Llevamos muchos años dándole vueltas a los mismos términos, a las mismas cuestiones, a los mismos problemas, pero da la sensación de que estamos siendo incapaces de organizar los elementos que se disponen en el tablero para formular una verdadera estrategia – desde lo público – para ofrecer más y mejores servicios a la ciudadanía.
Quizá sea un ingenuo en este sentido, pero yo lo veo bastante claro, debemos hablar más de un proceso que de un resultado concreto, y más de un cambio sostenido que de un destino específico.
Al principio, recordadlo, empezamos con ese manido concepto de Administración electrónica que tan pronto definió la Comisión Europea en su famosa Comunicación de 26 septiembre 2003, al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada “El papel de la administración electrónica en el futuro de Europa” [COM (2003) 567], al establecer que ésta no era más que «la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en las Administraciones públicas, asociada a cambios en la organización y nuevas aptitudes del personal. El objetivo es mejorar los servicios públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar a las políticas públicas»
Brillante.
Luego llegaron nuestras apuestas normativas más llamativas, como fueron la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y, finalmente, las Siamesas, las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y aún hoy todavía hay quien se hace trampas al solitario hablando de «nuevas tecnologías» y digitalización de procesos en el sector público. Las normas tienen, al menos el paquete del 2015, una vocación integral y sostenible. Lo mires por donde lo mires.
Lo cierto es que, en perspectiva, ya hace mucho tiempo que tuvimos que sustituir el término de Administración electrónica por el de Gobierno Digital, donde los poderes públicos – los equipos de gobierno propiamente dichos y las Administraciones públicas que les dotan de musculo para la gestión – deberían hacer lo posible por ofrecer a sus ciudadanos bienes y servicios de calidad, de forma eficiente y en el menor tiempo posible. Vamos, lo que por sentido común nos nace a todos, pero otorgándole carta de naturaleza a ese deseo inalcanzable.
La tecnología nunca ha sido un fin, sino un vehículo para integrar las mejoras que la misma ofrecía en la gestión pública. Los tremendos casos de corrupción y la desafección ciudadana frente a los poderes públicos hicieron nacer un movimiento de carácter global que reclamaba la apertura total de las instituciones, surgiendo con ello lo que se ha venido a llamar el paradigma del Gobierno Abierto. El propio término se popularizó con el expresidente estadounidense Barack Obama que en enero de 2009 emitió un documento denominado “Memorando de transparencia y gobierno abierto” mediante el cual imponía que su gobierno fuera transparente, participativo y colaborativo.
Mucho se han tenido que esforzar todos los niveles de Gobierno para recuperar el terreno perdido sobre la base de construir unas instituciones más abiertas y confiables que se fundamenten en los pilares que acabamos de citar. Y hay que reconocer que España ha hecho muy bien los deberes, de hecho, como todos sabéis, recientemente ha sido elegido país copresidente del Comité de Dirección de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) durante la octava conferencia de esta organización multilateral, que se celebró en Estonia. En la alianza participan 76 países, 104 gobiernos regionales y locales y cientos de organizaciones de la sociedad civil.
Qué duda cabe que esta apertura de las instituciones públicas se fundamentó en el Gobierno Digital, en la medida en que éste ofrecía las herramientas y los procesos para construir, desde dentro, auténticas pasarelas de información y conocimiento que permitían a la sociedad civil organizada y a los ciudadanos de forma individual participar en la toma de decisiones públicas y, en algunos casos también, co-gestionar servicios públicos que ellos mismos consumían. De nota.
Pero se puede hacer más, y mejor.
Sobre todo, porque la tecnología nos está ofreciendo cada vez más recursos y oportunidades para catapultar la gestión de los servicios públicos hacia un horizonte de calidad y equilibrio financiero pocas veces soñado. ¿Porqué? muy sencillo, porque a través del uso intensivo de los datos – producidos, procesados y consumidos de forma inteligente por las Administraciones públicas – podemos ser capaces de aproximarnos de forma natural a nuestros ciudadanos y ofrecerles servicios personalizados, en tiempo real y ajustados perfectamente a sus necesidades. Sin disparar con pólvora de rey, directos al grano.
Lo que ahora llamamos Gobierno Inteligente, entendido este como aquél que, basado en un enfoque completamente digital y abierto, representa un modelo concreto de organización y acción capaz de hacer un uso coherente de la información de que dispone para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, no solo ocupando una posición privilegiada en el momento y en el espacio en el que le ha tocado vivir, sino que, además, situándose en una posición dominante ante los innumerables desafíos que se avecinan.
Pero no es fácil tener una visión tan lineal y cronológica de los hechos cuando, el día a día, te consume las energías y te impide avanzar. No obstante, si somos capaces de subirnos a hombros de gigantes, quizá podamos diseñar un ciclo vital en nuestras Administraciones públicas que, lejos de competir para llegar las primeras, queramos competir para ser las mejores.
