Diez años de Destrucción a toda costa…

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Diez años de Destrucción a toda costa...En 2001 inició Greenpeace la publicación de un informe sobre la situación del litoral español. Eran otros tiempos. Todavía gobernaba el Partido Popular y el dorado del ladrillo, la gallina de los huevos de cemento de D. Ramón Martín Mateo, estaba en su apogeo. Se pintaba y pintaba sobre los planos. Todo valía, el golf era un deporte en auge que había que acercar a las masas que, de paso, podrían comprar su casita en las neociudades surgidas de fincas convenientemente recalificadas. Luego llegó Narbona, el impulso al deslinde, el estudio de las costas, su protección, las expropiaciones, el Algarrobico. Luego se fue Narbona. Y la crisis, el dinero en huida, asumió el papel protector que en la primera legislatura de la última etapa de gobierno del PSOE había asumido la ministra.Durante todo ese periodo Greenpeace ha venido publicando sus informes anuales Destrucción a toda costa. No han sido documentos exentos de polémica como la provocada en 2009 por aquél montaje fotográfico que mostraba una Manga del Mar Menor inundada en un futuro próximo y suscitó airadas reacciones públicas y privadas en la Región de Murcia porque devaluaba el producto inmobiliario autóctono. La provocación es, sin duda, una herramienta más en el argumentario de Greenpeace. Incluso aunque resulte verosímil.

El caso es que el informe Destrucción a toda costa 2010, diez años después del primero, dos años después de la explosión de la burbuja, es un auténtico compendio de problemas, de incidentes con implicaciones judiciales, de excesos planificadores, de renuncias. Pero la lectura de los sucesivos informes o de la síntesis del 2010 aporta datos como las más de tres millones de viviendas propuestas en el planeamiento urbanístico de los municipios del litoral, el treinta y cuatro por ciento del primer kilómetro litoral mediterráneo urbanizado en 2005 (cincuenta por ciento en Andalucía), ciento cincuenta urbanizaciones con campo de golf proyectadas o ejecutadas en Andalucía, cuarenta y ocho en la Comunidad Valenciana, cientos de miles de casas sin gente y, al mismo tiempo, gente sin casa… Una dinámica social y económica enloquecida.

El freno lo puso el mercado, “los mercados” diríamos hoy. En 2008 las ventas en zonas costeras cayeron un treinta por ciento de media. Y en 2009 la situación fue todavía peor. La actividad se detuvo en seco y las viviendas quedaron sin comprador. El problema financiero se demoró al futuro. Pero está ahí. El informe 2010 analiza diez años de construcción, diez años de turismo, diez años de corrupción, diez años de infraestructuras portuarias (proyectos para cuarenta y dos mil amarres en 2006 y treinta y ocho mil en 2007) y diez años de contaminación. Y todo, conforme a la sistemática habitual, desglosado luego por Comunidades y Ciudades Autónomas costeras.

Dirán los críticos, prohombres del sector y de alguna que otra Administración pública, que son cosas de ecologistas, de gente extraña y ajena al progreso. Quizá. Quizá haya algunos, acaso muchos, de los que denostan este modelo de crecimiento que se han beneficiado del mismo, que lo han utilizado y que, cómo no, han accedido a la condición de propietarios de primeras y segundas residencias. Quizá. Pero, desde luego, lo que del informe ha de quedar son los datos ciertos, los impactos medibles, los procesos judiciales abiertos, el suelo consumido, el mar devorado, la economía suicida del ladrillo reconocida por el mismísimo Banco de España. Todo esto ha de quedar. Todo esto no debe repetirse porque el coste de revertirlo no lo pagamos nosotros. Y es que esa economía suicida antes que eso es egoísta, hipotecaria. Nos gastamos hoy la naturaleza, el suelo y el dinero que, en justicia, tocaba gasta a otros.

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Doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1997) ocupa plaza de Profesor Titular de Universidad en la misma Universidad y cuenta con acreditación nacional a Catedrático de Universidad (2015). Ha impartido docencia en la Universidad de Zaragoza desde 1992. Autor de numerosas publicaciones y, en particular, de siete monografías sobre contratación pública, derecho urbanístico, de vivienda y Estado autonómico, y coordinador de cuatro volúmenes colectivos, sobre la última reforma bancaria, la corrupción en España, regeneración urbana y contratación pública. Es vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón en representación de los órganos de contratación del sector público autonómico aragonés (2017-). Fue Director General de Vivienda y Rehabilitación (2003-2005 y 2009-2011) y Director General de Urbanismo (2005-2007). Actualmente es Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno de Aragón (2015-).

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