La polémica en torno a las diputaciones provinciales se ha desatado a raíz de unas declaraciones ministeriales acerca de la (in) conveniencia de su mantenimiento en el pasisaje de las Administraciones públicas españolas.Tengo escrito en algunos papeles y dicho en muchos lugares que llevar a las provincias al texto constitucional las ha dotado de una rigidez que debería haber sido sorteada. Más prudente hubiera sido dejar su diseño en la esfera de atribuciones de las Comunidades autónomas aunque bien sé que esto era justamente lo que quería evitarse pues se temía que acabaran siendo engullidas por ellas, deseosas, como Administraciones nuevas que eran a principios de los ochenta, de “asentar sus reales” sobre el territorio, una expresión esta antigua bien apropiada para lo que se quiere decir. Pienso que se podría haber establecido un período transitorio o haber ideado alguna otra fórmula, todo menos dar a las provincias un certificado de vida indefinida y ello por una razón elemental: las estructuras políticas locales pueden y deben ser repensadas a la vista de las circunstancias en las que se desarrolla la convivencia política, las nuevas formas de vida de los ciudadanos, los espacios que tejen los nuevos medios de transporte y comunicación, la prestación de servicios etc.
Ahora bien, sostener estas ideas es algo muy distinto de compartir la tesis precipitada de plantearse el fin de las diputaciones. De una operación tan seria solo se puede hablar si se hace en el marco de una reflexión serena sobre las Administraciones locales en su conjunto, no como una operación de caza que tuviera por objetivo abatir una de sus piezas. Quiero decir, para que se me entienda, que quien no quiere acometer la reforma de nuestro mapa municipal no puede con seriedad hablar de suprimir las provincias y su órgano de gobierno, las diputaciones. En España sobran muchos municipios y no es que sean caros, es que sencillamente no sirven para su función de prestar adecuadamente los servicios que los ciudadanos justamente demandan. Muchos países europeos han disminuido drásticamente el número de sus municipios y solo beneficios han obtenido de ellos. El ejemplo más interesante -una vez más- es el de Alemania: la vieja Alemania federal estableció la regla de un mínimo de cinco mil habitantes, experiencia que se ha reiterado cuando se produjo la reunificación en los años noventa. Fue una operación política de gran calado que exigió básicamente el acuerdo de las fuerzas políticas y una gran paciencia. El Tribunal Constitucional federal y los de los Länder desestimaron todas las demandas que se interpusieron contra esta reorganización y afirmó sin ambages que la garantía institucional de la autonomía local no se veía afectada por ella.
En nuestro país nos resistimos, suenan voces airadas cuando tal asunto salta a la discusión pública y, una y otra vez, se sepulta en las gavetas de los despachos políticos como el ventrílocuo mete en el baúl al muñeco que se le rebela. Pero la realidad es terca y por una vía u otra se impondrá coger el bisturí y operar. Esta es una responsabilidad de las Comunidades autónomas que, en lugar de escribir leyes de régimen local, todas iguales a sí mismas e iguales a su vez a la básica del Estado, podrían enfrentarse a este problema con resolución política y rigor jurídico.
Solo entonces podría hablarse de suprimir unas diputaciones que -como se sabe- prestan un servicio relevante a esos miles de pequeños municipios fantasmales que existen en nuestros territorios.
Resumen: si hablamos de suprimir las diputaciones, entonces hablamos de todo lo referente a la planta de nuestras Administraciones locales. En ese caso, y así como de pasada, se me ocurre ¿por qué no empezar por las Diputaciones forales?
Creo que es bastante acertado su comentario.
La Comunidades Autónomas vinieron incluirse en la administración ya existente. Y como si solo se tratase de sácate tu para ponerme yo, no nos planteamos los servicios que cada administración esta proveyendo a los ciudadanos. Así hemos llegado a un galimatías en donde el ciudadano está cada vez mas desasistido, se le complican mas las cosas, se incrementa el gastos público y nos quedamos a la espera de la nueva moda. Las normas básicas de gestión nos dirían que un buen proveedor es mejor que varios mal avenidos. Nadie tiene que desaparecer si es útil al ciudadano. Si no, para qué mantenerlo
Hola muy buenas,
Me gustaría aportar, a este artículo tan interesante de Sosa Wagner, que las Diputaciones, a mi entender, han perdido toda su razón de ser, en un primer momento desde entrada de las Administraciones comunitarias, y ahora por la cada vez mayor vigorosidad de las posibilidades que muchos instrumentos asociativos ofrecen a las entidades locales, tales como las Mancomunidades, para garantizar mediante la asociación de las mismas, la prestación de los servicios obligatorios, sin necesidad de la asistencia de las Diputaciones. No obstante, en esos entes asociativos, volviendo al caso de la Mancomunidad, no estaría de más que se permitiera la entrada de ostras Administraciones territoriales, ya sea la estatal o la comunitaria, aspecto que sí es posible en los consorcios.
Estos instrumentos asociativos son sin duda la mejor opción para que los Municipios puedan garantizar la prestación de los sercios mínimos, participando en ellos los que por sí solos se vean incapacitados, ya que son más que conocidas la bondades de los llamados costes en escala. Esos entes asociativos también puden ofrecer la asistencia que demanden sus socios, sosteniendo servicios que de otro modo serían insostenibles. Por otro lado, se garantiza la plena vigencia de la autonomía local, dado que son los propios municipios, sin ingerencias externas, los que buscan sus propias soluciones a los problemas que les acucian por su incapacidad a garantizar determinados servicios por sí mismos.
Por otro parte, con los entes asociativos se puede establecer un primer paso a la integración de los municipios que formen parte del mismo, y que de algún modo ayude a asumir a los dirigentes políticos de los mismos tal circustancia, ya que formando estos entes, como es bien sabido, el municipio no pierde su autonomía. Buscándo un simil, sería algo parecido a las fusiones frías que están marcando en estos momentos la integración de las cajas de ahorro, donde se sabe que hay que integrarse, pero esa fusión es un primer paso, para que lo politicos que las controlan tengan margen para asumir el desvanecimiento de sus cotos de poder; las cajas en la fusión fria sigen siendo autónomas, a pesar de estar dentro de ese ente asociativo.
No obstante, tampoco hay por qué integrarse, sólo hay que redefinir los fines de los entes asociativos, dando lugar por ejemplo a innovaciones tan importantes como por ejemplo el sostenimiento de un cuerpo de policía municipal, que como su propio nombre indica, hasta la presente sólo los municipios pueden contar con uno. Un ejemplo muy significativo, es la creciente creación de consorcios para el sostenimientos del servicio de extinción de incendios.
La Diputaciones creo que están caducas, y que sólo sirven para sobredimensionar la burocracia, y albergar a todos los dinosaurios políticos del mundo local, es decir, políticos que agotan su últimos días en la vida pública en esas instituciones. Un claro ejemplo de dinosaurio político es Salvador Pendón, presidente de la Diputación de Málaga.
Gracias.