Deuda pública y deuda externa. Y algunas reflexiones…(II)

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Deuda pública y deuda externa. Y algunas reflexiones…(II)

Que no todas las Administraciones públicas participan del mismo modo en la deuda pública es evidente. Que no todas tienen las mismas necesidades de financiación ni asumen los mismos riesgos en un contexto de crisis también. Si su estructura de financiación no es idéntica, más bien resulta claramente asimétrica, es obvio que su exposición a una crisis como la actual, de raíz inmobiliaria y financiera pero extendida a otros sectores, no puede afectarles del mismo modo. Es desde esa perspectiva desde la que la racionalización del sistema de financiación, por un lado, y del sistema competencial que ha de financiarse, por otro, resultan esenciales. Es igualmente desde esa perspectiva desde la que debe valorarse la necesidad de niveles de administración determinados, su coordinación, eficacia y eficiencia no desde el punto de vista de lo que administrativamente se conoce como gasto corriente, ínfimo y claramente deficitario en muchas unidades administrativas, terreno abonado para la demagogia, sino desde la más general, estructural y trascendente de la existencia misma de la institución.

Dicho lo anterior, algo merece la pena apuntar sobre la distribución de la deuda externa del país, nuevamente según datos del Banco de España del tercer trimestre de 2010. El conjunto de administraciones públicas deben 308.036.000.000 euros al exterior, la autoridad monetaria (o sea, el Banco de España) debe 59.477.000.000 euros, otras instituciones financieras monetarias (bancos, cajas, cooperativas de crédito, etc.) 757.808.000.000, otros sectores residentes 454.729.000.000 euros y contamos con una inversión directa de 187.507.000.000 euros. Fácilmente podemos comprobar, pues, que el peso de la deuda exterior pública sobre el conjunto no resulta muy relevante y alcanzaría el 20,79 % sumando el de administraciones públicas y el Banco de España. Cierto es que gran parte de la deuda exterior de las instituciones financieras monetarias se corresponderá con saldo vivo de deuda pública (recuérdese que la exterior tan solo supone el 48 % del total), pero también lo es que nadie obligo a nuestro sistema financiero a prestar a nuestras administraciones públicas y que, cuando prestaron, sin duda lo hicieron a cambio de la correspondiente retribución en forma de interés y asumiendo el riesgo empresarial correspondiente a la expectativa de beneficio que esperaban. A cada uno lo suyo.

Pero lo que parece evidente es que no son las administraciones públicas las responsables exclusivas del endeudamiento exterior del país como ahora parece querer trasladarse a la ciudadanía. Que han existido excesos es innegable, especialmente porque tal concepto es subjetivo y lo que huelga para unos resulta imprescindible para otros. Pero aun asumiendo que objetivamente fuese así, el mayor de los excesos determinante de la asunción de deuda externa o interna no ha estado en el ámbito de lo público, ha estado en el sector inmobiliario ayudado por un enloquecido afán de ganar cuota de mercado de los diferentes operadores del sector financiero. Ni más ni menos. Esa es la explicación del 42,87 % de deuda externa que corresponde a las instituciones financieras, un 42,87 % que no deja de corresponderse sospechosamente cuando se concreta en euros, aunque responda sin duda a una casualidad, con la suma de los 332.000.000.000 euros de deuda pública obtenida del mercado español y los más de 400.000.000.000 euros de créditos vinculado al sector inmobiliario en España, de los cuales según diferentes analistas entre 120.000.000.000 y 180.000.000.000 podrían ser tóxicos, recurriendo a esa denominación tan curiosa que los tiempos nos han dado.
El problema, cómo no, fue un episodio de avaricia colectiva como nunca se había dado en este país. Un episodio que llevó a unos a captar capitales ingentes de los mercados internacionales de dinero que hoy nos lo niegan no se sabe en base a qué ortodoxia financiera que no sea la más pura y dura especulación; que llevó a distribuir dichos capitales en forma de créditos a un sector que como el inmobiliario es más gestor que empresarial, porque opera sin comprometer recursos propios trasladando el crédito concedido a consumidores finales; que alcanzó a los compradores de vivienda, que no la consumían sino que invertían en ella aun cuando fuese un bien no realizable sin quebranto para su vida; que convirtió la vivienda en algo parecido a los activos financieros o bursátiles exponiéndola, como a aquéllos, a los vaivenes de los ciclos económicos y las burbujas.

El problema es que mientras captamos y generamos dinero no hubo problemas. Hoy, desinflada la burbuja, desplomado el valor de los teóricos activos y manifiestamente devaluados los bienes trabados como garantía hipotecario el dinero bursátil se ha esfumado, pero el captado del exterior por las administraciones públicas o las instituciones financieras, dejando al margen al resto de sectores residentes con sus nada despreciables 454.729.000.000, debe devolverse. ¿Y de dónde saldrá? Para empezar parece que forzando que las administraciones públicas dejen de gastar para que puedan devolver lo prestado, primero, por las propias instituciones financieras españolas. Esos 332.000.000.000 euros que las administraciones públicas deben a nuestras entidades de crédito y éstas, a su vez, a otras entidades financieras fundamentalmente francesas y alemanas son los que van a dejar de gastarse en pensiones, vivienda, ferrocarriles, carreteras, sanidad, dependencia y tantas y tantas otras prestaciones y servicios penosamente conquistados. Acaso también, si algunos hacen triunfar sus tesis saldrán de un proceso de involución autonómica que, lejos de afrontar la necesaria concreción del punto de llegada del modelo inaugurado en 1978, tratará de corregirlo a la baja. En suma, acabarán pagando los ciudadanos, directamente o de forma mediata a través de servicios y prestaciones que dejarán de existir.

Afirmar en ese contexto que no existe ideología, que la salida de la crisis sólo es posible por un camino y no por varios es falso. Hay alternativas y no están sólo en lo público, ni en la desregulación. En España tenemos problemas que trascienden de lo público y alcanzan de lleno al sector financiero y al tejido empresarial. Hay múltiples caminos de salida de la crisis, construidos quizá con materiales similares pero con trazados y acabados muy diversos.

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Catedrático de Universidad en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Ha impartido docencia en la Universidad de Zaragoza desde 1992. Autor de numerosas publicaciones y, en particular, de siete monografías sobre contratación pública, derecho urbanístico, de vivienda y Estado autonómico, y coordinador de cuatro volúmenes colectivos, sobre la última reforma bancaria, la corrupción en España, regeneración urbana y contratación pública. Es vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en representación de los órganos de contratación del sector público autonómico aragonés (2017-). Fue Director General de Vivienda y Rehabilitación (2003-2005 y 2009-2011) y Director General de Urbanismo (2005-2007). Actualmente es Secretario General de la Presidencia del Gobierno de Aragón (2015-).

8 Comentarios

  1. Para muchos, quizá la ausencia de Francisco González Benito en la sección de comentarios les ocasione una mayor tranquilidad a sus conciencias y a su racionalidad, pero probablemente a los menos, o más que menos, se le extraña su crítica, cual reflejo de la libertad.

  2. ¿… y dónde está Mario?, yo también me pregunto lo mismo. A mí no me parecen bien las críticas vertidas hacia él hace algunas semanas. ¿Por qué no se censuran ese tipo de críticas?.

    Saludos cordiales.

  3. ¡Aquí! Aunque pareciera que no existo, no obstante los más de veinte ensayos publicados en internet y que pretenden cambiar el modelo de fiscalización; quizá mi participación en los comentarios sea escasa pero no es mi objetivo primordial, aunque sí coadyuvar en los valores de transparencia e inclusión.Por ésto me resulta incongruente que por un lado afirmes, «¿Por qué no se censuraron ese tipo de críticas? Y por el otro, consideres que las críticas hacia Francisco no estuvieron bien, y además que reclames la no publicación de un comentario tuyo en otro blog. En fin, ¿apoyas la censura o la libertad de expresión?

  4. A los POCOS MINUTOS de remitir mi mensaje «Lo mismo digo», advertí que me había equivocado escribiendo «… y dónde está Mario?» en vez de «y… y dónde está Francisco». ¿Por qué no aparece la corrección?

  5. El mensaje con la ‘corrección’ lo envié minutos después del primero, aunque por algún motivo no ha sido publicado hasta hoy. Mi absoluto respeto hacia Francisco González y, por supuesto, hacia Mario A. Gómez.

    Saludos cordiales.

  6. Simplemente quiero agradecer los apoyos a la libertad de expresión o al derecho a disentir, del que nos habló Mario brillantemente, con cita de Jefferson; y decir que dejé de colaborar en este Blog, cuando me fueron censurados un par de comentarios enviados, con respecto a la última entrada de Victor Almonacid.

    Ahora me dedico al ciberactivismo político-animalista, en el foro de noticias del PACMA (único sitio donde por ahora no me han censurado nada de lo que envío).

    Un saludo a todos (amigos, enemigos o dubitativos)

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