Recientemente he asistido a un Seminario Internacional sobre Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial.
Reconforta comprobar que profesionales de diferentes ámbitos del conocimiento –no sólo el jurídico- participan en este tipo de eventos, más importantes que nunca, en el contexto de la Transformación Digital de la sociedad, la implantación de la administración electrónica en el ámbito del Sector Público y las nuevas formas de prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Hacen falta foros de reflexión, investigación, intercambio y debate como éste, para fijar puntos en común sobre los que actuar desde todos los vectores afectados.
En efecto, estamos todavía lejos de tener un lenguaje y vocabulario comunes a los ámbitos de conocimiento implicados y comprometidos con cuanto tiene que ver con el uso de la tecnología y su interrelación con la ciudadanía, las innovaciones desde el sector privado y la perspectiva reguladora que ha de corresponder a los poderes públicos.
En esas intensas jornadas y sesiones de trabajo se ha reflexionado, mucho y bien, sobre todo desde el ámbito docente e investigador, con escasa presencia a mi juicio –ahí lo dejo- de empleados públicos. Se ha hablado de algoritmos, de programación y códigos fuente, del levantamiento del velo de éstos, de lógica y tecnología, de garantías y derechos como límite a aplicaciones y desarrollos que utilizan datos personales, de confiabilidad, de auditoría, de cajas negras y de blockchain, de confidencialidad y privacidad de la información, de técnicas y agenda normativa, de Derecho, y también del soft law y el papel que en su control haya de jugar el orden jurisdiccional.
He de confesar que me he sentido identificado cuando he escuchado la reivindicación compartida de la necesidad de progresar en una mejora de la calidad normativa, más ágil y acompasada con un crecimiento exponencial de las actividades automatizadas que las nuevas tecnologías propician. Y todo ello no por mero efecto formalista reivindicado desde el mundo de la toga, sino como verdadero sistema de contrapesos y garantías por y frente al poder, una perspectiva no pocas veces preterida por los operadores privados: el negocio manda.
Una conclusión compartida que pasa por unificar y hacer más comprensible tanto el vocabulario y el léxico, como la propia semántica y sintaxis regulatorias de cuanto tiene que ver con la lógica algorítmica en que se basa la inteligencia, más o menos desarrollada, comúnmente adjetivada como “artificial”.
Y es que los juristas tenemos nuestra jerga, la del Derecho Administrativo, que los lógicos y matemáticos a menudo no comprenden, ni nosotros a ellos; que los analistas y programadores la ven más como un freno que como un elemento favorecedor de las innovaciones tecnológicas; mientras los filósofos y científicos reclaman mayor reflexión sobre la estocástica, en clave epistemológica y –también- del comportamiento ético.
A todo esto, la ciudadanía, incómoda en ese ecosistema complejo, se halla a menudo en un estado de shock, una suerte de “lost in translation”.
Y para cerrar el círculo, el tejido económico y los nichos productivos vinculados a la jungla digital, siguen avanzando –no puede esperar esos otros ritmos de contexto-, mientras los legisladores y resto de aplicadores del Derecho, asisten, atónitos, a una obsolescencia que cada poco tiempo se sobrescribe, ajena a un control que, intuimos, debería tener algún componente o referente público.
Algo falla. Falta regulación. O mejor, falta una normativa de mayor calidad, clara y precisa, comprensible, racional e inclusiva. Y falta –también, no nos cansaremos de repetirlo- cultura de cumplimiento, de control y rendición de cuentas.
Estamos, pues, en un nuevo campo de actuación, por necesidad complejo, que nos excede a los juristas, ya sea jueces, abogados o empleados públicos, a menudo con notables carencias formativas en ese dinámico mundo de la tecnología y la inteligencia artificial. Pero terreno que no se puede abandonar y delegar sin más.
Creo por tanto que el marco legal merece un cambio de paradigma. Y para ello, la tan traída y llevada Transparencia puede ser, de nuevo, una buena excusa. Las denominadas técnicas de Derecho Blando pueden ser operativas, pero siempre sin perder de vista la garantía que en todo caso deben representar frente a terceros. Normas que deben conciliar los avances y desarrollos con la -para todos- imprescindible seguridad jurídica, ponderando el alcance de la privacidad, con sus límites y garantías, en un contexto de progreso y mejora en la prestación de servicios públicos, vinculado a la innovación continua.
Todos los agentes que intervienen en este cada vez más global terreno de juego deben encontrarse cómodos: Los poderes reguladores, en sus diferentes niveles decisionales: europeo, estatal, autonómicos y locales; Las Administraciones públicas y los gestores que en cada nivel territorial, legítimamente les sirven o representan; Desarrolladores y proveedores de soluciones tecnológicas, servicios de tratamiento y automatización de datos, innovación, inteligencia artificial y prestaciones avanzadas; Autoridades regulatorias y de control; Órganos -constitucionales y estatutarios- de control externo del Sector Público; así como todas las capas y niveles del sistema judicial, revisor y punitivo, encargado último de velar por su funcionamiento ajustado a Derecho.
Inevitable, pues, volver al título de esta reflexión, pues Tecnología y Derecho han de ir de la mano, y están “condenadas” a entenderse. Cuanto más tiempo tardemos en ponernos de acuerdo, más perderá la sociedad y la ciudadanía que, de una u otra forma, poliédricamente la componemos. Así, que….a trabajar, pongámonos de acuerdo, sumemos esfuerzos, para lo cual, ya lo anuncié al principio, bienvenidos sean seminarios como el referido.
