Deportividad democrática

Estamos en un período convulso, ¿cuándo no? Acabamos de tener no una fiesta de la democracia sino dos, dos elecciones. Los ciudadanos nos ponemos muy contentos cuando se nos permite opinar, cada cuatro años, a algunos casi nos da un subidón. Los medios y nuestros políticos lo llaman eso, “fiesta de la democracia”. El “sistema” nos hace creer que vivimos en un país plenamente democrático, a veces nuestros próceres incluso nos ponen como ejemplo en otros países.

Sin embargo, creo que una democracia puede considerarse como tal cuando un país dispone de una constitución que declara, protege y regula principios básicos basados en las libertades públicas fundamentales (en derecho anglosajón dirían derechos civiles) y al mismo tiempo regula la organización del Estado: poderes públicos, división de poderes, y por supuesto, pesos y contrapesos. Constitución como norma jurídica y constitución en el sentido de organización de un Estado. Ésto, desde el punto de vista formal. Pero, necesariamente, también cuando los que están en la vanguardia, en el escenario político -el Gran Teatro del Mundo, diría Calderón-, respetan los comportamientos que son esperables. Así, un régimen no es más democrático porque desde el punto de vista formal cumpla los meros estándares esenciales, urnas, libertad de reunión, expresión, y poco más. Un régimen es verdaderamente democrático cuando, quien gana las elecciones, es el primero que cumple las normas del estado de derecho, quizás porque cree en él. Y cuando la oposición es leal (concepto muy británico éste) al controlar al gobierno utilizando los mecanismos democráticos que las instituciones ofrecen. Para considerarnos en una democracia, unos y otros, insisto, deben creérselo, no sólo formalmente, sino en lo más profundo de su ser, y demostrarlo haciendo un uso normal de las instituciones. Se debería poder demostrar que se respetan una serie de principios que podríamos llamar paraconstitucionales, quizás podríamos llamarles consuetudinarios, pero, en cualquier caso, imprescindibles. Éstos deben ser inherentes en la mentalidad y comportamiento de los políticos. Así, se debería permitir que los órganos constitucionales y los órganos de control independientes se conformen por personas profesionales e independientes, y sin  duda competentes,  y que se comporten con criterios objetivos y absolutamente neutrales (¡qué lejos estamos de esto!): Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Fiscalía General, Consejo General del Poder Judicial, Autoridad Independiente de Responsabilidad fiscal, radios y televisiones públicas, agencia EFE, Centro de Investigaciones Sociológicas… La cuestión es muy sencilla: se deberían designar personas de reconocida independencia, profesionales que además no estén en manos de quien les ha designado para poder vivir bien… Permitir esa independencia y lo que es mejor, admitir que esas entidades hagan su trabajo y digan lo que consideren oportuno de acuerdo con su criterio, sin ser estómagos agradecidos a quienes les nombró. Cómo no va a estar denostada la justicia cuando los jueces y magistrados acomodan criterios jurídicos a criterios políticos retorciendo argumentos que un alumno de primero de derecho podría rebatir (baste recordar la eliminación de facto en algunos casos de la presunción de inocencia). En derecho, cierto es, todo es interpretable, de otro modo no habría abogados ni jueces. Pero no tanto. ¿Cómo es posible que juristas que creíamos de reconocido prestigio, retuerzan el espíritu de las leyes sin despeinarse? ¿Cómo no va a desilusionarse cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de las instituciones?

Pero es que nuestros dirigentes no creen en la democracia. O si creen, tienen un concepto muy tergiversado y muy limitado de la misma: cualquier gobierno de cualquier signo trata y tratará de designar a sus afines para colocar a sus amigos en las instituciones, dirigir todo tipo de organismos y entes públicos o semipúblicos. Hará lo que haga falta para asegurarse poder, agradecer servicios, predisponer a profesionales, obtener votos y en el peor de los casos, asegurarse impunidad ante probables tropelías.

Así, no es muy deportivo que se formulen preguntas en el Parlamento y no se conteste o se conteste con algo que no tiene nada que ver con lo preguntado sin que pase nada o no se reconvenga al respondedor. Un requisito necesario cuando se dicta una sentencia es que exista congruencia. En una respuesta parlamentaria debería ser lo mismo, pero da lo mismo.

No es muy deportivo que se celebren las habituales ruedas de prensa sin preguntas. O qué menos se puede pedir que escucharse en el Parlamento: cuando habla un mindundicillo se van todos al bar. O qué menos que tratar de argumentar y no meramente descalificar porque lo que se diga provenga de alguien a priori descalificado. Antes de valorar si una idea puede ser buena, mala o regular, se descalifica a la persona: “este es un facha”. O, “este es un comunista”. O un radical. O qué menos que se pueda votar en conciencia, ya que se supone que los diputados no están sometidos a mandato imperativo alguno (art. 67.2 de la CE). Hoy por hoy si un diputado vota en contra de lo que dice su partido, le multan y, por supuesto, se convierte en un cadáver político. En nuestro sistema oligocrático nunca ha estado más vacío el principio de no sometimiento a mandato imperativo.

Mucha ley de transparencia estatal y autonómica, pero, en definitiva, meros cantos a la galería, ¿dónde está la transparencia? Véase en https://www.newtral.es/transparencia-peticion-informacion-ministerios/20210514/ lo que se tarda en iniciar un expediente de contestación y si es que se contesta (es fácil buscar esta información a través de los medios).

Todos los organismos constitucionales han sido colonizados: Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, CGPJ… La cuestión subsiguiente es pensar cómo es posible que unos profesionales independientes se “dejen” y constituyan un bloque progresista y todos voten lo mismo. Y que un bloque conservador vote justo lo contrario. Se quiera o no, nos convierten en unos ateos del sistema. Alguien con muy altas responsabilidades dijo algo así como que hay que mancharse la toga con el polvo del camino…

Y lo bueno (valga la ironía) es que no pasa nada. Fiscalía que persigue según. Currículums falseados o absolutamente incompletos (véanse los portales de transparencia de muchas instituciones, verbigracia bien no decir nada o decir por ejemplo “estudios de derecho” cuando quien lo indica aprobó quizás un par de asignaturas de primero). Tesis fusiladas. CIS. O lo que es peor, ahora, aprobación de leyes ad personam (si Tomás de Aquino levantara la cabeza…) Lo normal sería que cuando se transgreden tan descaradamente algunas normas, “pase algo” en forma de multa, exclusión de cosas, ilegalización, dimisiones, ceses… Pero no, no pasa nada.

Como indicaba al principio, democracia no es solo que nos permitan votar cada cuatro años o que nos permitan manifestarnos en la Plaza de España. Es mucho más. Los ciudadanos queremos honradez y queremos que nuestros políticos prediquen con el ejemplo y crean de verdad en un sistema que configuran cada día, pero del que son fervientes ateos. Deportividad democrática lo llamaría, aceptar las reglas del juego y las decisiones del árbitro, sin tratar de engañarle. Sin marrullas.