Hemos pasado de la burocracia maquinal a la burocracia defensiva, que más bien se traduce académicamente en “burocracia ofensiva”, porque no responde en su naturaleza ontológica y exegesis al bien común, ni a los intereses generales de la ciudadanía, ni está en sintonía con las exigencias de la gobernanza política y, menos aún, de la gestión pública, convirtiéndose ante las redes sociales y la especulación mediática del miedo en una ofensa a la ciudadanía. Aplicando a esta burocracia tediosa y cansina el aforismo afrancesado «laissez faire, laissez passer», que significa «dejen hacer, dejen pasar».
No es menos cierto, que la burocracia se ha convertido en un “totum revolutum” entre diarios oficiales, circulares, instrucciones y otros artilugios del Derecho Administrativo, aunque desde una perspectiva de la praxis profesional, el texto tiene una tendencia narrativa de proyección al ámbito de la Función Pública Local, por ser la Administración pública municipal, no solo más cercana a las personas, a los vecinos, a las gentes, al pueblo, sino que muestra una mayor intensidad en sociabilidad y socialización por el hecho de ser una relación directa, personalísima, al menos, antes de la pandemia que no era necesaria cita alguna telemática ni telefónica, sino esperar el turno con esperanzadora resignación burocrática.
Aunque ahora, volvería a poner citas, no tanto por el hecho de un mejor servicio, sino porque las relaciones con la Administración estén estrechamente relacionadas con los ámbitos y potestades del ejercicio de la actividad pública a desarrollar – no privada- y no se deriven hacia conductas o comportamientos a todas luces del entendimiento y el sentido común incompatibles con las funciones y tareas públicas a desarrollar – Ley 53/1984, de 26 de diciembre-. Por tanto, la cita con anotación fehaciente y notoria del motivo aducido para la misma y su trazabilidad amanuense o telemática, permitiría la aplicabilidad de un buen código de conducta en la práctica administrativa y técnica. Y por supuesto, su control interno y externo.
Pero esto anterior es literatura para otro artículo, lo que se viene a narrar en estas líneas es un hecho fehaciente recientemente acontecido. Tras el ingreso en el hospital de una persona, de un paciente, con independencia del diagnóstico, hasta que no volvió el o la médico que había determinado esta decisión médica de hospitalización, ninguno de los otros facultativos que durante dos semanas atendiendo y en escasos minutos, quisieron tomar ante una presumible mejoría que procedía el alta hospitalaria y seguir el tratamiento en casa. Esta actitud, que parece que se realiza en beneficio del paciente, es todo lo contrario, incluso, un mayor gasto para el erario público, al no querer asumir el riesgo y ventura ningún otro facultativo por motivos de una casuística deontológica de inseguridad, no solo médica, sino jurídica a adoptar una decisión firme, a sabiendas que la medicina no es una ciencia exacta.
Y llevan razón los facultativos, me pongo en su lugar, cómo firmar un documento llevando en la frente plasmado a sangre y fuego el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, asumiendo el coste funcionarial interdisciplinar, sin contar con el “nihil obstat” de quien ostente la máxima jerarquía orgánica, sea técnica o política, o de todos los intervinientes de forma colegiada y solidaria, y hasta en unidad de acto para que después, ante un hecho contradictorio o infausto se deriven responsabilidades de toda índole, teniendo que ir a estrado judicial para defenderse de una decisión competente realizada técnicamente según el saber y entender pero no acertada o errada por ese otro principio del decimonónico Código Civil, que la ignorancia no exime del cumplimiento exacto de las normas, cuando las mismas están puestas en entredicho y en otras ocasiones interpretadas variablemente por las togas de negro ruan y terminar tus días con una enfermedad degenerativa o un ictus galopante, o un cáncer terminal en cualquier parte del organismo, sin tiempo a un musical réquiem clásico.
Ello está suponiendo, trasladando el símil médico a otros ámbitos técnicos, que la mayoría de expedientes estén sujetos a elevadas tareas o trámites intermedios y superiores para asegurarse que el informe emitido por la unidad en cuestión no esté sujeto a interpretaciones contradictorias de los compañeros, interesados y de los propios operadores jurídicos o económicos, los cuales asesoran a la persona física o jurídica, atendiendo al tipo de expediente, procedimiento o proceso.
Pero sí no teníamos bastantes incertidumbres con los conceptos jurídicos indeterminados a la hora de aplicar las normas con la rectitud administrativista y todo el bochorno día tras día de ilícitos penales en el ámbito político, al echarnos las culpas de no haber hecho bien la tramitación de los procedimientos y no haber realizado los controles internos, ahora se nos ha adentrado la llamada “Inteligencia Artificial”, la cual introduciéndole determinados datos matemáticos en un ordenador nos elabora, sin la más mínima sensibilidad humanizadora, un informe, que sí el logaritmo escogido aleatoriamente no es el acertado, puede dar al traste con todo lo realizado para el tratamiento personalísimo que exigen nuestras leyes y reglamentos a los administrados, término éste en desuso por la propia Ley de Procedimiento Administrativo Común, haciéndonos descender a los infiernos de la ultratumba para evitar que como servidores públicos se nos exijan responsabilidades penales y patrimoniales.
Otra cuestión, que está trayendo a colación la ralentización de los expedientes administrativos, cuando no la paralización “sine die” como resultado del estado emocional de los propios funcionarios públicos, cuya situaciones actuales están incidiendo en la salud laboral de los mismos ante una administración politizada con argumentarios de puertas hacia adentro y atrofiada en el escalafón jerárquico ante los movimientos que se producen “a dedo”, técnicamente carentes de mayores méritos y capacidades que quienes se quedan aguardando la oportunidad. Es imposible competir en igualdad de condiciones en estos momentos con un contingente de personal eventual, directivo y libres designaciones a la carta, más las vacantes representativas con dedicación exclusiva a las puertas giratorias para seguir cotizando el erario público a la Seguridad Social.
Y, que para evitar bajas de incapacidad temporal o solicitudes de reubicación de puesto de trabajo conforme a la normativa prevencionista de la salud laboral, un paso atrás, abajándose en las obligaciones, doblegándose, haciendo que las opiniones cualificadas que deban de emitirse se alarguen en el tiempo y se ajusten a un vocabulario y un lenguaje administrativo, simultáneamente, etéreo y supeditado siempre a otros informes técnicos, por lo que, la disconformidad entre todos ellos y la configuración de los mismos en la adopción de una decisión política transparente y de gobernanza se hace interminable, optándose porque muchos expedientes duerman el “sueño de los justos”, ante la falta de las rúbricas, amanuenses y/o informáticas, capacitadas en el ejercicio de la potestad pública y atribuidas por la autoridad gubernamental competente en la materia.
De esta forma descrita, ni vamos a mejor la calidad en el servicio público a niveles organizacionales ni funcionales, ni la evaluación por desempeño va a determinar que el cumplimiento de los deberes y obligaciones funcionariales no se cuestionen de forma permanente, transformándose estas actitudes en desacatos y desobediencias laborales, que son difíciles de atajar, salvo en los puestos de libre designación con sacar la “tarjeta roja política” de expulsado del staff al rescoldo de las tibiezas, seguramente con iguales retribuciones para mantener al susodicho en el silencio lúgubre de la falsa lealtad y fidelidad al primero de los compromisos adquiridos con la solemnidad del “sí juro o prometo” que pronunciaría en la toma de posesión para poder proyectar su carrera profesional en la confianza de su sapiencia y sabiduría tras un proceso selectivo al servicio de los ciudadanos.
La solución narrativa novelada de este escrito no se encuentra exclusivamente en los textos normativos abigarrados con “cajones de sastre”, aunque estos instrumentos legales bien definidos coadyuven a la mejora en las prácticas administrativas, sino en la impronta de los códigos éticos y morales, en el Derecho Natural y en la Filosofía del Derecho, que incidan en el valor supremo que es la conciencia del individuo, el arte de hacer el bien y diferenciarlo de forma pública de aquello que es el mal por su naturaleza y sus resultados operativos y en otras muchas ocasiones sancionados administrativamente y jurisdiccionalmente, esto último debido a las garantías procesales, demasiadamente tarde para que impere en su conjunto el Estado de Derecho y la Justicia Social en un país que quiere mantener un sistema democrático de convivencia cívico. Para los que estamos impregnados de los sentires unamunianos entre la razón y la fe solo nos queda mirar al Cielo y con la mirada pesimista interpelar comprensión burocrática.
