Las gentes de leyes tenemos fama de ponerlo todo en cuestión y censurar de forma sistemática e inmisericorde todo cambio normativo que asome la pata por el Boletín de turno. Y es en buena parte cierto; y justo y necesario porque la crítica, con base ética o jurídica, es imprescindible para que la sociedad progrese en sus valores. Lo expresó muy bien John Stuart Mill: “las leyes no se mejorarían nunca si no existieran numerosas personas cuyos sentimientos morales son mejores que las leyes existentes”. Y el jurista debe aportar lo mejor de su conocimiento y su experiencia para que el Estado de Derecho avance y la Justicia diligente vaya imponiéndose sobre el atropello y la incuria a los que tanto tendemos aún los humanos.
Cuando, además, los leguleyos somos funcionarios y sentimos el aliento, no siempre fresco y límpido, del poder público en el cogote, la hipersensibilidad hacia toda variación reguladora se vuelve tangible y hasta toma relieve y color. Repito que tal actitud es procedente e, incluso, conveniente para nuestros conciudadanos, inermes jurídicamente ante las actitudes autocráticas o ante el rodillo de las mayorías absolutas.
Pero también hay que hacer gala del manejo de principios elementales. Tomar distancia de las cuestiones a examinar, abordándolas con sosiego y frialdad; oyendo las opiniones de otros al respecto y juzgando con mesura y proporción. Y en la idea de que, en la jungla de los que mandan, siempre habrá algún justo, como en el episodio de Sodoma.
Digo todo esto porque los últimos gobiernos sí han acertado en materia de tráfico vial. Tanto en la elección de responsables como en la mayoría de las medidas adoptadas. La disminución de muertes en las carreteras con el carnet por puntos, desde el 1 de julio de 2006 en que entró en vigor, es algo incuestionable. El nuevo Ejecutivo central, al relevar al anterior director general, también buscó a una persona de reconocido prestigio y conocimiento de la materia; algo no muy frecuente, por desgracia.
Pero, entre las ideas y globos-sonda que la DGT suele airear como algo característico de la casa, la directora, que hace un mes ya anunció el endurecimiento del examen teórico para la obtención del carnet, pasando de las 800 preguntas posibles actuales a más de 15.000, ahora nos dice que es aconsejable imponer una prueba teórica para aquellas personas que tengan que renovar el permiso de conducir.
Hasta la fecha, como es sabido, para evitar la caducidad de la autorización sólo se viene requiriendo superar unas pruebas, ciertamente benévolas, de capacitación psicofísica. La titular de la DGT entiende, quizá a la vista de algunas barbaridades que siguen detectándose entre los conductores, que esto resulta insuficiente y que es completamente legítimo cuestionar la formación y conocimientos sobre señalización de quienes, al cabo de unos años, renuevan el carnet. No sólo por la fragilidad de la memoria sino porque, según este alto cargo, poco tienen que ver el entorno vial y los coches respecto al momento en el que un conductor obtuvo el permiso. Cuestión que merece ser jurídicamente puntualizada ya que, en función de la edad, no se renueva el permiso con la misma periodicidad con lo que los cambios pueden ser mayores o menores.
Tampoco aclaró la directora qué sucedería con las personas que no pasen el examen; si va a haber muchas convocatorias, si las tasas se incrementarán, si en el ínterin el examinando no podrá tomar el volante… Y al final, dicho sea con el mayor respeto, cantó la gallina: la responsable de la Administración reconoció que reexaminar a todo el mundo es una buena oportunidad para las autoescuelas que han visto disminuida la cuota de alumnos cada año. Pues sí. Y las escuelas de idiomas. Y de danza. Y los gimnasios. Y las academias privadas de estudios. Pero a todos esos centros docentes –pequeñas empresas muchas veces- no las ayuda nadie en medio de la crisis.
Comprendo que algunas señales han cambiado –muy pocas, realmente-; que aunque la DGT envía ejemplarmente las modificaciones a los domicilios y las cuelga en la Web, hay gente que no las mira; que, cuando conducimos, observamos –véase las glorietas- que no son pocos los que pasan olímpicamente de aprender las novedades, aunque ya lleven muchos años en vigor y que, como antes señalé, hay cuestiones olvidadizas. Pero de ahí a hacernos pasar obligatoriamente por la autoescuela, como a los dieciocho años, para salvar al sector, media un abismo. Mejor, si quieren alcanzar ese fin, subvencionaban a estos centros para impartir cursillos voluntarios y gratuitos a todos los que quisieran ponerse al día. Pero no: que lo pague el conductor, ya atesore 15 puntos o ninguno, que de paso, al hacer cola en taquilla, también abonará alguna tasa más.
En suma, que aunque haya motivos para buscar la mejora en el conocimiento de las reglas de circulación, la desproporción parece manifiesta y el loable fin de levantar un sector empresarial-formativo se confunde con otras cosas en una suerte de desviación de poder de libro.
A saber en qué queda la cosa. Leyendo comentarios digitales a la noticia, al lado de algún despropósito, tan propio del desahogo anónimo en la red, me encontré con varios comentarios gracioso y certeros como el que decía que cuándo iban a examinar a los políticos antes de ocupar o renovar un cargo. Con ejemplos de iletrados, incluso analfabetos funcionales, que han llegado a ocupar altas magistraturas. Pero a esos les basta con otro tipo de carnets que no se renuevan, aunque a veces se cambien por el tenedor a la par que la chaqueta.
