Dominación y Política: ¿Y Dónde Quedan los Habilitados Estatales?

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Dominación y Política: ¿Y Dónde Quedan los Habilitados Estatales?Últimamente se debaten en este blog las funciones (y responsabilidades) de los habilitados estatales en las Corporaciones Locales. Varios colaboradores han aportado reflexiones, y puntos de vista, muy valiosas en este tema. Para LAVELA PÉREZ (“Los Funcionarios de Habilitación Estatal, Verdaderos Consejeros de los Gobiernos Locales”)  el poder político no debe ver en los habilitados estatales sino “leales colaboradores, consejeros de lo jurídico y de lo humano, amantes del servicio público, entendido éste en su más noble y amplio sentido (…)”. SANTOS OÑATE (“¡Si vienen los asesores, que vengan!”) ofrece una visión no tan idealista, y con un ejemplo reciente nos sitúa pronto ante una realidad más dura; como señala este autor, “El problema es que los Tribunales no son tan bien intencionados ni interpretan nuestras funciones de un modo tan idílico. Sin ir más lejos, y por poner un ejemplo, según una noticia aparecida en la prensa, el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales (Cantabria) ha apreciado "indicios racionales" de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de una obra pública (…). Tres de los imputados son el secretario municipal, el secretario accidental el día que se adjudicaron las obras y también el interventor, ya que el juez considera que han podido incurrir en un delito de prevaricación por omisión, por no tomar medidas frente a la actuación de la Junta de Gobierno”. Y ALMONACID LAMELAS, en su contestación a este último comentario (en su expresivo “Asesores sí, ninguneo no”), indica que “(…) los habilitados no debemos convertirnos en consejeros espirituales de lo humano y de lo divino de nuestros políticos es algo con lo que no sólo estoy de acuerdo, sino que ya adelanté en "Asesoramiento legal y asesoramiento moral". A dicho comentario me remito. En efecto, "solo" somos Secretarios e Interventores, ni más ni por supuesto menos.   Asimismo, que no debemos ser ni convertirnos en los abanderados del reparo no ofrece ninguna duda, ni nadie la plantea. A estas alturas creo que todos tenemos claro cómo hay que trabajar. El Ayuntamiento es nuestro amigo (porque, entre otras cosas, nos paga la nómina), y la Ley es nuestro espejo. Resulta factible conciliar ambos patrones, y en ello consiste nuestro trabajo”.

Todas estas líneas pueden llevarnos a plantear cuestiones muy interesantes que entroncan con la filosofía política, el Estado de Derecho, y los sistemas de control del poder. Centrándonos en nuestro sistema local, es obvio el poder de dominación que ejercen los políticos (y los partidos políticos) sobre una amplia masa de dominados, en una versión más refinada (y maquillada) de la dialéctica dominantes-dominados que nunca nos ha abandonado. La democracia precisamente opta por introducir unos sistemas de control del poder político, que tratan de corregir las naturales desviaciones en las que el poder se dirige hacia al absolutismo. Al margen de otras vías fiscalizadoras, resaltemos dos: el ya tradicional control administrativo interno en la Administración municipal, y un fundamental control judicial externo. Del control interno se ocupan unos funcionarios cualificados, y que hasta hace muy poco seleccionaba en exclusiva una Administración bien lejana, el Estado. Se trata de los Secretarios-Interventores, Secretarios e Interventores de Administración Local, o habilitados estatales. Sin embargo, a este funcionariado se le ha ido destruyendo con fingida paciencia. No olvidemos que, antes de la Constitución, el Secretario ostentaba la “advertencia de ilegalidad”, que llegaba a funcionar a modo de veto de aquellas decisiones municipales que no se ajustaban a ley. Sin embargo, en la actualidad no se ostentan, y sus funciones se han ido disminuyendo de modo progresivo, hasta reducirse hoy a la fe pública y al asesoramiento legal preceptivo (en una serie de supuestos muy determinados y cualificados). Ello contrasta con la realidad de muchos Ayuntamientos, la gran mayoría, que sólo cuentan con el Secretario-Interventor o Secretario como funcionario especializado en el ámbito jurídico, y cuyas funciones son mucho más amplias en la práctica que las escuetas que proclama hoy el EBEP (Ley 7/2007, de 12 de abril). Es decir, por un lado, se le pretende limitar en sus funciones, pero en la práctica interviene, de un modo u otro, en la mayor parte de asuntos sometidos a los órganos decisorios locales, a la vez que se le despoja de la “advertencia de ilegalidad”, y los órganos judiciales le exigen en ocasiones responsabilidades de tipo omisivo. La inseguridad en la que nos movemos es así tremenda. Inseguridad que es intencionada. Lo mismo cabe predicar de los Interventores, donde se les limita su control de legalidad ex ante en la legislación de haciendas locales, como sabemos. Los habilitados estatales han sido despojados de instrumentos de control por el poder político (al que debe controlar, según la teoría) que es quien hace y deshace las leyes, aunque luego se les reclama responsabilidad, en determinados casos, por omitir intervenir cuando no está tan claro que debieran intervenir. La dependencia económica es también un factor importante que contribuye a doblegar voluntades. Señala ALMONACID LAMELAS que “El Ayuntamiento es nuestro amigo (porque, entre otras cosas, nos paga la nómina)…”. El procedimiento de libre designación para los puestos más golosos ayuda aún más al poder a seleccionar y marginar a su antojo. Y al funcionariado de habilitación estatal, que debe regirse por los principios de mérito y capacidad, como el resto de la función pública según nuestro texto constitucional, se le hace entrar en peligrosos juegos. ¿Consideran que éste es un sistema adecuado de control (interno)?

Nos resta el control externo judicial, al que aludíamos. Su desmontaje no es tan intenso, pero su eficacia es obviamente muy limitada. Por un lado, la justicia rogada requiere que alguien, legitimado para ello (reducción del círculo subjetivo), inicie una batalla contra la decisión administrativa que considera injusta, para lo cual requiere dinero, y además mucha paciencia, porque la lentitud de la justicia es bien conocida, debido a carencias insoportables en la infraestructura judicial. Cuando la resolución judicial llega, en muchas ocasiones, y de modo lamentable, el interés violado es ya irreparable. El desorden en general de los sistemas fiscalizadores parece ser buscado, y el más interesado en la ineficacia de los controles es, obviamente, quien debiera ser controlado.

Hay que reconocer que las cosas son mucho más complicadas en la realidad, y, personalmente, no comparto visiones idílicas, ni tampoco simplistas de todo lo que aquí se debate. El poder, los dominados, y la clase especial de los dominados-controladores, interactúan entre sí (hablamos, al fin, de personas, que no actúan conforme a esquemas racionales de modo continuo, siendo los componentes irracionales decisivos en muchos casos), con lo que las reglas van cambiando, a modo de una realidad orgánica compleja que no es inmutable. En cualquier caso, las debilidades de los sistemas de control que nos han sido dados, y que conocemos, es un hecho que no se puede soslayar sin más, y que debieran, tal vez, conducirnos a repensar el modelo de sistema que queremos alcanzar y los fines a los que queremos llegar como sociedad.

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Rodrigo J. Ortega Montoro es Funcionario con Habilitación de Carácter Estatal, perteneciente a las subescalas de Secretaría-Intervención, y Secretaría (categoría de Entrada). Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Granada. En la actualidad, es Secretario del Ayuntamiento de Bailén (Jaén).

12 Comentarios

  1. Simplmente eso, nos dejamos. Los habilitados nacionales se dejan avasallar, salvándose quien se salve. Desde hace tiempo observo en este foro las buenas intenciones, lás extraordinarias recomendaciones, las exposiciones sibilinas, buenistas, supuestamente candorosas…la mayor parte de las veces pergueñadas de lamentos, suspiros por el pasado y autoflagelación, dando salida a las atrocidades cometidas por los políticos y los funcionarios de carrera o sin ella que pululan en los Ayuntamiento y que no saben ni tienen idéa de hacer la «O» con un canuto. Hay cosas que están establecidas por principio de actuación. Primera, la inmensa mayoría de los políticos no tiene idea, ni siquiera cercana, de administración, ni de legislación, ni contabilidad, ni fiscalización ni fiscalidad, ni de financiación ni de nada de nada…simplemente son unos analfabetos estructurales. Eso es aplicable, y me quedo corto, al 90% de nuetros ediles. Sin embargo parece que en este foro solo se llora dewsconsoladamente ante la situación, pero aún no he leido una propuesta coherente para acabar con este estado de cosas que ván «in crescendo» y que finalmente, si no lo remediamos nosotros, nadie vendrá a salvarnos y la profesión pasará al olvido como paáron otras en la Adminsitración, aquellas por consunción y ésta nuestra por dejación de los más obligados a su mantenimiento y prevalencia que somos nosotros.
    Yo, con toda humildad si tengo una propuesta: la creación de un Sindicato Profesional, donde solo se encuadren, obviamente las sub-escalas propias -nada de colegios que no sirven para pajotera la cosa-. Este sindicato lo primero que debe hacer es convocar una huelga a nivel nacional -obvio que enseguida saldran delegaciones del mismo para autonomizarse según la Autonomía correspondiente, de eso nada, somos pocos y ya esamos suficientemente divididos. Ya se sabe el dicho «divide y v encerás». El Sindicato propuesto debe serlo a nivel nacional, sin sucursalismos ni gaitas, y al que no le gusto que no pertezca, no es obligatorio. Sin embargo ese Sindicato, lo primero que debe proponer es una Huelga indefinida entretanto no se solucionen las parcelas mas candentes de nuestra profesión. Tiempo habrá de manifesarlas y explicarla, y ahí quedarán los Municipios sumidos en el caos hasta que no volvamos a retomar nuestras potestades. El Sindicato deberá imponerse al Ministerio, para que la Admón Central vuelva a retomar las competencias insanamente cedidas por el ministro de turno a las Autonomías y que ya en una primera convocatoria rozan el delito y conculcan derechos fundamentales. ¿Que no será en las próximas?. Que se establezca un estatuto especial, con poderes sólidos para los H.N. -me resisto a eso de estatales-….y dispongo de más propuestas…pero por ahora dejo esas sobre la mesa. Pensad, pero no demasiado, que de tanto pensar hemos construido este foro y algunos otros, que, y lamento decirlo, sirven para poco.

    Con todo el cariño

  2. yo esyoy de acuerdo, una huelga a tiempo… supongo que los que juegan en primera división les sonará a chiste pero los que estamos en 2º B y vemos lo que vemos todos los días con la exigencia profesional que va en aumento. Un toque de atención no vendría mal. Ya no digo una huelga indefinida pero una huelga de celo, es decir, no cumplir más que nuestras funciones, ni una más.

  3. Me parece bien lo que comentaís de un Sindicato a nivel nacional que apoye nuestros derechos. Debería pagarnos el Estado con retribuciones prefijadas y conocidas establecidas según tramo de población del Municipio u otro criterio, iguales para todos. Que me decís del asunto que para poder concursar a algunas Comunidades deba conocerse el idioma de la Comunidad y que se establezca como requisito y no como mérito¿

  4. No he leído la noticia de prensa en que se basa Rodrigo, ni mucho menos el auto, pero lo que se desprende es muy peligroso. Fijaos que el secretario e interventor están procesados no por informar mal (o no informar), sino porque a posteriori no armaron una guerra ante el informe (o ausencia de) con que el secretario accidental llevó la adjudicación, estando ellos de vacaciones. Salvo que fuera un acto administrativo, por decirlo así, «pornográfico», y aún en ese caso, no me imagino a ningún secretario de España revisando las actas de la Junta de Gobierno de los días en que él no estaba, a ver si hay algo y en ese caso denunciarlo al Juzgado de lo Penal.
    Además, la imputación, supongo, será por no cumplir la obligación de todo funcionario público de anunciar al Juzgado la comisión de un delito cuando lo conozca (LECRIM), y partiendo de la base de que lo conozca, ya que el expediente no lo ha informado él, porque por no cumplir las «funciones» de secretario estando de vacaciones sería bastante discutible.
    Este pais es en estas cosas como la lluvia en Valencia:no llueve en meses, pero cuando llueve puedes echarte a temblar.

  5. secretario – Interventor no integrado

    Estaré deacuerdo contigo el dia que un piso valga lo mismo en Extremadura que en Madrid, el Pan valga lo mismo en Andalucia que en el Pais Vasco. Eso de la igualdad en los ingresos es la mayor injusticia frente a un mercado que no nos trata por igual.

    integracion
    ¿Sabes que estamos para servir a los ciudadanos? Es imposible servir a un pueblo sin conocer su lengua. El día que desee trabajar en Cataluña primero aprenderé catalán.

  6. Me ha parecido interesante la propuesta de un Sindicato profesional unitario para los habilitados, siempre que no acabe convertido también en lo que han sido y son los colegios de habilitados, esto es: un apéndice del poder político, para mantener a los profesionales dentro del redil de la corrupción, divididos y alejados de los mandatos constitucionales, practicando y administrando toda una serie de componendas, enjuagues y corruptelas de las que hemos podido ser testigos los que hemos pertenecido alguna vez a algún Colegio profesional de habilitados. También es una propuesta interesante la referida a la huelga general, pero se trata de un arma que no se debe utilizar de buenas a primeras porque sí. Desde luego los habilitados nacionales tienen motivos justificados para ello, pero hay que ser capaces de exponerlos y motivarlos adecuadamente con la Constitución en la mano. Cuando la validez y la legitimidad de los argumentos sean incontestables de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico, se le han de poner sobre la mesa al Gobierno las propuestas correspondientes, con el mayor respaldo posible que se pueda conseguir por parte de la Sociedad. A partir de ese momento y ante una negativa, se debe plantear una Huelga General preferentemente el día que se vayan a celebrar elecciones generales, o en su defecto municipales.

  7. Es posible servir a un pueblo sin conocer su lengua, que se lo pregunten a los que han prestado ayuda humanitaria en zonas de guerra o catátrofe en Africa o Asia, por ejemplo. La lengua de cualquier región española es el español, en primer lugar, por ser la conocida y hablada por todos los españoles y por el mayor numero de extranjeros que conviven con nosotros, sin perjuicio de que haya otras particulares en ciertas zonas que habla una minoría y cuyo conocimiento no se puede imponer en ningún caso, porque ello vulnera el derecho fundamental a la libertad del artículo 17.1 de la Constitución y el derecho constitucional a usar el castellano, previsto en el artículo 3.1 de la Norma Fundamental del Estado. Hoy día ya podemos conocer el lado oculto y perverso de las políticas lingüísticas desarrolladas en España que se suelen presentar como inocuas, pero tienen por objetivo y como resultado el siguiente: arrasar el concepto de ciudadanía y demoler el Estado de Derecho con todos sus principios y con todas las libertades reconocidas a las personas humanas con independencia de sus circunstancias individuales. Esta es la peor forma de servir a los ciudadanos, por parte de una Administración Pública que debe actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, Sr. Euskalduntxo.

  8. 1ª)La supresión total de la «libre designación» para todos los puestos de la Administración Pública que no sean políticos y nadie podrá defender seriamente que los puestos de habilitación estatal son cargos políticos, a la vista de las funciones que tienen asignadasa en la Ley.
    También se deben erradicar las comisiones de servicios que duran más de 2 años, los eternos interinos y otras anormalidades por el estilo que se ven dentro de la Administración Pública de este país, donde abundan los funcionarios que no son tales, sino clientela política en realidad, y los políticos que se han hecho funcionarios, usurpando las funciones de estos últimos y haciendo dejación de su tarea de gobernar, cuando generalmente no están preparados, ni para una cosa ni para otra.

    2ª) Si somos habilitados estatales que nos retribuya el Estado sobre la base de criterios objetivos: Población del Municipio, Presupuesto Municipal, competencias asumidas por el Municipio, grado personal, etc. Yo prefiero ganar menos, pero que ningún cacique local se pueda permitir el lujo de jugar con mis retribuciones (complemento especifico, productividad, etc.) para corromperme, domesticarme y que no cumpla mis obligaciones legales.

  9. ¿Que tal una recogida de firmas «On line» para comenzar?

    ¿O no prosperaría porque hay demasiados «funcionarios» comprados/vendidos o que aspiran a venderse?

  10. Observo que la propuesta que en su momento hice tiene adhesiones. Cada uno ha expuesto situaciones realistas, pero del conjunto de las mismas se deduce la precariedad con que trabajamos, precariedad legal, precariedad de defensa, precariedad salarial….y las que se quieran añadir. Cada uno que ponga las suyas porque son tantas que no caben en este espacio. Pero una cosa es indudable, los Colegios no sirven para nada, solo un Sidicato Profesional con unos estatutos adecuados y con compañeros que actuen fueran de bases ideológicas sino simplemente profesionales y en defensa de la legitimidad y la justicia, no digo legalidad, nos llevaría a recuperar lo que antaño fué la profesión. Tenemos un ejemplo extradinariamente positivo, los Sindicatos Profesionales de Controladores Aéreos o de Pilotos….¿quien se atreve con ellos?, no el Gobierno, no la Administración, no las compañías aéreas….ese sería el ejemplo a seguir, nada de sindicatos de clase idelógicos, pegados a la mama de las retribuciones en especie o en efectivo, amansados unos por el Gobierno otros por la Patronal, sino uno Profesional fuerte, bien esructurado y con ánimo de meterle mano a Dios bendito si se tercia.
    Alguna aportación habla de preparar una bateria de pretensiones dentro de la legalidad, etc. etc….todo es bienvenido, sin duda, pero ¿no se saltan la legalidad por el vértice todos los días? de que nos serviría entonces eso. La legalidad ya la defendemos nosotros todos los días. Se nos supone eso, excepto aquellos compañeros amansados como cabestros para comer cebada en vez de paja en el pesebre. Esos, ni ahora ni nunca se sumarían, pero ¿que importa?, tampoco se han sumado nunca los encargados fabriles a las huelgas de obreros. Ellos son encargados, yo soy un obrero y no deseo jubilarme sin haber procurado luchar por una profesión que amo y a la que he dedicado tanto esfuerzo. Doce años llevo como Presidente de mi comunidad de vecinos, nadie sabe a que me dedico, pero cada año me eligen y simplemente porque trato a todos con justiia y les ahorro montones de dinero cada año. Diez años pasé sin subir cuotas y con superavit cada año, eso si, cuando entré ni los locales ni los garajes pagaban cuota, despues de un procedimiento de subasta a un descarriado, todos pagan religiosamente sin fallar un mes, y jamás he pedido una derrama. Otra cosa, somos 8 vecinos, 6 locales y un garaje. Creo que la parábola es adecuada.
    Vá siendo hora de poner en marcha este asunto, poner hilo a la aguja y el que desee sumarse que lo haga, pero la cercenación de nuestra profesión por parte de quienes más deberían estar preocupados por su triunfo y florecimento no deja lugar a dudas.
    Un saludo a todos

  11. No creo que Castro Uridales pueda ser puesto como ejemplo de gestión publica. Llevamos sufriendo décadas de prepotencia, chulería, y desprecio por parte de ciertos funcionarios, con la complicidad de una piara de políticos inútiles y trincones.

    No conozco el caso concreto, pero en castro están instruidos decenas de casos penales que si no sales adelante es por la inutilidad mas o menos cómplice de un juez inútil incapaz de finalizar un solo sumario en años.

    Personalmente he denunciado ante la Fiscalia de Cantabria la actuación de la Secretaria del Ayuntamiento entre otros en el consentimiento de toda una serie de ilegalidades e irregularidades en relación a la actuación de dos empresas privadas con animo de mucho lucro que trabajan para el Ayuntamiento, Setex y CGI.

    No solo no ha denunciado los hechos de los que es plenamente consciente sino que se los ha ocultado al Alcalde y ha seguido dándole a firmar decretos de incoación de multas a sabiendas de la inexistencia de denuncias y ratificaciones. Su única labor ha sido intentar excusar las ilegalidades con razones delirantes para intentar derivar toda queja al Contencioso administrativo.

    Harto de la actitud de absoluto desprecio a la ley, finalmente este septiembre facilité un extenso Dossier (mas de 130 paginas) al alcalde relatando las numerosas ilegalidades e irregularidades descubiertas en el ultimo año a pesar de la total falta de colaboración de esa indigna habilitada nacional

    Su ultima hazaña es informar positivamente la renovación del contrato que gestiona el aparcamiento (Setex) a pesar de los incumplimientos de la Ley, la Jurispurdencia, la Ordenanza, y hasta el propio contrato, que sin embargo oculta o justifica. eso es lo que quería el alcalde y eso ha hecho, garantizadose que este no tome medidas disciplinarias por sus ilegalidades (mal de muchos…)

    Mientras tanto se niega a que se revisen y anulen las sanciones ilegales (tal y como puso de manifiesto otra habilitada nacional, la Tesorera), y dice que los que no estén descuerdo que vaya a la vía contencioso administrativa. Así la empresa que gestiona el departamento de genios de multas (sin control de funcionario alguno) no tenga que devolver el dinero cobrado por su nefasta actuación.

    Si duda de lo que digo ahí tiene mi correo electronico y gustoso le mandaré en PDF el dossier que como ciudadano, he tenido que realizar ante la mas que culposa inacción de la «Habilitada Nacional»

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