría cuando el primer ministro dijo una mentira y la población se enteró, echándose a la calle, acto seguido, para sacarle de su cargo. Un buen ejemplo de educación para la ciudadanía, más que necesaria en un país que se sometió a un dictador 40 años, le dejó morir tranquilamente en la cama y lo que es más grave: dejó que perpetuara su legado de corrupción dentro del régimen político siguiente.

Dejar respuesta